La respuesta a la crisis

César Ferrari

Publicado en La República de Bogota, 29-4-2009

Bogotá. La razón primó: se reconoció la gravedad de la crisis económica mundial, su transmisión a la economía nacional por menores ingresos externos, US$10 mil millones según el Ministro de Hacienda, y la consecuente recesión durante 2009.

Previendo mayores dificultades, el Ministro ha anunciado la solicitud al FMI de un crédito de US$10.4 mil millones, siguiendo el camino de México, Polonia y Costa Rica en graves dificultades. Parece también existir consenso en 1) continuar reduciendo la tasa de interés del Banco de la República, y 2) poner en marcha un programa de estímulo fiscal que sustituya esos menores ingresos externos, para evitar una recesión mucho más profunda.

Sin embargo, no se ha dicho que una expansión monetaria y fiscal, aún oportuna y eficiente, que se dé en un contexto de productores poco competitivos, no generará ni empleo ni ingresos nacionales. Dicha expansión se resolverá, principalmente, con importaciones porque las industrias nacionales no pueden competir satisfactoriamente con la producción internacional. Más aún, dadas las limitaciones de financiamiento externo, tal expansión de importaciones terminaría agudizando el déficit externo que se resolvería con más recesión y/o devaluación.

En este contexto, la condición necesaria para minimizar la crisis y posteriormente recuperar el crecimiento a partir de estímulos fiscales y monetarios escontar con producción nacional “competitiva” internacionalmente. Esa competitividad tiene que ver, principalmente, con tasas de interés y tipos de cambio competitivos.

Para los productores colombianos no es fácil ser competitivos pagando, según el FMI, tasas de interés promedio de 17.7% (diciembre 2008), mientras las inflaciones son aún reducidas y la tasa mundial de interés es de 4-5%. Con tasas tan elevadas, los costos financieros de las empresas son consecuentemente altos.

Tampoco es posible competir internacionalmente cuando el principal competidor, China, tiene una ventaja en tasa de cambio de 36.3 puntos porcentuales (enero 2009), según el Índice Big Mac de The Economist. Tiene que ver poco con salarios e impuestos para-fiscales; de hecho los salarios netos y brutos en Bogotá son menores que en ciudades chinas similares.

Por tal razón, no puede postergarse una regulación que haga competitivos los mercados financieros. Sus elevadas tasas de interés son, en gran medida, consecuencia de prácticas no competitivas, como opacidad de tasas y fidelizaciones forzosas.

Ciertamente, son también elevadas por una política monetaria excesivamente contractiva cuyo único objetivo es controlar la inflación. Los medios de pago (M3) son tan reducidos con relación al PIB, que la gente tiene pocos fondos para depositarlos y, por ello, los bancos cuentan con pocos recursos para otorgar
créditos. Como consecuencia, las tasas son elevadas y la relación crédito-PIB baja.

La crisis puede tener también un efecto positivo. La devaluación reestructura los precios a favor de la competitividad. Si resulta relativamente mayor que las asiáticas, aumentará la competitividad de los bienes y servicios transables, particularmente manufacturas. Con ello crecerían la producción y el empleo y mejoraría la distribución del ingreso dado que dichos sectores son generalmente intensivos en mano de obra.

Es decir, se necesitan políticas monetaria, fiscal y de regulación que generen competitividad, induciendo tasas de interés reducidas y tasa de cambio competitiva. Deben también desarrollar infraestructura económica adecuada y contribuir tributariamente a redistribuir ingreso.

Sólo así será posible un crecimiento elevado, estable y sostenido,baja inflación y equidad.

El fin de un autócrata. Para que no se repita

César Ferrari, Ph.d.

Publicado en Razón Pública, editado en Bogotá, el 20/04/2009

El Perú de Fujimori, o una historia de lucha contra el terrorismo, buen crecimiento de la economía y dos reelecciones sucesivas que acabaron muy mal.

Una larga cadena de crímenes

Alberto Fujimori Fujimori, Presidente del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 19 de noviembre de 2000, acaba de ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Un Tribunal especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú lo encontró responsable, como autor intelectual, de asesinatos con alevosía, secuestros agravados y lesiones personales.

Esos hechos corresponden a dos matanzas perpetradas por el Grupo Colina, un comando conjunto del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano y del Servicio de Inteligencia Nacional. La primera fue una matanza de pobladores inocentes que se encontraban en una fiesta; la otra fue de estudiantes inocentes de la Universidad La Cantuta. Los secuestros fueron el de un periodista y el de un empresario.

No fue la primera condena de Fujimori, ni fueron esos sus únicos crímenes. La Corte Suprema ya lo había sentenciado a 6 años de cárcel por “usurpación de funciones y allanamiento ilegal“: casi al final de su mandato, Fujimori había obligado a uno de sus edecanes a actuar como fiscal en su búsqueda infructuosa de Vladimiro Montesinos. Montesinos, quien fuera su mano derecha en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) está igualmente sentenciado y purga condena por varias decenas de años por crímenes relacionados con su gestión en apoyo a Fujimori.

Tampoco será la última condena. En estos días se inicia un juicio por “malversación de fondos públicos” por 15 millones de dólares que sirvieron para “indemnizar” ilegalmente a Montesinos, por sus casi diez años de servicio a Fujimori. El “retiro” de Montesinos se produjo poco antes de su huida a Panamá, cuando el régimen estaba por colapsar. El Ministro y el Viceministro de Hacienda de la época ya fueron condenados a varios años de cárcel por esta malversación.

Le seguirán otros juicios y, seguramente, otras sentencias por “cohecho“, “corrupción de funcionarios“ y “malversación de fondos públicos“. Las evidencias sobre estos delitos se encuentran nada menos que en los famosos “vladivideos“, las grabaciones secretas que hacía Montesinos para mostrarle a su jefe que los correspondientes políticos, militares, funcionarios y empresarios -la crema y nata de la sociedad gobernante - habían sido convenientemente “convencidos” y quedaban a disposición del régimen. Casi todos los receptores de tales cohechos ya han sido condenados, purgan penas de cárcel y los dineros mal habidos han sido repatriados de cuentas en Suiza y otros lugares. Para poder juzgar a Fujimori por estos delitos, la Procuraduría peruana está cursando los correspondientes cuadernos de extradición a Chile.

Un presidente popular, autoritario y reelegido

Fujimori fue elegido democráticamente en marzo de 1990: le ganó en segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa, entonces candidato de la derecha peruana. Su gobierno se inició con un shock económico radical, más radical aún que el que su contrincante había anunciado con cierta ingenuidad. El shock buscaba equilibrar de una manera inmediata y contundente las cuentas macroeconómicas que el gobierno del Presidente Alan García había dejado en completo desorden.

En pocas palabras, la política expansiva de García, aplicada en medio de una casi paralización de inversiones privadas por su intento de nacionalizar la banca y por una crisis mundial que había hecho caer significativamente el precio de las exportaciones peruanas, causó una mezcla de hiperinflación y recesión sin precedentes en la historia del país. Como era de esperarse, el ajuste de Fujimori sirvió para controlar la inflación pero implicó un costo social inmenso y un gran aumento en la concentración del ingreso - problema éste que la economía peruana no ha logrado superar hasta la fecha.

El 5 de abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso con la excusa de que éste se había negado a aprobar unos decretos legislativos antiterroristas que sin embargo violaban la Constitución. El Presidente suspendió la vigencia de la Carta y destituyó a las cabezas del Poder Judicial y de los órganos de control: Tribunal de Garantías Constitucionales, Consejo Nacional de la Magistratura, Contraloría General de la República y Fiscalía de la Nación - a quienes, en preparación del golpe, había venido acusado de corruptos e ineficaces. El golpe de estado se produjo tras la destitución de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y con el apoyo de los reemplazos que Fujimori había designado con la asesoría de Montesinos.

Por presión de los países americanos, el gobierno de facto convocó una Asamblea Constituyente que fue elegida el 22 de noviembre de 1992; la nueva Constitución, elaborada durante 1993 a la conveniencia de Fujimori y vigente desde el 1 de enero de 1994, instituyó la reelección presidencial y el Congreso unicameral.

En abril de 1994 Fujimori se divorció de su esposa Susana Higuchi, quien lo acusó de torturas y secuestro. En las elecciones de abril de 1995, la Señora Higuchi intentó postularse al Congreso, pero su inscripción fue invalidada por el poder electoral - y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que sus derechos habían sido violados. En 2000 Higuchi fue elegida en una lista de la oposición.

En abril de 1995, en el marco de la nueva Constitución, en el pico de su popularidad, con casi dos terceras partes del voto popular, Fujimori ganó su reelección y una amplia mayoría en el nuevo Congreso. La inauguración fue el 28 de julio de 1995. Uno de los primeros actos del nuevo legislativo fue declarar amnistía para los militares y policías acusados o convictos de abusos contra los derechos humanos entre 1980 y 1995.

Fujimori ¿acabó el terrorismo?

La gestión de Fujimori se identifica como una lucha sin cuartel y exitosa contra los grupos y la violencia terroristas. En ese contexto se inscribe su presunto “gran éxito”: la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por la policía de la Dirección Nacional de Lucha contra el Terrorismo (DINCOTE) el 12 de septiembre de 1992 en Lima. Guzmán fue sentenciado de inmediato por una corte militar de jueces encapuchados, pero el proceso fue declarado nulo y el 13 de octubre de 2006, luego de un nuevo juicio, fue condenado a cadena perpetua por “terrorismo agravado”. Actualmente se encuentra en una cárcel en El Callao y sus vecinos de celda incluyen a Victor Polay, líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y a Vladimiro Montesinos.

Sin embargo, la captura de Guzmán y las derrotas de Sendero Luminoso y del MRTA deben atribuirse en justicia a cuatro factores: (1) A las labores de inteligencia de la policía peruana; (2) A la propia estructura vertical de Sendero Luminoso que a la caída del líder lo condujo al desmoronamiento inevitable e inmediato; (3) A la presión del Ejército en las áreas rurales, que a partir de fines de 1990 obligó a los jefes senderistas a mudarse a las ciudades, donde era más sencillo hacerles seguimiento, y (4) A las Rondas Campesinas, organizaciones de autodefensa compuestas por vecinos abrumados por los abusos de Sendero Luminoso, a quienes la reforma agraria de los años sesenta había convertido en propietarios que por lo mismo tenían razones para pelear por sus tierras sin recurrir a ejércitos mercenarios.

Más aún, la capacidad de la Policía Nacional para realizar buenas investigaciones se remontaba al gobierno de Alan García con la creación, el 5 de marzo de 1990, del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) dentro de la DINCOTE. De hecho, antes de Guzmán, la Policía había capturado a Peter Cárdenas Schultz, uno de los jefes del MRTA en abril de 1992 y a Victor Polay, máximo líder del MRTA, en junio del mismo año.

A la fecha de aquellas capturas, el comandante de la DINCOTE era el General Ketín Vidal, quien fue destituido en diciembre de 1992 para evitar su figuración y para que Fujimori pudiera quedarse con las palmas por la caída de Guzmán. Años más tarde, en lo que sería considerado como un gesto de desagravio, Vidal fue designado Ministro del Interior en el Gobierno de Transición del Presidente Valentín Paniagua; en esta calidad capturó a Vladimiro Montesinos, para entonces fugitivo de la justicia peruana, en Venezuela en 2001.

El conflicto interno peruano entre 1980 y el 2000 produjo, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 70 mil personas asesinadas. La mayoría fueron civiles provenientes de las zonas rurales y más pobres del país. Los terroristas de Sendero Luminoso y, en menor grado, del MRTA al atacar deliberadamente a los civiles y a la infraestructura del país, dando lugar a una respuesta militar radical, muchas veces sin consideraciones legales ni de derechos humanos, convirtieron a dicho periodo en el más sangriento de la historia peruana.

Fujimori ¿Un milagro económico?

El segundo éxito que se atribuye a Fujimori es económico. Su gestión fue exaltada por los organismos internacionales en tanto ella respondió plenamente a los postulados del llamado “Consenso de Washington“: apertura y liberalización de los mercados, privatización de las empresas estatales, control del gasto público, atracción de la inversión extranjera. Al estilo que Augusto Pinochet había iniciado años atrás en Chile, Fujimori fue pues neo liberal en lo económico pero autoritario y represivo en lo político - sin encontrar en ello ningún problema conceptual ni práctico-.

Pasados los primeros años de gobierno, que coincidieron con las dificultades propias de superar los desequilibrios de la época de García, el crecimiento económico se aceleró y la inflación descendió de un astronómico 6.836,9% en 1990 (en parte por el ajuste de precios de los productos básicos a inicios de su gobierno), a 12,9% en 1995 y a 3,9% en 2000.

Sin embargo, el crecimiento acelerado duró hasta 1997. Terminó con el arribo a América Latina y, en particular, al Perú, de los efectos de la crisis asiática. Con la crisis internacional traducida en crisis nacional por la caída notable de los precios de las exportaciones peruanas y de los flujos de capitales, el PIB peruano pasó de crecer 12,8% en 1994, 8,6% en 1995, 2,5% en 1996 y 6,9% en 1997 a -0,7% en 1998 y 0,9% en 1999.

La crisis asiática había comenzado el 2 de julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa a la cual sucedieron las de las monedas nacionales de Malasia, Indonesia y Filipinas y más adelante de las de Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Como sucedió en toda América Latina, la recesión de los años 1998 y 1999 fue una consecuencia clara del ciclo internacional en declive, así como los años previos de bonanza habían sido consecuencia del ciclo internacional de auge … Igual que había ocurrido 10 años antes y como viene ocurriendo 10 años después.

La segunda reelección

Con la crisis económica, la mayoría de los peruanos que habían visto en Fujimori al caudillo irremplazable que los había “salvado del terrorismo y del desastre económico“, comenzó a exigir remedios para sus decrecientes niveles de consumo. Pero el líder ya no estaba en capacidad de atenderlos.

Aún así, su propio apego al poder y sus más cercanos colaboradores forzaron una segunda reelección. Para ello tenían que superar el escollo derivado de una norma de la nueva Constitución que establecía la reelección por una única vez- y Fujimori ya había sido reelegido en 1995. Así que el 23 de septiembre de 1996 las mayorías fujimoristas aprobaron lo que llamaron Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución: como la elección inicial de Fujimori se había dado en el marco de la Constitución anterior, ese primer período no contaba y la segunda reelección en realidad venía a ser la primera. Como era su costumbre, Fujimori mandó mensajes ambiguos sobre su candidatura hasta el último momento, y sólo la hizo oficial a fines de 1999 y a pocos meses de las elecciones.

En ese contexto, varios líderes empresariales y algunos de sus partidarios, entre los que destaca Carlos Ferrero (quien años después fuera Primer Ministro en el gobierno de Alejandro Toledo) comenzaron a desentenderse de Fujimori. Ferrero, que se había distinguido por su independencia cuando pertenecía a la bancada fujimorista, renunció a ella cuando Fujimori oficializó su intención de postularse para un tercer mandato.

Con todo y eso, el 28 de julio de 2000 Alberto Fujimori fue reelegido una vez más Presidente del Perú. Pero ganó en segunda vuelta, por mayoría precaria, después de que Alejandro Toledo retirara su candidatura con denuncias de fraude, y no sin que los observadores internacionales protestaran por la falta de garantías electorales.

La caída

El 14 de septiembre de 2000 comenzaron a filtrarse a la televisión los famosos “vladivideos” que mostraban la corrupción profunda y extendida del régimen. El primer video mostraba el soborno de Alex Kouri, un líder parlamentario de la supuesta oposición quien, a cambio de los 50 mil dólares en efectivo que le estaba entregando Montesinos, se declaraba dispuesto a pasarse a las filas del fujimorismo. A este video le sucedieron otros igualmente escandalosos, y aún a esta fecha la población peruana no ha logrado verlos todos.

No se conoce aún quien filtró aquellos videos. Es razonable pensar que fueron militares o agentes de los servicios de inteligencia; para aquellas fechas era conocida su inconformidad - y la de muchos empresarios- con la prolongación del gobierno fujimorista: dado el creciente descontento popular, ella podría causar una notoria convulsión social y, por lo tanto, un mal clima para la gobernabilidad y las inversiones.

Una crisis económica importante casi irremediablemente conduce a una crisis social y, ésta - si las condiciones son propicias- a una crisis política en cabeza del Presidente. Sucedió así en la Argentina con la caída del gobierno de Fernando de La Rúa y en Perú con Alberto Fujimori. Con la crisis económica, social y política reforzándose mutuamente, la situación de Fujimori era insostenible. Esto se hizo patente al filtrarse la noticia de que los militares no estaban dispuestos a seguir apoyándolo ni protegiéndolo: con los excesos a los que los había sometido, el Presidente había acabado por perder su autoridad sobre ellos.

Cuatro meses después de su reelección, el 13 de noviembre de 2000 y con el pretexto de asistir a una reunión del Foro de Cooperación Asia Pacífico en Brunei, Alberto Fujimori huyó de su país para refugiarse en el Japón. El 19 de noviembre renunció por fax ante el Congreso pero su renuncia no fue aceptada: fue destituido por incapacidad moral permanente y le fue prohibido ejercer cargos públicos por diez años.

Ante la renuncia (forzada) de los dos vice presidentes de Fujimori, el 21 de noviembre de 2000 Valentín Paniagua, Presidente del Congreso, fue designado por éste como ”Presidente de Transición“, con el encargo de convocar a nuevas elecciones en abril de 2001. En ellas triunfó Alejandro Toledo, quien tomó posesión el 28 de julio 2001.

La ilusión de regresar

Personajes como Fujimori se consideran a sí mismos omnisapientes y omnipotentes; también quisieran ser omnipresentes, pero este don - más fácil de comprobar- aún les es negado.

Al abandonar su refugio japonés e intentar su regreso al Perú, Fujimori seguramente pensó que los peruanos saludarían su retorno triunfal y aclamarían su presencia redentora. Pensó también que las autoridades chilenas lo protegerían, pero fue detenido al día siguiente de su arribo a Santiago procedente de Tokio, el 7 de noviembre de 2005. Pensó que tenía reconocimiento universal y por eso, durante su detención en Chile, decidió valerse de la doble nacionalidad para presentarse como candidato al Senado Japonés por un partido de extrema derecha, lo que acabó en completo fracaso.

Pensó que las mayorías se aglomerarían en la frontera peruano-chilena para recibirlo en olor de santidad y para transportarlo en andas hasta Lima. Pero tales mayorías no existen. Si existieran no hubiera sido posibles su detención ni su extradición al Perú, aprobada ésta el 22 de septiembre de 2007 por la Corte Suprema de Chile y por razones de fondo: por cinco cargos de corrupción y dos cargos de violación de los derechos humanos. Menos factibles aún hubieran sido sus condenas y su encarcelamiento en el Perú. Sus mayorías lo habrían protegido y hasta tal vez habrían linchado a sus jueces y fiscales.

Sin duda existen los incondicionales de Fujimori, los que sacaron provecho personal de su régimen, algunos pocos que aún creen en mesías u otros "pragmáticos" que están dispuestos a apoyar a quien sostiene que derrotó al terrorismo, así haya sido al precio de vidas inocentes y de la corrupción más honda.

Pero todos ellos son sólo la minoría de los peruanos, que a la fecha suman 27,9 millones. Esa minoría incluye a las 500 personas que marcharon en protesta contra la sentencia a 25 años, y alcanza a hacer que la hija de Fujimori, Keiko, encabece las encuestas con un 21,5% de las preferencias [1], pero sin posibilidad real de alcanzar la Presidencia del Perú: más del setenta por cierto de los peruanos rechaza tajantemente a Fujimori y a su heredera política. Igual le pasó a Carlos Menen en la Argentina cuando pretendió regresar al poder en el 2000.

El balance y la lección

En la historia del Perú, el régimen de Alberto Fujimori sin duda representa el período de más grande y extendida corrupción. La mayoría de sus delitos no fueron sólo crímenes individuales sino crímenes de Estado, incluyendo asesinatos y secuestros. No fue sólo corrupción, dineros mal habidos y uso indebido de fondos públicos. Comprometió en todo tipo de ilícitos a gran parte de la clase dirigente, y con ello destrozó las instituciones y organizaciones del país. En palabras de Henry Pease García, politólogo quien fuera Presidente del Congreso bajo el gobierno de Alejandro Toledo, durante la gestión de Fujimori el Estado peruano devino un “Estado mafioso“. A la luz de los hechos, el lema de la primera campaña presidencial de Fujimori, “Honradez, Tecnología y Trabajo“, queda para la historia como una certificación de lo que un político es capaz de prometer y no cumplir.

A pesar de los éxitos económicos de los últimos años, hoy es difícil gobernar al Perú, más aún cuando dichos logros comienzan a desdibujarse a consecuencia de la crisis mundial. En 2007 el país creció 9% con una inflación de 3,9%. Sin embargo, en esos meses, un paro agrario bloqueó las carreteras, Moquegua y Cusco fueron paralizados, la Amazonía también protestó airadamente, y estas protestas se sumaron las de mineros, maestros, médicos, docentes universitarios y poder judicial.

Llama la atención que un país que desde hace años ha crecido rápidamente y con baja inflación también presente un cuadro social sumamente convulsionado. Imposible que pocos agitadores causen semejante situación. La pobreza y la inequidad ayudan a entenderla. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 31% de la población urbana peruana es pobre y en las zonas rurales la pobreza alcanza al 69% de la población.

Pero la convulsión social ocurre también porque, por causa de Fujimori, los peruanos vieron desfilar ante sus ojos, en un drama de corrupción inacabable, a los principales líderes de las principales fuerzas y organizaciones. Por eso nadie cree en nadie o en casi nadie. Y esta una de las peores herencias de la autocracia fujimorista: la destrucción de las instituciones. Tomará tiempo reconstruirlas.

Y el mundo debe conocer esta historia para que no se repita.

Nota de pie de página
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[1] Según la encuesta de La Compañía Peruana de Investigación, Estudios de Mercados y Opinión Pública publicada el 16 de abril de 2009.

Llegó la recesión

Publicado en La República de Bogotá el 8 de abril de 2009

César Ferrari, Ph.D., Profesor Pontificia Universidad javeriana

Hace poco el Dane anunció la tasa de crecimiento de la economía colombiana: -0.7% para el cuarto trimestre y 2.5% para el 2008, frente al 7.5% del 2007. ¿Sorpresa? Ninguna. Era previsible.

Con el ciclo internacional en auge, demanda y precios internacionales de commodities y remesas aumentaron. Y con tasas de interés elevadas, los capitales fluyeron.

Los mayores ingresos los percibieron propietarios, directivos y trabajadores productores de esas materias primas, y luego los que les vendían bienes y servicios (construcción, servicios personales, bienes de lujo). Tal expansión del ingreso se tradujo en crecimiento económico y disminución de pobreza.

Los mayores ingresos externos implicaron también mayor oferta de divisas que revaluó la tasa de cambio. La revaluación compensó en parte el aumento de los precios internacionales de alimentos, combustibles y metales. Las autoridades monetarias hicieron poco para evitarla, pues reducía la inflación.

La revaluación acumulada llegó a ser tan significativa que la correspondiente pérdida de competitividad cambiaria hizo que gran parte de la producción de bienes y servicios transables, los que no se beneficiaban de los precios internacionales elevados, dejara de ser competitiva: flores, textiles, electrodomésticos, metalmecánica, confecciones, calzado, etc. Así, las importaciones aumentaron más rápidamente que las exportaciones.

Consecuentemente, la economía colombiana se desaceleró: 4.1% en el primer trimestre 2008, 3.9% en el segundo, 2.9% en el tercero y -0.7% en el cuarto.

Y ello ocurrió antes del arribo pleno de la crisis mundial que significa caída de demanda y precios internacionales y menores remesas y flujos de capitales. El Gobierno estima los menores ingresos externos en US$10 mil millones…; la cifra puede ser mucho mayor. Encuentran una economía que se desaceleró por cuenta propia, con desempleo de 14.2%, déficit fiscal y sector externo deficitario.

Una caída de ingresos externos de tal magnitud, implica, necesariamente, una caída de ingresos internos, mayor por el efecto multiplicador de los primeros. Ambas caídas significan devaluación cambiaria, inflación y recesión.

Para minimizar la recesión es necesario crear ingreso interno y la única manera es a través del gasto fiscal porque es el único componente autónomo que compone la demanda en los mercados. Las demandas de familias, empresas e inversión dependen de los ingresos y ¡estos están cayendo!

Pero las autoridades económicas en lugar de aumentar gasto fiscal y reducir impuestos, como hace todo el mundo, están basando sus estímulos anti-crisis en más créditos para automóviles y electrodomésticos y más subsidios para vivienda.

El paquete fiscal que presentaron hace un par de meses por $55 billones no fue creíble: $32 billones eran inversión privada, en parte descartada por la crisis, y el resto correspondía a proyectos antiguos por realizar en los próximos años.

Es muy difícil que créditos y subsidios aumenten. El crédito depende de su disponibilidad y de tasas de interés que aún son altas pero, particularmente, de ingresos. Los subsidios requieren que los interesados tengan ingresos adecuados para respaldar el crédito complementario. Pero la recesión produce caída de ingresos.

Más aún, en plena crisis las autoridades han decidido mantener precios administrativamente elevados de los combustibles y aumentar impuestos territoriales… ¡Increíble! Simplemente más leña al fuego de la recesión.

Sin un plan adecuado, cada día que pasa se agrava la recesión y con ello el desempleo. Es urgente repensar las cosas.

Medidas para minimizar la crisis

Publicado en La República de Bogota, 18 marzo 2009

César Ferrari Ph.D., Profesor Pontificia Universidad Javeriana

El arribo de la crisis internacional es inevitable. Se requiere minimizar sus efectos. Para ello es necesario poner en vigencia, rápidamente, medidas regulatorias, fiscales y monetarias contra-cíclicas.

Primero, parece obvio reducir la tasa de interés del banco central. Hay margen para ello. Una tasa elevada se traslada a las tasas comerciales que, con inflaciones relativamente bajas aún, reducen las oportunidades de inversión y, por tanto, la expansión de capacidad productiva y productividad.

Se requiere también disminuir impuestos y cuasi impuestos. Es menos eficaz que incrementar el gasto, pero medidas como aumentar impuestos prediales, mantener precios excesivos de gasolina y extender pico y placa, deben eliminarse porque disminuyen el ingreso familiar cuando es preciso expandir la demanda.

Se requiere sobre todo aumentar el gasto fiscal civil. Este es el único elemento autónomo que forma parte de la demanda en los mercados y que puede sustituir menores ingresos externos con internos. Si mejora la infraestructura económica, favorece la productividad y el desarrollo de los mercados.

Además, debe incluir incentivos a las empresas, no por sectores sino para aquellas nuevas o en desarrollo, para estimularlas a crecer rápidamente y así compensar el desempleo por las que cerrarán irremediablemente.
El financiamiento del déficit fiscal tendrá que ser externo o monetario. Colocar bonos al sector privado nacional disminuye su demanda y, en tiempos de reducción generalizada del ingreso, requeriría tasas de interés elevadas que contraerían el crédito más aún.

El financiamiento monetario está condicionado por la capacidad de respuesta de la oferta a la mayor demanda, usando capacidad de producción ociosa (hasta tres turnos) o con expansión de esa capacidad o de la productividad con más inversión.

También es urgente una regulación que promueva la competencia en los mercados crediticios y de servicios, para reducir tasas de interés, márgenes de intermediación y precios, respectivamente. Para ello debe contrarrestar fallas en esos mercados: asimetrías de información, opacidad en precios y fidelizaciones forzosas derivadas de prohibiciones para pre-pagar deudas o cambiar de proveedores antes de cierto tiempo.

Esta regulación es crucial. Una expansión fiscal y monetaria que se dé en un contexto de productores poco competitivos no generará ni empleo ni ingresos nacionales. Se resolverá, principalmente, con importaciones porque la producción nacional no puede competir satisfactoriamente con la internacional. Más aún, dadas las limitaciones de financiamiento externo, tales mayores importaciones agudizarán el déficit externo que se resolverá con más recesión y devaluación.

La competitividad tiene que ver, necesariamente, con tasas de interés y tipos de cambio competitivos. No es posible competir internacionalmente pagando tasas de interés de 30%, mientras la inflación es aún reducida y la tasa mundial es del orden de 8%. Tiene menos que ver con salarios y parafiscales; de hecho los salarios brutos y netos en Bogotá son menores que en Shangai.

Ciertamente, esas tasas de interés no son consecuencia sólo de fallas de mercado sino también de una política monetaria contractiva orientada exclusivamente a controlar inflación. Los medios de pago (M3) son tan reducidos con relación al PIB, que los agentes tienen pocos fondos para depositarlos en los bancos que, a su vez, cuentan con pocos recursos para otorgar créditos. Como consecuencia, las tasas son elevadas y la relación crédito-PIB muy baja.

Hay tiempo aún…, pero no por mucho.

Es tiempo para una política económica nueva

Publicado en El Espectador de Bogotá, 8 Mar 2009

A propósito de la crisis internacional

Por: César Ferrari *

La recesión en el mundo desarrollado y la desaceleración china están induciendo una menor demanda de materias primas. Ello genera una disminución significativa de sus precios (petróleo -64,9% anual, metales -57,4%, alimentos -26,7%). Menores precios y demandas se traducen en menor valor de exportaciones; particularmente de las latinoamericanas, concentradas en materia primas.

A su vez, la recesión genera desempleo, que se traduce en menores ingresos para los migrantes y, por tanto, menores remesas. Según el Banco de España, en los nueve primeros meses de 2008 fueron 7% menos que en el mismo período de 2007.

La inversión extranjera también está disminuyendo. En 2008, según la balanza cambiaria, la inversión extranjera neta en Colombia fue US$5.729 millones, US$3.073 millones menos que en 2007.

Gran parte llegó en busca de rentabilidad por los diferenciales de tasas de interés y, especialmente, por las expectativas de revaluación cambiaria; en devaluación prefieren llevársela.

Además, con la recesión los inversionistas prefieren seguridad sobre rentabilidad. Por ello liquidan sus activos en moneda local, compran dólares y los sacan del país buscando refugio: bonos del Tesoro estadounidense.

La transmisión de la crisis

Tales hechos, obviamente, afectan las economías locales; más aún a la colombiana porque sus exportaciones manufactureras van a Venezuela y Ecuador, dependientes de petróleo y remesas.

La caída notoria de los ingresos externos implica, inevitablemente, una subsiguiente caída en los ingresos internos: los de los propietarios, directivos y trabajadores de sectores exportadores, de los receptores de remesas y de quienes les venden bienes y servicios. Esto desacelera construcción, manufactura, comercio y servicios, produce desempleo y aumenta la pobreza.

Significan también una menor oferta y una mayor demanda de dólares que se traduce en devaluación cambiaria. Si el banco central intenta reducirla, la consecuente desacumulación de reservas internacionales es insostenible en el mediano y largo plazo.

La devaluación se traslada a los precios de los bienes y servicios transables y eleva los costos de los no transables y, consecuentemente, sus precios. Así, ahora, la inflación es alimentada por la devaluación y compensada parcialmente por la reducción de los precios internacionales. Con la inflación los salarios nominales aumentan, pero como es más rápida que los ajustes salariales, cae el ingreso real y agrava la recesión.

Con la devaluación se produce también una caída del precio de las acciones en la Bolsa. Los inversionistas venden sus activos financieros y compran moneda extranjera. Un estudio para Colombia encuentra que una devaluación de 10% induce una caída del precio de las acciones de 6,2% (Ferrari y Amalfi, 2007).

Menores utilidades y salarios, es decir, menores compras, implican menores ingresos fiscales por impuestos de renta y valor agregado. Ello limita los gastos fiscales y reduce la demanda interna. Disminuye también los depósitos en los bancos y, por tanto, los recursos para créditos, lo que se traduce en tasas de interés más altas, menores créditos y atrasos en sus pagos.

Las consecuencias en Colombia ya son complicadas. Según la revista The Economist (febrero 28, 2009), entre los países más importantes de Latinoamérica Colombia tiene la segunda caída industrial más pronunciada (13,3% anual), la segunda mayor devaluación (39,2% anual), la mayor tasa de desempleo (14,2%), el mayor déficit externo (2,7%) y el mayor déficit fiscal (1,4%).

A pesar de ello, algunos insisten en que la crisis internacional no llegará, o que su impacto será mínimo y la recuperación pronta. Buenos deseos no cambian realidades. La pregunta no es si habrá crisis.

La pregunta relevante es ¿qué debería hacerse para disminuir sus efectos, sobre todo sobre el empleo y los pobres?

Para minimizar la crisis

Minimizar la crisis exige medidas fiscales y monetarias contracíclicas inmediatas. En primer lugar, parece obvio reducir la tasa de interés del banco central. En Colombia se encuentra en 8%; en Estados Unidos está en cero.

Una tasa tan elevada reduce las oportunidades de inversión y, por tanto, la expansión de capacidad productiva y productividad. Más aún, es inútil. Se supone que al atraer capitales aumenta la oferta de divisas, reduce la devaluación cambiaria y, consiguientemente, la inflación. Pero esos capitales no existen y, segundo, mientras todos los países están devaluando sus monedas, lo que se necesita es, precisamente, una devaluación elevada que devuelva competitividad a los productores de bienes y servicios transables.

A su vez, por pro-cíclicos se requiere disminuir impuestos o cuasi impuestos (aumento del predial, extensión del Pico y Placa, excesivo precio de la gasolina). También aumentar el gasto fiscal civil.

Este es el único elemento autónomo que forma parte de la demanda en los mercados y que puede sustituir menores ingresos externos con internos. Si mejora la infraestructura económica (carreteras, puertos, aeropuertos), favorece la productividad y el desarrollo de los mercados.

Además, debe incluir incentivos a las empresas, no por sectores si no para aquellas nuevas o en desarrollo, para estimularlas a crecer rápidamente y así compensar el desempleo por las que cerrarán irremediablemente (Jan Ter Wengel, 2008).

El financiamiento del déficit fiscal tendrá que ser externo o monetario. Colocar bonos al sector privado nacional disminuye su demanda y, en tiempos de reducción generalizada del ingreso, requeriría tasas de interés elevadas que provocarían una mayor contracción del crédito.

El financiamiento monetario está condicionado por la capacidad de respuesta de la oferta a la mayor demanda, con uso de capacidad de producción ociosa (hasta tres turnos) o con expansión de esa capacidad o de la productividad con más inversión.

Se requiere también una política de regulación que favorezca la competencia en los mercados crediticios y de servicios para reducir tasas de interés, márgenes de intermediación y precios, respectivamente. Para ello debe contrarrestar fallas en esos mercados.

Pero la crisis también tiene un efecto positivo. La devaluación reestructura los precios en favor de la competitividad. Si es relativamente mayor que las asiáticas, aumentará la competitividad de los productores de bienes y servicios transables, particularmente de las manufacturas. Con ello crecerían la producción y el empleo y mejoraría la distribución del ingreso dado que dichos sectores son generalmente intensivos en mano de obra.

Lamentablemente la ganancia de competitividad ocurrirá en un contexto de desaceleración del comercio mundial que ningún tratado de comercio evitará. Más aún, es probable que las barreras al comercio aumenten.

La recuperación

Pero tarde o temprano, pasada la crisis, probablemente prolongada, la economía y el comercio mundiales se recuperarán, aumentarán los precios internacionales y fluirán las remesas y los capitales hacia los países en desarrollo. Para entonces, Latinoamérica debe estar en camino de consolidar su mayor independencia de los ciclos internacionales: menos producción de materias primas, más de manufacturas. La crisis internacional afecta menos a China, porque 95% de sus exportaciones son manufacturas con precios internacionales más estables.

Para ello, las políticas monetaria, fiscal y de regulación deben mantener competitividad cambiaria, tasas de interés y precios de servicios reducidos, desarrollar la infraestructura económica necesaria y contribuir tributariamente a redistribuir ingreso. Sólo así será posible un crecimiento elevado, estable y sostenido, baja inflación y equidad en el ingreso.

* Ph.D. Profesor de Economía, Pontificia Universidad Javeriana

El contagio de la crisis internacional

Por: César Ferrari, Ph.D.
Profesor Universidad Javeriana

Publicado en La República de Bogota el 26 febero 2009

“En los últimos tres meses, la producción industrial en los Estados Unidos y Gran Bretaña cayó 3.6% y 4.4%, respectivamente, (equivalentes a una declinación anual de 13.8% y 16.4%)… En el cuarto trimestre la producción industrial alemana cayó 6.8% y la de Japón 12% (que ayuda a explicar por qué su PIB está cayendo mucho más rápidamente que a principios de los noventa). La industria está colapsando en Europa del Este así como en Brasil, Malasia y Turquía. Miles de fábricas han sido abandonadas en el sur de la China” (The Economist 19/2/2009). Y hace pocos días, la ANDI anunció que las manufacturas colombianas habían entrado en recesión.

Y a pesar de tales anuncios, algunas personas continúan sosteniendo que América Latina está protegida de la crisis económica mundial y que, en todo caso, su impacto será mínimo y la recuperación vendrá pronto. ¿Será posible?

La recesión en Estados Unidos, Europa y Japón y el menor crecimiento en China inducen una menor demanda de materias primas (combustibles, metales, productos agropecuarios) para su producción industrial. Ello produce una disminución significativa de sus precios internacionales (petróleo: de US$ 145 barril a US$ 38). La reducción de ingresos por exportaciones en América Latina, concentradas en materia primas, es consecuente.

A su vez, la recesión genera desempleo, que se traduce en una disminución del ingreso de los migrantes y, por lo tanto, de sus remesas. Existe evidencia de que se están reduciendo rápidamente. Según el Banco de España, en los nueve primeros meses de 2008 fueron 7% menos que en el mismo periodo de 2007.

Un tercer efecto recae sobre los flujos de capitales e inversión extranjera. En 2008, según la balanza cambiaria, la inversión extranjera neta en Colombia fue US$ 5,729 millones, US$ 3,073 millones menos que en 2007.

Llegaron en busca de rentabilidad por los diferenciales de tasas de interés pero, sobre todo, por las expectativas cambiarias. El gerente de una transnacional puede conseguir localmente un crédito a una tasa preferencial del 15% anual, pero prestándose de su matriz le costaría 4%, más lo que suceda con el dólar. Si su expectativa es una revaluación de 15% los recursos de su matriz le costarían -11%, pero si es de una devaluación le costarían 19%. Así, antes de traer más dólares prefiere llevárselos convirtiendo una oferta en una demanda.

Además, si las expectativas de recesión son generalizadas, los inversionistas prefieren seguridad sobre rentabilidad. Con ello mueven sus capitales buscando un último refugio, paradójicamente los bonos del Tesoro estadounidense. Así, liquidan sus posiciones en moneda local, compran dólares y los sacan del país.

Dichos hechos tienen efectos sobre las economías locales. La crisis en Latinoamérica no será resultado de que los bancos locales hayan adquirido derivados financieros que hoy no tienen valor; los adquirieron en pequeñas cantidades. La crisis mundial se está trasladando a través del comercio y los flujos de capitales. Una caída tan significativa en los ingresos externos (¿40%?) genera, inevitablemente, una caída siguiente en los ingresos internos y, consecuentemente, recesión, desempleo, devaluación (54% en Colombia entre junio 16 2008 y febrero 20 2009) e inflación.

Ojala no sea tarde para preparar un plan monetario y fiscal anti-crisis que sustituyendo parte de esos ingresos perdidos reduzca el impacto de la crisis.

Obama, resultados y ejemplos

Por: César Ferrari

Publicado en La República, Bogotá,10 de febrero 2009

El pasado jueves 5 de febrero el presidente Obama defendió en el Washington Post su plan para combatir la crisis económica a partir de un gasto público sin precedentes.Fue contundente su rechazo a las teorías del pasado régimen, que pretendían resolver los problemas económicos reduciendo impuestos a los ricos, acusándolas de causar los graves problemas que afectan a Estados Unidos al aplicarse durante demasiado tiempo:

“En días recientes se han dado críticas equivocadas a este plan que hacen eco de las teorías fallidas que nos condujeron a esta crisis: la noción de que solo la reducción de impuestos resolverá todos nuestros problemas, que podemos resolverlos con medidas incompletas y desconectadas, que podemos ignorar nuestros desafíos fundamentales tales como la dependencia energética y los altos costos en el cuidado de la salud y, aún así, esperar que nuestra economía y nuestro país prosperen.

Rechazo esas teorías como lo hizo el pueblo estadounidense cuando fue a las urnas y votó decididamente por el cambio. Ellos saben que hemos empleado esos métodos por demasiado tiempo. Y por ello nuestros costos en el cuidado de la salud se han elevado por encima de la inflación. Nuestra dependencia del petróleo extranjero aún amenaza nuestra economía y nuestra seguridad. Nuestros niños todavía estudian en escuelas que los colocan en desventaja. Hemos visto sus consecuencias trágicas cuando nuestros puentes colapsan y nuestros diques fallan.”

Orientaciones y comportamientos parecidos hemos visto en América Latina en las últimas décadas. Durante muchos años se ha insistido en unas mismas políticas a pesar de sus fracasos. Y cada vez que se reclamaban mejores resultados, se prometían próximos éxitos argumentando que lo que faltaba era persistir en lo mismo. Juzgar por resultados y modificar de acuerdo a las circunstancias dio paso a la ideología y a las teorías que la respaldaban sin cuestionamientos a la relevancia de sus supuestos.

De tal modo, en gran medida, la política fiscal se desentendió de la compensación y del bienestar social, redujo los impuestos directos para sustituirlos por impuestos indirectos y pretendió que la educación y la salud fueran ofrecidas crecientemente por el sector privado sin consideración a los ingresos reducidos de la mayor parte de la población que tuvo que acceder a servicios de poca calidad compatibles con dichos ingresos.

Y la política monetaria se empleó casi exclusivamente para combatir la inflación y se descuidó sus efectos generadores de tasas de interés elevadas y tasas de cambio deprimidas que reducen la competitividad de las actividades productivas de bienes y servicios transables y, con ello, la inversión en las mismas.

Y la política de regulación permitió que los servicios públicos y financieros actuaran sobreprotegidos en mercados poco competidos. Con ello, aunándose a lo anterior, mantuvieron tasas y comisiones muy superiores a las internacionales perjudicando también la competitividad del resto de la actividad económica.

Así, en casi toda Latinoamérica progresaron casi exclusivamente los servicios sobreprotegidos y las actividades primarias, poco generadoras de empleo, que se beneficiaban de precios internacionales elevados. Y aunque en parte se modernizó, se des-industrializó, se hizo más dependiente de los ciclos internacionales, redujo su posibilidad de crecimiento sostenido de largo plazo y agudizó su desigualdad social.

¿Será posible que aprendiendo de resultados rediseñemos nuestras políticas económicas… como lo está haciendo Estados Unidos?