César Ferrari, Ph.D.
Publicado en Razón Pública, 2 de febrero 2015)
La Gran Recesión 2008-2009 y la política europea con que intentó resolverse generaron en los países más afectados, Grecia en particular, una evolución típica de un país en desarrollo: crisis económica, asistencia financiera y “ajuste”, protesta, agudización de la crisis, crisis política. La secuencia griega está aún inconclusa y su final poco claro.
La asistencia financiera a Grecia ha significado desembolsos por 240 mil millones de euros. Se pactó en mayo de 2010 a cambio de un ajuste que incluyó: despido de 15 mil empleados públicos, reducción de otros gastos fiscales, aumento de impuestos, reducción del salario mínimo en 25%, venta de empresas y activos públicos. Como parte de la ayuda, en octubre de 2011 los bancos acreedores redujeron “voluntariamente” la deuda griega en 50%.
Resultados
Los ajustes implican una caída de ingresos que se traduce en menores compras, ventas, producción y, consecuentemente, más desempleo.
- Entre 2008 y 2013 el PIB en Grecia decreció 26.4% y el ingreso per cápita 18.6%.
- En el tercer trimestre de 2008 el desempleo en Grecia era 7.6% de la fuerza laboral, en el tercer trimestre de 2014 era 26.2%.
- En 2008 la deuda pública griega equivalía a 105.4% del PIB, en 2014 a 174.9% del PIB.
Protestas y movilizaciones
Perder ingresos y, consecuentemente, calidad de vida no satisface a nadie, más aún si es de manera importante. Por lo tanto, genera protestas y conflictos, tanto más graves cuanto mayor es la pérdida.
A su vez, si los resultados atribuidos al ajuste muestran caída de ingreso, mayor desempleo y deuda, la percepción generalizada es que el ajuste no tiene éxito, lo que genera más incertidumbre, insatisfacción y desasosiego que se traducen en menor gasto privado como precaución y, por lo tanto, en mayor recesión y conflicto.
En Grecia, las protestas, movilizaciones, paros y huelgas contra el ajuste y contra los políticos que lo llevaban a cabo fueron cada vez más masivos y frecuentes. Protestaba una gran cantidad de ciudadanos y sindicatos: propietarios de pequeñas empresas, empleados públicos y privados, desempleados, estudiantes, pensionados, etc.
Situaciones parecidas aparecieron en los otros países afectados. En España los protestantes se conglomeraron en el denominado movimiento de los “Indignados” y luego en el movimiento “Podemos”. Fundado hace un año por cuatro profesores universitarios, Podemos tiene actualmente la primera preferencia para las elecciones generales de diciembre 2015. En Italia, en las elecciones generales de febrero 2013, los descontentos votaron masivamente por el Movimiento 5 Stelle, ecologista y anti-políticos.
El cuestionamiento a la clase política mostraría claramente una crisis de representatividad y de los partidos tradicionales. Reclama nuevas instituciones políticas, partidos y líderes que permitan una democracia más participativa, menos intermediada, más transparente, con rendimiento de cuentas, y menor (o ninguna) influencia de los bancos y las empresas en el quehacer político.
Crisis política
Crisis económicas y sociales graves, tarde o temprano, se convierten en crisis políticas. En Grecia, en noviembre 2011 cayó el gobierno socialdemócrata de Yorgos Papandréu. Y en las elecciones de abril 2012 quedó en evidencia una crisis de gobernabilidad, el resultado no permitió formar gobierno, y que los opositores del ajuste superaban a quienes lo apoyaban. Finalmente fue elegido primer ministro el conservador Antonis Samarás quien continuó con el ajuste, tratando de complacer a Alemania y a los supervisores: Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional.
Pero la continuación del ajuste enajenó más aún a la mayoría de los griegos. En enero de 2015 en las elecciones generales adelantadas, consecuencia de la pérdida de apoyo parlamentario al gobierno, triunfo el partido del anti-ajuste y anti-políticos, Syriza, y su líder Alexis Tsipras fue nombrado Primer Ministro.
Aunque proclamó su intención de que Grecia continúe en la Zona Euro, la condicionó a una revisión del ajuste y a una refinanciación de su deuda a plazos muy largos. Su primera medida fue aumentar el salario mínimo de 586 euros a los 751 vigentes antes del ajuste.
Problema fundamental y solución
Todo ajuste produce una caída en los ingresos y en la demanda interna. En ese marco, la recuperación requeriría sustituirla por la demanda externa. En el caso griego significa turismo, su principal fuente de divisas, el único sector que tendría ventajas competitivas gracias a las ventajas naturales griegas. Pero si el ingreso mundial no se recupera sustancialmente y los turistas no vislumbran a Grecia como un destino atractivo, dada la turbulencia que los medios muestran, muy difícil que la demanda externa sustituya a la interna.
La cuestión de fondo es que la productividad de los griegos, la cantidad de valor agregado que cada trabajador produce, es mucho menor que la de alemanes y franceses. En 2012 la productividad laboral griega era 59.1% de la alemana y 57.8% de la francesa. De tal manera, en un contexto de moneda única con alemanes y francés y, por lo tanto, precios similares, su menor productividad genera costos elevados a sus empresas y las hace no competitivas. Podrían ser competitivos en turismo pero, actualmente, no es viable en forma masiva. En ese contexto, muy difícil que los griegos recuperen su nivel de ingreso.
A menos que, de seguir en la Zona Euro, los griegos aumenten su productividad al nivel de la de los europeos desarrollados de tal manera que sea compatible con la tasa de cambio del Euro respecto a las otras monedas; tasa que definen los mayores exportadores, Alemania y Francia, ciertamente en forma compatible con sus productividades. Eso implica inversión en capital humano, infraestructura y tecnología. Mejor dicho muchos recursos y tiempo.
Nueva política, ¿nueva solución?
Abrumado por el desempleo elevadísimo, la amenaza de una recesión mayor y deflación, ante la dificultad de expansiones fiscales dada la intención de reducir el déficit y la deuda pública, y tal vez presionado por las perspectivas políticas, el BCE decidió reaccionar monetariamente en forma similar a la Reserva Federal estadounidense.
En enero de 2015 el BCE, a regañadientes del gobierno alemán, anunció que a partir de marzo 2015 y hasta septiembre de 2016 como mínimo, ejecutaría un programa de flexibilización cuantitativa por 60 mil millones de euros mensuales, añadiendo a la compra de bonos privados iniciada desde fines de 2014, la compra de bonos emitidos por los gobiernos centrales de la Zona Euro, las agencias e instituciones europeas.
Así mismo, informó que su tasa de interés seguiría en 0.05%, vigente desde septiembre 2014, la más baja en su historia, la tasa a la que presta a un día en 0.30% y la tasa con la que remunera los depósitos de los bancos comerciales en -0.20%.
La nueva flexibilización puede dar un respiro a Grecia y a los otros países en problemas. No es claro a cuántos recursos podría acceder. Si son suficientes podrían ser un respiro al ajuste y significar un margen al nuevo gobierno de financiar algunas de sus medidas como el reciente aumento salarial. Ojala no se orienten masivamente al consumo sino a la inversión en capital humano, infraestructura y tecnología.
¿Otra solución?
Otro tipo de “solución” podría darse si Grecia (o España, Portugal, Irlanda, Italia) saliera de la Eurozona. Tendría características similares a la que adoptó Argentina en 2001 cuando abandonó su convertibilidad cambiaria peso-dólar. Significaría retomar su propia moneda que se situaría, seguramente, en una cotización que compense su menor productividad, y declarar un “default” de la deuda pública ya no del 50% sino mucho mayor.
Como consecuencia, los mercados financieros internacionales se le cerrarían y le tomaría años recuperarlos, como a la Argentina. Se elevarían también los precios domésticos y se reduciría el salario real notablemente. De tal modo, a diferencia del ajuste por vía de cantidades, es decir reducir los ingresos nominales hasta hacerlos compatibles con la tasa de cambio común, el ajuste se produciría vía precios, con otra tasa de cambio y la reducción del ingreso real hasta ser compatible con su productividad.
Pero con una mayor competitividad cambiaria, las actividades productivas de exportables y que sustituyen importaciones podrían recuperarse rápidamente al volverse más competitivas, en particular el turismo, y con ello lograr tasas elevadas de crecimiento, como en la Argentina postcrisis.
Esta “solución” estaría descartada por Grecia por su interés manifiesto de seguir perteneciendo a la Zona Euro, no sólo de los dirigentes pasados y actuales sino de la mayoría de la población como lo muestran las encuestas.
No obstante, las realidades económicas pueden ser más tercas y exigentes: el tiempo lo dirá. En todo caso, cabe repetir al presidente de Uruguay José Mújica en una reciente entrevista con la BBC: “El problema es la realidad porque no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos dentro del margen de la realidad".
viernes, 13 de febrero de 2015
INCERTIDUMBRES DEL 2015
César Ferrari, Ph.D.
(Publicado en el Diario Portafolio, Bogotá, Febrero 4 de 2015)
Lo que suceda este año no depende solo de los precios del petróleo sino de lo que el Gobierno haga. Algunas certezas: 1) El petrolero seguirá barato y la tasa de cambio alta; 2) La reforma tributaria castigará la inversión, el crecimiento y a las empresas, pero favorecerá el consumo de sus dueños.
Entre junio y diciembre de 2014 el precio del petróleo (WTI) se redujo 43%, al bajar de US$ 105,24 a 59,10 por barril. El 27 de enero del 2015 se cotizaba a US$ 45,57.
Tal caída no debería sorprender: La demanda petrolera mundial se redujo, en gran medida, porque la economía estadounidense aún no se dinamiza plenamente y sus importaciones petroleras se contrajeron 4,3% entre 2013 y 2014, de 2.821 millones de barriles anuales a 2699 millones, y 19.7% entre 2010 y 2014. Esto último, en gran parte, porque su producción petrolera aumentó notoriamente: 13,6% entre 2013 y 2014, de 2720 millones de barriles anuales a 3089, y 54,4% entre 2010 y 2014.
La demanda petrolera cayó también porque Europa está en recesión y la economía china se habría desacelerado en 2014 a un inusual 7,3% y en 2015 se desaceleraría a 7%: si sus principales socios comerciales no compran más, no tiene para qué producir más.
El precio petrolero es importante para las empresas petroleras y el fisco colombiano: su disminución reduce las utilidades de las primeras, y para el fisco la recaudación del impuesto a la renta, las regalías petroleras y los dividendos pagados por Ecopetrol.
Los menores ingresos fiscales significan un aumento del déficit fiscal, y si no logran reemplazarse obligarán a reducir el gasto dado el mandato legal de equilibrio fiscal. Lo cual quiere decir menor demanda interna; a menos que el Gobierno cambie de política y asuma mayor endeudamiento.
Pero el déficit venía de atrás. Para reducirlo, el Gobierno logró aprobar la reforma tributaria del 2014 que elevó el impuesto a la renta para las empresas a niveles muy superiores a los internacionales y dejó a sus dueños libres de pagar impuestos sobre sus dividendos y una tasa reducida sobre sus herencias y ganancias de capital; como señala la Ocde.
Las exportaciones petroleras son la principal fuente comercial de divisas en Colombia. Su reducción induce devaluación cambiaria que, a su vez, induce a las empresas endeudadas externamente a adelantar el pago de sus deudas y a evitar esa fuente de financiamiento; lo que aumenta la demanda de divisas, reduce su oferta y, consecuentemente, induce mayor devaluación.
Entre junio y diciembre del 2014 la tasa de cambio se devaluó 24,16%: pasó de 1.888.1 pesos por dólar a 2.344.2.
La devaluación aumenta el valor en pesos de la deuda pública externa, su servicio, el déficit fiscal y… la preocupación gubernamental. La devaluación hace también más atractivo invertir en dólares, lo que contrae la demanda de papeles financieros y, en, consecuencia, la bolsa: Entre el 3 de septiembre del 2014, cuando logró su valor más elevado, y el 27 de enero 2015, el índice de la bolsa colombiana se desvalorizó 20%.
Pero, la devaluación se traduce también en mayores precios domésticos de los bienes importables y exportables que no experimentan reducciones en sus precios internacionales. Por lo tanto, beneficia a los productores de bienes y servicios que exportan y compiten con importaciones; es decir a la mayor parte de la economía.
La devaluación podría generar mayor inflación si no se compensa, por ejemplo, con una reducción de las tasas de interés; difícil, porque la competencia imperfecta es la norma en los mercados de crédito colombianos, en particular en el de consumo que, según el Banco de la República funciona casi como un cartel.
Por cierto, si los menores precios petroleros se trasladan a los consumidores, las presiones inflacionarias se reducirán, particularmente en transportes y energía. Si se trasladan a los productores, sus costos energéticos, parte importante de sus costos, se reducirán, consecuentemente, aumentarán su competitividad. Sin embargo,el Gobierno no lo ha hecho, aduciendo una norma que podría y debería cambiar, aunque le signifique elevar su déficit.
Mejor dicho, lo que suceda en 2015 no depende solo de los precios internacionales sino de lo que haga el Gobierno. Algunas certezas hay: 1) El precio petrolero se mantendrá reducido, la tasa de cambio elevada y el índice de la bolsa reducido; 2) La reforma tributaria castigará la inversión, el crecimiento y el futuro de las empresas, a cambio de favorecer el consumo de sus dueños.
Otras son las incertidumbres: 1) Si el Banco de la República decide que la devaluación produce inflación excesiva, aumentará su tasa de interés que se trasladará a las tasas comerciales, reducirá el crédito y la demanda doméstica, aumentará los costos de las empresas y desacelerará a la economía; 2) Si el Gobierno financia su déficit externamente, las divisas que importe revaluarán la tasa de cambio, revertirán la competitividad lograda y la economía se desacelerará, como en 2009; 3) Si los menores precios petroleros no se trasladan a consumidores y empresas, no se traducirán en menores costos ni incrementarán la competitividad de las empresas, y la economía se desacelerará.
Mejor dicho…
(Publicado en el Diario Portafolio, Bogotá, Febrero 4 de 2015)
Lo que suceda este año no depende solo de los precios del petróleo sino de lo que el Gobierno haga. Algunas certezas: 1) El petrolero seguirá barato y la tasa de cambio alta; 2) La reforma tributaria castigará la inversión, el crecimiento y a las empresas, pero favorecerá el consumo de sus dueños.
Entre junio y diciembre de 2014 el precio del petróleo (WTI) se redujo 43%, al bajar de US$ 105,24 a 59,10 por barril. El 27 de enero del 2015 se cotizaba a US$ 45,57.
Tal caída no debería sorprender: La demanda petrolera mundial se redujo, en gran medida, porque la economía estadounidense aún no se dinamiza plenamente y sus importaciones petroleras se contrajeron 4,3% entre 2013 y 2014, de 2.821 millones de barriles anuales a 2699 millones, y 19.7% entre 2010 y 2014. Esto último, en gran parte, porque su producción petrolera aumentó notoriamente: 13,6% entre 2013 y 2014, de 2720 millones de barriles anuales a 3089, y 54,4% entre 2010 y 2014.
La demanda petrolera cayó también porque Europa está en recesión y la economía china se habría desacelerado en 2014 a un inusual 7,3% y en 2015 se desaceleraría a 7%: si sus principales socios comerciales no compran más, no tiene para qué producir más.
El precio petrolero es importante para las empresas petroleras y el fisco colombiano: su disminución reduce las utilidades de las primeras, y para el fisco la recaudación del impuesto a la renta, las regalías petroleras y los dividendos pagados por Ecopetrol.
Los menores ingresos fiscales significan un aumento del déficit fiscal, y si no logran reemplazarse obligarán a reducir el gasto dado el mandato legal de equilibrio fiscal. Lo cual quiere decir menor demanda interna; a menos que el Gobierno cambie de política y asuma mayor endeudamiento.
Pero el déficit venía de atrás. Para reducirlo, el Gobierno logró aprobar la reforma tributaria del 2014 que elevó el impuesto a la renta para las empresas a niveles muy superiores a los internacionales y dejó a sus dueños libres de pagar impuestos sobre sus dividendos y una tasa reducida sobre sus herencias y ganancias de capital; como señala la Ocde.
Las exportaciones petroleras son la principal fuente comercial de divisas en Colombia. Su reducción induce devaluación cambiaria que, a su vez, induce a las empresas endeudadas externamente a adelantar el pago de sus deudas y a evitar esa fuente de financiamiento; lo que aumenta la demanda de divisas, reduce su oferta y, consecuentemente, induce mayor devaluación.
Entre junio y diciembre del 2014 la tasa de cambio se devaluó 24,16%: pasó de 1.888.1 pesos por dólar a 2.344.2.
La devaluación aumenta el valor en pesos de la deuda pública externa, su servicio, el déficit fiscal y… la preocupación gubernamental. La devaluación hace también más atractivo invertir en dólares, lo que contrae la demanda de papeles financieros y, en, consecuencia, la bolsa: Entre el 3 de septiembre del 2014, cuando logró su valor más elevado, y el 27 de enero 2015, el índice de la bolsa colombiana se desvalorizó 20%.
Pero, la devaluación se traduce también en mayores precios domésticos de los bienes importables y exportables que no experimentan reducciones en sus precios internacionales. Por lo tanto, beneficia a los productores de bienes y servicios que exportan y compiten con importaciones; es decir a la mayor parte de la economía.
La devaluación podría generar mayor inflación si no se compensa, por ejemplo, con una reducción de las tasas de interés; difícil, porque la competencia imperfecta es la norma en los mercados de crédito colombianos, en particular en el de consumo que, según el Banco de la República funciona casi como un cartel.
Por cierto, si los menores precios petroleros se trasladan a los consumidores, las presiones inflacionarias se reducirán, particularmente en transportes y energía. Si se trasladan a los productores, sus costos energéticos, parte importante de sus costos, se reducirán, consecuentemente, aumentarán su competitividad. Sin embargo,el Gobierno no lo ha hecho, aduciendo una norma que podría y debería cambiar, aunque le signifique elevar su déficit.
Mejor dicho, lo que suceda en 2015 no depende solo de los precios internacionales sino de lo que haga el Gobierno. Algunas certezas hay: 1) El precio petrolero se mantendrá reducido, la tasa de cambio elevada y el índice de la bolsa reducido; 2) La reforma tributaria castigará la inversión, el crecimiento y el futuro de las empresas, a cambio de favorecer el consumo de sus dueños.
Otras son las incertidumbres: 1) Si el Banco de la República decide que la devaluación produce inflación excesiva, aumentará su tasa de interés que se trasladará a las tasas comerciales, reducirá el crédito y la demanda doméstica, aumentará los costos de las empresas y desacelerará a la economía; 2) Si el Gobierno financia su déficit externamente, las divisas que importe revaluarán la tasa de cambio, revertirán la competitividad lograda y la economía se desacelerará, como en 2009; 3) Si los menores precios petroleros no se trasladan a consumidores y empresas, no se traducirán en menores costos ni incrementarán la competitividad de las empresas, y la economía se desacelerará.
Mejor dicho…
lunes, 22 de diciembre de 2014
2015: con incertezas y dificultades
César A. Ferrari, Ph.D.
(Publicado en Hoy en la Javeriana, Noviembre-Diciembre 2014)
Las secuelas de la Gran Recesión mundial 2008-2009 siguen vigentes. La economía estadounidense no logra recuperarse plenamente, gran parte de la europea está en recesión, y la china está desacelerándose a un desacostumbrado 7.5% anual: si sus principales socios comerciales no compran más, no tiene a quien vender ni para qué producir más.
La consecuencia son menores demandas que inducen menores precios mundiales de las materias primas, como ocurrió en 2008-2009. La reducción en el precio petrolero resulta más intensa por el aumento de la producción no convencional en los Estados Unidos.
El precio petrolero es importante para las empresas petroleras y el fisco colombiano: su disminución reduce las utilidades de las primeras, y para el fisco la recaudación del impuesto a la renta, las regalías petroleras y los dividendos pagados por ECOPETROL.
Los menores ingresos fiscales significarán un aumento del déficit fiscal y si no logran reemplazarse por otro medio (está en discusión una controversial reforma tributaria), obligarán a reducir el gasto dado el mandato legal de equilibrio fiscal. Lo cual quiere decir menor construcción de infraestructura y menor demanda interna; a menos que el Gobierno cambie y asuma una mayor deuda.
Las exportaciones petroleras son también la principal fuente comercial de divisas en Colombia. De tal modo, menores ingresos de divisas inducen devaluación cambiaria, como la observada. Ésta, a su vez, induce a las empresas endeudadas en el exterior a adelantar el pago de sus deudas y a evitar esa fuente de financiamiento; lo que aumenta la demanda de divisas y reduce su oferta. Consecuentemente, induce mayor devaluación que aumenta el valor en pesos de la deuda pública externa, su servicio y, por lo tanto, el déficit fiscal.
La devaluación se traduce también en mayores precios domésticos de los bienes importables y exportables que no experimentan reducciones en sus precios internacionales. La mayor inflación no ocurriría si la devaluación se compensara reduciendo las tasas de interés. Pero esta reducción resulta difícil por las imperfecciones de los mercados de crédito colombianos, en particular del de consumo que según el Banco de la República funciona casi como un cartel.
Por cierto, la devaluación beneficia a los productores de bienes y servicios que exportan y que compiten con importaciones, gran parte de la economía. Y si el gobierno traslada los menores precios petroleros a las empresas aumenta su competitividad: la energía es una parte importante de sus costos. Debería hacerlo: mientras que en un año, a octubre, la caída de los precios petroleros fue de 16.3%, la devaluación fue de 8.5%.
Mejor dicho, lo que suceda en 2015 no depende sólo de los precios internacionales sino de lo que haga el Gobierno: 1) Si la reforma tributaria penaliza a las empresas y libera a sus dueños, castigará la inversión y el crecimiento futuro a cambio de favorecer su consumo y el presente; 2) Si financia su déficit externamente, las divisas que importe frenarán la devaluación y el incremento de la competitividad empresarial, como en 2009; 3) Si no traslada los menores precios petroleros adecuadamente, los consumidores y las empresas no se beneficiarán de menores costos y éstas no incrementarán su competitividad; 4) Si el Banco de la República decide que la devaluación produce inflación excesiva, aumentará su tasa de interés que se trasladará a las tasas comerciales, reducirá el crédito y la demanda doméstica y aumentará los costos de las empresas.
Sólo un modelo de equilibrio general computable que simule esos diversos escenarios, con consideraciones muchas veces contradictorias, puede proyectar sus resultados. El mismo permite estimar que en 2015 la economía colombiana podría crecer alrededor de 4.25%, dependiendo de las políticas fiscales y monetarias seguidas. No parece mal, podría ser mejor.
(Publicado en Hoy en la Javeriana, Noviembre-Diciembre 2014)
Las secuelas de la Gran Recesión mundial 2008-2009 siguen vigentes. La economía estadounidense no logra recuperarse plenamente, gran parte de la europea está en recesión, y la china está desacelerándose a un desacostumbrado 7.5% anual: si sus principales socios comerciales no compran más, no tiene a quien vender ni para qué producir más.
La consecuencia son menores demandas que inducen menores precios mundiales de las materias primas, como ocurrió en 2008-2009. La reducción en el precio petrolero resulta más intensa por el aumento de la producción no convencional en los Estados Unidos.
El precio petrolero es importante para las empresas petroleras y el fisco colombiano: su disminución reduce las utilidades de las primeras, y para el fisco la recaudación del impuesto a la renta, las regalías petroleras y los dividendos pagados por ECOPETROL.
Los menores ingresos fiscales significarán un aumento del déficit fiscal y si no logran reemplazarse por otro medio (está en discusión una controversial reforma tributaria), obligarán a reducir el gasto dado el mandato legal de equilibrio fiscal. Lo cual quiere decir menor construcción de infraestructura y menor demanda interna; a menos que el Gobierno cambie y asuma una mayor deuda.
Las exportaciones petroleras son también la principal fuente comercial de divisas en Colombia. De tal modo, menores ingresos de divisas inducen devaluación cambiaria, como la observada. Ésta, a su vez, induce a las empresas endeudadas en el exterior a adelantar el pago de sus deudas y a evitar esa fuente de financiamiento; lo que aumenta la demanda de divisas y reduce su oferta. Consecuentemente, induce mayor devaluación que aumenta el valor en pesos de la deuda pública externa, su servicio y, por lo tanto, el déficit fiscal.
La devaluación se traduce también en mayores precios domésticos de los bienes importables y exportables que no experimentan reducciones en sus precios internacionales. La mayor inflación no ocurriría si la devaluación se compensara reduciendo las tasas de interés. Pero esta reducción resulta difícil por las imperfecciones de los mercados de crédito colombianos, en particular del de consumo que según el Banco de la República funciona casi como un cartel.
Por cierto, la devaluación beneficia a los productores de bienes y servicios que exportan y que compiten con importaciones, gran parte de la economía. Y si el gobierno traslada los menores precios petroleros a las empresas aumenta su competitividad: la energía es una parte importante de sus costos. Debería hacerlo: mientras que en un año, a octubre, la caída de los precios petroleros fue de 16.3%, la devaluación fue de 8.5%.
Mejor dicho, lo que suceda en 2015 no depende sólo de los precios internacionales sino de lo que haga el Gobierno: 1) Si la reforma tributaria penaliza a las empresas y libera a sus dueños, castigará la inversión y el crecimiento futuro a cambio de favorecer su consumo y el presente; 2) Si financia su déficit externamente, las divisas que importe frenarán la devaluación y el incremento de la competitividad empresarial, como en 2009; 3) Si no traslada los menores precios petroleros adecuadamente, los consumidores y las empresas no se beneficiarán de menores costos y éstas no incrementarán su competitividad; 4) Si el Banco de la República decide que la devaluación produce inflación excesiva, aumentará su tasa de interés que se trasladará a las tasas comerciales, reducirá el crédito y la demanda doméstica y aumentará los costos de las empresas.
Sólo un modelo de equilibrio general computable que simule esos diversos escenarios, con consideraciones muchas veces contradictorias, puede proyectar sus resultados. El mismo permite estimar que en 2015 la economía colombiana podría crecer alrededor de 4.25%, dependiendo de las políticas fiscales y monetarias seguidas. No parece mal, podría ser mejor.
viernes, 11 de julio de 2014
Años de turbulencia: Crisis global, consecuencias múltiples
César A. Ferrari, Ph.D.
(Publicado en Freddy Cante y Beatriz Franco, editores académicos, Renovadas Formas de Hacer Oposición, capítulo 2, Editorial Universidad del Rosario, Noviembre 2013. Los pies de página, cuadros, gráficos y bibliografía del presente texto puede consultarse en dicha publicación)
La Gran Recesión económica que agobió al mundo en 2008 y 2009 no acabó en el 2009. Le siguieron la ralentización de la economía estadounidense, la desaceleración de la china, la paralización de la japonesa y lo más notable, sin duda, la crisis en la Unión Europea y, en particular, en la Eurozona, la mayor crisis europea desde la segunda guerra mundial.
Los Estados Unidos vienen recurriendo masivamente a la política monetaria para revitalizar su economía y reducir su aún elevado desempleo. Europa enfocó su solución desde una estricta austeridad fiscal y, en consecuencia, desde la reducción acelerada del Estado de Bienestar, lo que parece haber agravado el problema; ahora recurre a la política monetaria, aunque con mayor timidez que en Estados Unidos.
La austeridad a ultranza generó graves reacciones y movilizaciones sociales, cada vez más frecuentes y masivas, que produjeron diversas crisis políticas y cambios de gobierno, incluyendo una crisis de gobernabilidad en Grecia y fuertes tendencias independentistas en varias regiones europeas. Pero el agravamiento de la crisis y la ineficacia del ajuste para solucionarla están generando mayores movilizaciones sociales que derivarán en otras crisis políticas.
Tales decisiones están mostrando una nueva forma de política económica. A diferencia de la implementada cuatro años antes, basada en una expansión fiscal significativa, la actual tiene como eje fundamental una política monetaria expansiva; en Europa por las dimensiones de la deuda pública o privada, en Estados Unidos por desacuerdos políticos sobre nuevos estímulos fiscales.
Dicha política viene perfilándose en Europa a partir de la nueva presidencia en el Banco Central Europeo en noviembre de 2011 y como resultado de las elecciones francesas de abril 2012. Ciertamente insiste en austeridad, pero postula también como meta el crecimiento económico a fin de reducir un desempleo que alcanza niveles de depresión en varios países. Si el Estado de Bienestar en Europa estaría por asumir una nueva modalidad, parecería cercano también el fin de la dominación, por lo menos por ahora, del neo-conservatismo imperante desde los años ochenta, fuente intelectual de la austeridad y del desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Las catástrofes naturales suelen agravar los problemas económicos. Generan también mayor gasto fiscal y nuevas políticas económicas. El fuerte terremoto japonés de marzo de 2011 y el consecuente tsunami no sólo significaron pérdida de vidas, destrucción de capital y contaminación ambiental, generaron también una expansión fiscal y monetaria notorias y un cuestionamiento mundial a la energía nuclear y, en consecuencia, sobre las fuentes energéticas, presionando al alza la demanda y los precios petroleros.
Los conflictos políticos suelen también agravar los problemas. A partir de 2011 vienen ocurriendo revueltas, cambios de gobiernos y entrampamientos de gobernabilidad en varios países árabes. Conocida como la Primavera Árabe, está derivando en graves cuestionamientos populares a los Estados Unidos y a los otros países desarrollados. Junto a la incertidumbre de la situación iraní, país no árabe pero sí musulmán, tienen particular consecuencia sobre el abastecimiento petrolero y el futuro mundial de la energía. Dichos hechos complican la solución a las dificultades europeas, estadounidense y asiáticas.
Como ocurrió en el 2008-2009, las crisis del mundo desarrollado se traducen tarde o temprano en menor demanda de materias primas, ésta en menores precios internacionales y ambos en menores ingresos por exportaciones, particularmente en aquellos países concentrados en la producción y exportación de materias primas. Deberían implicar también una caída en el flujo de capitales. A su vez, como la reducción de los ingresos externos se traduce en menos ingresos internos, las economías de los países en desarrollo deberían, teóricamente, desacelerarse y quizás también entrar en recesión, dependiendo de la forma en que asuman su política económica y encaren la situación.
No obstante, en esta ocasión los precios internacionales del petróleo no está reduciéndose, existe abundancia de recursos financieros en el mundo a costos mínimos debido a las expansiones monetarias en los países desarrollados, las empresas petroleras buscan nuevos destinos de inversión y las empresas grandes en América latina prefieren endeudarse en el exterior porque los costos financieros domésticos son muy elevados.
De tal modo, la desaceleración se está produciendo en unos sectores y el crecimiento se está dando en otros liderados por el petrolero, evitando una reducción importante del crecimiento total, aunque inducirá una mayor concentración del ingreso en beneficio de los segundos y siendo estos no intensivos en mano de obra, a diferencia de los primeros, un probable desmejoramiento del empleo.
Toda crisis representa un momento de ajuste, cambio o inflexión: Un nuevo arreglo socio-político, una nueva geopolítica, un nuevo orden económico y financiero y una nueva orientación en política económica estarían gestándose. Pueden significar una oportunidad de superación, particularmente en América Latina. Ello es una cuestión de imaginación y de responsabilidad, de quienes las analizan y de quienes toman las decisiones, los académicos y las autoridades políticas.
Los académicos están en la obligación de formular las teorías que expliquen la crisis y ayuden a superarla; las actuales fueron incapaces de predecirla, explicarla y proponer las soluciones respectivas. Las autoridades no sólo deben entenderla, deben generar los mecanismos que permitan superarla, pero no para regresar a la situación pre-crisis sino para avanzar a un nivel superior de desarrollo. Y eso implica nuevas políticas económicas; reproducir las mismas no generará resultados distintos, como sentenciara Albert Einstein: "Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados."
Sobre dichos temas trata el presente texto.
El origen de la actual crisis económica mundial
La Gran Recesión mundial de 2008-2009 es sin duda el origen de la actual crisis europea, ralentización de la economía de los Estados Unidos, desaceleración de la economía china y agudización del lento crecimiento, cuasi parálisis, en Japón que viene ocurriendo desde los años noventa del siglo pasado.
Esa Gran Recesión no apareció del aire. Tampoco es un ciclo más del desarrollo económico con períodos de aceleración y desaceleración. Se inició en Estados Unidos y es consecuencia de graves errores de política económica del gobierno de George Bush hijo, pero iniciadas ideológica y prácticamente a principios de los años ochenta con los gobiernos neo-conservadores de Ronald Reagan (inaugurado en Enero de 1981) en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido (inaugurado en Mayo de 1979).
Esos graves errores de política económica se dieron en los ámbitos monetario, fiscal y de regulación. Como se aprecia en el gráfico adjunto, la política monetaria fue sumamente volátil: en 2001, al inició del gobierno Bush, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) redujo su tasa de interés de 6% a 1.75% para promover el crecimiento, y en 2003 hasta 1%. En 2005-2006 la elevó hasta 5.25%, supuestamente para reducir la inflación, sin éxito, y sin considerar sus efectos sobre prestatarios y productores. En 2007-2008 volvió a reducirla hasta 1%, para evitar la recesión. Actualmente está en casi cero por ciento.
La política fiscal redujo los impuestos a los mayores ingresos. Intentó reducir el gasto civil (educación, salud, pensiones) sin mayor éxito y aumentó el gasto militar en forma notable. El resultado fue un déficit fiscal gigantesco y aumento de la deuda pública que hoy entorpece la solución final de la crisis. Al mismo tiempo otorgó subsidios a los biocombustibles, lo que redujo la producción de alimentos cuando su demanda aumentaba, lo que provocó el aumento de sus precios. Esta inflación, sumada a la de los combustibles y metales, se intentó reducir elevando la tasa de interés, lo que hizo inviable el pago de las hipotecas inmobiliarias, lo que produjo el derrumbe de los derivados financieros y, consecuentemente, la iliquidez e insolvencia de los bancos.
La política reguladora, en un evidente contexto de información asimétrica, evitó regular bancos de inversión y derivados financieros: se pregonaba la autorregulación. Tampoco reguló a las calificadoras de riesgo, con evidentes conflictos de intereses en la calificación de derivados emitidos por los bancos que les pagaban. Resulta que muchos mercados importantes, en particular los financieros, no son eficientes y al actuar libremente produjeron una situación global extremadamente ineficiente.
Las respuestas de política en los Estados Unidos
Los primeros síntomas de una crisis financiera de envergadura comenzaron a notarse con claridad a mediados de 2007 y se convirtieron en pánico bancario tanto en Estados Unidos como en Europa en septiembre-octubre de 2008. Así, las primeras medidas en Estados Unidos y en Europa estuvieron relacionadas con otorgamientos excepcionales de liquidez a las empresas bancarias, garantías gubernamentales a los depósitos bancarios para evitar el colapso del sistema bancario abrumado por los retiros de depósitos y con capitalizaciones de dichas empresas.
En los Estados Unidos la ayuda inicial a los bancos fue por 250 mil millones de dólares, una parte de los 700 mil millones del Programa de Alivio de Activos en Problemas (Troubled Asset Relief Program, TARP) que aprobó el Congreso no sin dificultades. Propuesto con urgencia en septiembre de 2008 por el gobierno Bush para comprar los “activos tóxicos” de los bancos e impedir su colapso por falta de liquidez, fue rechazado por la Cámara de Representantes. La mayoría de los republicanos votó en contra, contra su propio gobierno, aduciendo la inconveniencia de la intervención del Estado en los mercados. Ante la cada vez más deteriorada situación, finalmente, el 3 de octubre de 2008, por presión del gobierno y de los demócratas, el Congreso aprobó la iniciativa e incluyó la posibilidad de que parte de los 700 mil millones se empleara en capitalizar los bancos.
Pero como reflejo de las dificultades y de las incertidumbres de las autoridades para dar una solución efectiva a la crisis, el 12 de noviembre de 2008 el Secretario del Tesoro anunció que ya no emplearía los recursos aprobados para comprar activos tóxicos y que se emplearían para garantizar el flujo de crédito a los consumidores a fin de reactivar la demanda y con ello la recuperación de la industria estadounidense . Nueve de los bancos más importantes de Estados Unidos recibieron esos recursos a cambio de acciones preferenciales que no daban derecho a intervenir en la gestión.
Si inicialmente la respuesta a la crisis en los Estados Unidos fue tímida y no exenta de dificultades políticas, con la nueva administración del Presidente Barack Obama (inaugurada en enero de 2009) se convirtió en masiva, tanto desde el punto de vista fiscal como del monetario. Según Alan Binder de Princeton University y Mark Zandui de Moody’s Analytics, hasta Julio de 2010 el monto comprometido en términos fiscales y monetarios fue de US$ 11.9 millones de millones, los efectivamente provistos fueron US$ 3.5 millones de millones y el costo total fue de US$ 1.6 millones de millones. Así, evitó que lo que acabó siendo la Gran Recesión de principios del siglo XXI se convirtiera en una segunda Gran Depresión similar a la de los años treinta del siglo pasado. En palabras de Binder y Zandui:
“La respuesta del gobierno estadounidense a la crisis financiera y a la Gran Recesión consiguiente incluyó algunas de las políticas monetarias y fiscales más agresivas en la historia. La respuesta fue de múltiples facetas y bi-partidaria, implicando a la Reserva Federal, al Congreso y a dos administraciones… (Los) efectos sobre el PIB real, el empleo y la inflación son enormes y, probablemente, evitaron lo que podría haberse llamado la Gran Depresión 2.0… Sin la respuesta del gobierno, el PIB en 2010 hubiera sido 11.5 % menor, aproximadamente, el empleo se hubiera reducido en por lo menos 8.5 millones de puestos de trabajo y la nación estaría experimentando una deflación… Cuando estos efectos (se dividieron) sobre dos componentes, uno atribuible al estímulo fiscal y otro a la política sobre los mercados financieros, como el TARP, las pruebas de tensión bancaria y las facilidades cuantitativas de la Reserva Federal, (se) estima que el segundo fue considerablemente más poderoso que el primero. Sin embargo, los efectos del estímulo fiscal aparecen también muy sustanciales: elevaron el PIB real de 2010 en 3.4 puntos porcentuales, redujeron la tasa de desempleo en 1.5 puntos porcentuales añadiendo casi 2.7 millones de puestos de trabajo a las nóminas estadounidenses.”
Los límites a la política fiscal y la política partidaria en Estados Unidos
Aunque los estímulos fiscales y monetarios en los Estados Unidos evitaron la segunda Gran Depresión mundial, fueron insuficientes para recuperar plenamente la economía y el empleo. En 2007, víspera de la crisis, la economía estadounidense creció 1.9%, en 2008 decreció 0.3% y en 2009 3.1%; en 2010 se recuperó 2.4% y en 2011 1.8%. Según la OECD en 2012 crecerá 2%; según el FMI 2.1%. Por su parte, la tasa de desempleo más elevada se observó en septiembre de 2009, 10% de la fuerza laboral, tasa que no se observaba en Estados Unidos desde septiembre de 1982 hasta junio de 1983. Aunque se redujo a un dígito, se mantiene aún, persistentemente, en una tasa cercana a 8%; en septiembre 2012 fue de 7.9%.
En 2012 no hubo estímulos fiscales. Los republicanos que controlaban la Cámara de Representantes desde el 2011 y, por lo tanto, los gastos fiscales se opusieron a cualquier estímulo fiscal adicional y a aumentar los impuestos a las personas de mayores ingresos, particularmente en sus rentas de capital, para financiarlo parcialmente. Parecían dispuestos a paralizar la economía y así alimentar el desempleo y el descontento social a fin de evitar la reelección del presidente.
Aun así, contrariando las encuestas pre-electorales que vaticinaban un empate técnico, el 6 de noviembre 2012 los estadounidenses reeligieron por una amplia mayoría al Presidente Obama quien los había salvado de una segunda Gran Depresión. Los estadounidenses votaron también una serie de referéndums estaduales cuyos resultados mostraron una tendencia crecientemente progresista. De seguir capturado por su ala más conservadora, el Partido Republicano tiene poco futuro político por cuenta de las tendencias demográficas y culturales: los jóvenes, los más educados, las mujeres y las minorías, éstas últimas con la mayor tasa de crecimiento poblacional, votan liberal y demócrata.
En su plataforma electoral el candidato republicano prometía eliminar la reforma financiera y la de salud universal aprobadas durante el gobierno Obama, y reducir de inmediato el déficit fiscal. Para esto último prometía reducir los impuestos a los ricos, aumentar el gasto y la presencia militar estadounidense en el mundo, y reducir el gasto civil eliminando programas como Medicare, Medicaid y agencias como la Federal de Emergencias, la misma que resultó clave en la atención a la catástrofe en la costa nordeste ocurrida días antes de la elección por cuenta del huracán Sandy.
Dicha plataforma correspondía a la típica propuesta republicana desde los presidentes Reagan hasta Bush hijo. Se supone que con ella restablecería la confianza de inversionistas y empresarios, es decir una cuestión mágica que haría que destinaran más recursos a la inversión y por ello al empleo. No importaba que nunca haya resultado, que su aplicación haya generado déficit y endeudamiento públicos mayúsculos en épocas de expansión económica, y que, en últimas, sea responsable de la Gran Recesión.
Desde el punto de vista ideológico y cultural las elecciones fueron un debate entre liberales y conservadores, entre tolerancia e intolerancia; desde el punto de vista económico, entre más Estado para salvar a la economía de mercado, y menos Estado aunque ponga en trance de colapso a la misma, como ocurrió en el 2008-2009. Resulta increíble que a pesar de toda la evidencia económica acumulada a través de tantos años, en medio de una situación recesiva para la cual todos los manuales de economía recomiendan políticas expansivas, un candidato republicano con su tradicional plataforma económica hubiera disputado la elección en forma reñida según las encuestas.
No obstante la derrota en las presidenciales, los republicanos lograron mantener el control de la Cámara de Representantes (y los demócratas el control del Senado), con lo que podrían continuar impidiendo cualquier estímulo fiscal adicional, salvo alguna concertación entre ejecutivo y legislativo si la sensatez logra superar a la ideología y a los intereses que defiende. Parece difícil: Inmediatamente después de la elección los republicanos ofrecieron apoyar un pequeño aumento de impuestos a los ricos a cambio de una reducción en los gastos civiles, cuestión muy complicada para un Presidente que logró su reelección con el apoyo masivo de la gente de menores ingresos que demanda esos gastos sociales.
Abismo fiscal, acuerdo de último momento y deuda pública
El primer acuerdo post elecciones en Estados Unidos fue requerido muy rápidamente. De no haberse logrado, a partir de enero del 2013, automáticamente, hubieran entrado en vigencia leyes de previa aprobación que según la Oficina Presupuestal del Congreso hubieran implicado respecto al año fiscal anterior un aumento de 19.6% en la recaudación de impuestos y una reducción estimada de 0.25% en el gasto público, el llamado “abismo fiscal” estadounidense. Para evitarlo, el 2 de enero 2013 el reelecto presidente Obama promulgó la Ley de Alivio del Contribuyente Estadounidense del 2012 (American Taxpayer Relief Act of 2012- ATRA).
El abismo fiscal hubiera conducido a una reducción abrupta del déficit fiscal estadounidense (a la mitad según la misma Oficina). Esa menor demanda hubiera producido un retorno a la recesión de una economía aún en recuperación y, consecuentemente, a mayores tasas de desempleo, estimadas alrededor de 9% para el segundo semestre del 2013, actualmente es de 7%. La recesión hubiera implicado también una caída de la demanda de importaciones, en particular de materias primas.
Tales comportamientos, junto a la crisis europea, que probablemente se agravará en 2013 como consecuencia del manejo restrictivo de sus propias dificultades fiscales, hubieran conducido a una mayor desaceleración de la economía china y de las otras economías asiáticas que, a su vez, hubieran agudizado la reducción de la demanda mundial de exportaciones, en particular de materias primas, y, de tal modo, hubieran producido menores ingresos al resto de los países de menor desarrollo que, a su vez, hubieran experimentado recesiones internas o, al menos, desaceleraciones económicas importantes.
Mejor dicho, de producirse, el famoso abismo fiscal estadounidense era más bien un abismo económico a escala mundial, de reacciones y reducciones económicas sucesivas encadenadas globalmente, gajes de la globalización. Sin posibilidad cierta de ser atajada en el origen, como sí ocurrió en el 2008 cuando se convirtió en la Gran Recesión, esta vez podría conducir a la Segunda Gran Depresión mundial. Por eso el llamado abismo fiscal producía preocupación en el gobierno estadounidense y en no pocos analistas económicos, y urgencia por encontrarle alguna solución antes de que acabara el 2012.
La ATRA estadounidense fue el resultado de difíciles negociaciones entre demócratas y republicanos que expresaban sus profundas diferencias ideológicas y una marcada división al interior de los republicanos, entre moderados y fundamentalistas de extrema derecha. Lo que los líderes de ambos partidos buscaban era evitar la reducción abrupta del déficit fiscal, el abismo fiscal. Los extremistas de derecha, consecuentes con su ideología de gobierno limitado, hubieran preferido incluso una reducción más abrupta del déficit con una reducción mayor de impuestos y aún más del gasto, eliminado todo tipo de gasto social.
Las partes transaron básicamente por el lado de los impuestos. El acuerdo final significó el aumento respecto a las tasas vigentes en 2012 del impuesto a los ingresos superiores a los 400 mil dólares anuales en el caso de individuos y de 450 mil dólares para las parejas con declaración conjunta. Como bien notaron varios analistas, fue la primera vez desde 1993 que las tasas del impuesto a los ingresos se aumentaron en los Estados Unidos.
A cambio de dichos aumentos, los republicanos exigieron una mayor reducción del gasto público, pero las decisiones al respecto fueron postergadas por dos meses, hasta cuando se dé la discusión sobre el límite de la deuda pública. En esa oportunidad, seguramente, intentarán presionar por la reducción del gasto social. Los demócratas, a su vez, intentarán una mayor reducción del gasto militar.
Para justificar su posición sobre la deuda pública estadounidense, los republicanos argumentan, curiosamente, que la misma habría llegado a niveles insostenibles, superiores al 100% del PIB. Olvidan que es una deuda en su propia moneda, en gran medida con los mismos estadounidenses, y que al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año fiscal de 1946 (octubre 1946-septiembre 1947), la deuda del gobierno federal, con la que financió el esfuerzo de guerra y acabó la Gran Depresión luego de 15 años, era equivalente a 121.96% del PIB; en 1941 había sido de 45.41%. Durante los siguientes 35 años, en su mayoría de gobiernos demócratas, la deuda se redujo sistemáticamente y al final del gobierno del Presidente Carter, en el año fiscal de 1980, era equivalente a 32.6% del PIB.
Olvidan también que fueron los siguientes gobiernos republicanos los responsables de aumentar nuevamente la deuda pública. En 1988 al final del gobierno Reagan equivalía a 51% del PIB y al final del gobierno Bush padre en 1992 era equivalente a 62.1%; la reducción de impuestos a los ricos y el aumento del gasto militar fueron los principales responsables. Fue el Presidente Clinton, demócrata, quien al final de su mandato en 2000, la redujo a 56.56%, y el Presidente Bush hijo la elevó nuevamente hasta 69.5% en 2008. La Gran Recesión y los esfuerzos fiscales por contrarrestarla hicieron que durante el Gobierno Obama aumentara a 85.2% en 2009, llegando a 105.32% en 2012.
Si las negociaciones sobre el techo de la deuda pública fracasan, el tema del abismo fiscal podría surgir nuevamente y el gobierno Obama podría no lograr mayores estímulos fiscales. De tal modo, la recuperación de la economía estadounidense tendrá que seguir descansando en los estímulos monetarios, como ha venido ocurriendo desde que los republicanos tomaron control de la Cámara de Representantes en noviembre de 2010, hasta que la pierdan, probablemente en las elecciones del 2014.
La política monetaria como único mecanismo expansivo
Sin instrumentos fiscales, quien está tratando de recuperar la economía estadounidense con una política monetaria sumamente expansiva es el banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal (FED). Ciertamente no es lo ideal y augura una recuperación muy lenta. La expansión fiscal en forma de más empleos públicos e inversiones en infraestructura, que también generan empleo, le llega a las personas de menores ingresos quienes son las que más los necesitan. La expansión monetaria que no financia una expansión fiscal le llega a los propietarios de títulos financieros que quieran venderlos; los recursos correspondientes se redistribuyen en la economía si los emplean para aumentar el consumo o desarrollar alguna inversión productiva.
Con la expansión monetaria la FED no ha hecho nada más que cumplir la misión que la Ley le otorga: “Conducir la política monetaria nacional a través de influenciar las condiciones monetarias y crediticias en la economía con el propósito de lograr máximo empleo, precios estables y tasas de interés moderadas en el largo plazo”, en ese orden. Para el efecto, no sólo ha mantenido su tasa de referencia casi en cero por ciento desde diciembre del 2008; ha anunciado que la mantendrá en ese nivel hasta el 2015. Así mismo ha desarrollado, con la oposición beligerante de los republicanos, dos rondas de las llamadas flexibilizaciones cuantitativas (Quantitative Easing en Inglés) en montos y tiempos limitados, es decir compras de títulos respaldados por hipotecas y títulos del Tesoro, y una operación de sustitución de títulos con madurez de corto plazo por títulos de largo plazo.
El 13 de septiembre del 2012 la FED anunció su tercera flexibilización por US$ 40 mil millones de dólares mensuales “hasta que mejore sustancialmente la situación de desempleo”. Según la FED, sin expansiones monetarias adicionales el crecimiento económico no sería lo suficientemente fuerte para generar una mejora sustancial en las condiciones del empleo. En su justificación consideró adicionalmente que las dificultades en los mercados financieros mundiales continúan representando riesgos negativos a las proyecciones económicas y que la inflación en el mediano plazo estaría alrededor del objetivo de 2 por ciento anual.
Sin embargo, esas expansiones resultan relativamente pequeñas con relación al monto de las transacciones realizadas en la economía estadounidense. Así, mientras que en el 2009 el PIB, que además no representa el total de las transacciones realizadas en la economía sino la parte correspondiente al valor añadido en el proceso productivo por pago a los factores de producción, era de US$ 13.86 millones de millones, el total de la primera flexibilización cuantitativa entre noviembre de 2008 y mayo de 2010 fue de US$ 1.75 millones de millones, es decir 12.6% del primero.
A su vez, como se aprecia en el cuadro adjunto, las expansiones monetarias de la Reserva Federal, o la de los bancos centrales japonés y europeo, no han significado un crecimiento significativo de los medios de pago (M2) con relación al PIB. En el 2007 el M2 en los Estados Unidos representaba 82.1% del PIB, en 2008 87.2% pero en 2011, luego de las flexibilizaciones cuantitativas 1 y 2, el M2 respecto al PIB era de 86%. En el caso japonés, el M2 con respecto al PIB del año 2011 fue similar al del año 2000. Y en Europa, tanto en la Eurozona como en la Unión Europea, si bien la relación M2/PIB aumentó entre 2007 y 2009, a partir de entonces declinó hasta el 2011.
Dicha limitada expansión de los medios de pago totales ha ocurrido, en gran medida, porque la expansión del circulante ha compensado la caída del cuasi dinero, es decir los depósitos de los agentes económicos en las instituciones financieras, como consecuencia de la recesión o de la desaceleración económica. Así, mientras el dinero en Estados Unidos aumentó sostenidamente de 9.9% del PIB en 2007 a 15.4% en 2011, los cuasi dineros pasaron de 72.2% a 70.6% en los mismos años. En Japón, entre el 2000 y el 2011, el dinero pasó de 58.9% del PIB a 115.7%, mientras que el cuasi dinero se redujo de 181.7% del PIB a 124.3%.
No debería sorprender que esas generosas expansiones monetarias no hayan tenido impacto inflacionario. Como se indicó, son relativamente pequeñas respecto al tamaño de las transacciones totales realizadas en la economía, han sustituido en gran medida la reducción de los depósitos y una parte importante ha sido absorbida por el resto del mundo. Tampoco debe olvidarse que en los tiempos actuales, particularmente desde la aparición de las tarjetas de crédito y de débito, la demanda en los mercados no depende sólo del circulante o efectivo en poder de los agentes económicos, el dinero que se expresa en el denominado M1 (circulante más cuentas corrientes), sino de la totalidad de los medios de pago, que se expresa en el llamado M2 (M1 más depósitos).
La política económica y la actual crisis en Europa
Las respuestas a la Gran Recesión en Europa fueron mucho más tímidas. Irlanda fue el primer país que garantizó la totalidad de los depósitos de su sistema bancario, por 400 mil millones de euros, el 2 de octubre de 2008. La medida indujo un retiro voluminoso (una corrida) de depósitos en los bancos ingleses cuyo gobierno también se vio obligado a dar esa garantía. Casi inmediatamente el resto de gobiernos europeos tuvo que ofrecer garantías similares.
Más allá de las garantías a los depósitos bancarios, los gobiernos europeos actuaron básicamente a través de la política fiscal. Inicialmente aumentaron el gasto para sostener el empleo y a sus bancos, aunque dos años después, cuando el endeudamiento público derivado del mayor déficit fiscal comenzó a presionar a sus cuentas, convirtieron su política fiscal en una búsqueda de austeridad a toda costa. Dicho cambio fue presionado por los gobiernos de Alemania y Francia, la Comisión de la Unión Europa, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas últimas organizaciones lideradas por los primeros.
Por su parte, particularmente en la Eurozona, la política monetaria a cargo del BCE fue sumamente restrictiva. En medio de una Gran Recesión ya declarada, recién en octubre de 2008 redujo su tasa de interés de 4.25%, vigente desde junio de 2000, a 3.75%, llevándola progresivamente hasta 1% en mayo de 2009. Y aunque parezca increíble, para combatir un supuesto brote inflacionario, en un contexto tan grave como el señalado, en abril de 2011 luego del rescate de Portugal, el BCE elevó su tasa de interés de 1% a 1.25% y en julio 2011 volvió a elevarla a 1.5%; mientras tanto, la FED la mantenía en 0% y el Banco de Inglaterra en 0.5%. No obstante, en noviembre de 2011, luego del cambio de su presidente, revirtió su decisión y su tasa volvió a 1.25% y en diciembre a 1%. Actualmente se encuentra en un nivel de 0.75%.
Luego de dichos hechos y políticas, para sorpresa del mundo entero, a abril de 2012 la recesión golpeaba a Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia y, en menor grado, a Bélgica, Holanda y Eslovenia. La recesión también se daba en otros participantes de la Unión Europea, incluyendo al Reino Unido, Dinamarca y la República Checa. Desde entonces hasta la fecha la situación se ha agravado y asemeja ya a una depresión en algunos países: Grecia, España, Portugal e Irlanda.
¿Pero por qué los países europeos, particularmente los del Mediterráneo, supuestamente desarrollados, están pasando por una crisis económica gravísima, de naturaleza parecida a la que atravesó América Latina en los años 80 del siglo pasado?
La recesión en Estados Unidos se trasladó a Europa y al resto del mundo por vía financiera, menores flujos de comercio y caída de los precios de las materias primas, y se convirtió en Gran Recesión cuando afectó el crecimiento en todo el mundo. La reducción notoria de los ingresos externos, que se tradujo en reducción de los ingresos internos, prácticamente paralizó las economías domésticas y en los países europeos mediterráneos derrumbó el turismo, una de sus principales actividades. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2009 en España 10.7% del PIB y 12.7% del empleo eran generados por el turismo, en Grecia las tasas respectivas eran 6.6% y 7.3% y en Italia 4.8% y 9.7%, para mencionar tres casos problemáticos.
Ello les representó menos ventas, menos producción, menos empleos, salarios y utilidades. En consecuencia, cayó la recaudación tributaria y como debieron aumentar el gasto fiscal para evitar una recesión mayor, el déficit público alcanzó niveles elevadísimos. Según el Banco Mundial, entre 2007 y 2009 el déficit fiscal en Grecia pasó de 6.6% a 15.3% del PIB, en Italia de 1.3% a 4.9% y en España de un superávit de 2.4% a un déficit de 8.6%.
Consecuentemente, el tamaño de la deuda pública llegó a niveles insospechados. Para los mismos países, la deuda pública de Grecia en 2010 según el FMI representaba 142.7% de su PIB, la de España 60.1% y la de Italia 119%. Uno de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht señala como límite para la deuda pública total (externa e interna) el 60% del PIB.
El problema de España era, ciertamente, diferente: su deuda pública no era tan elevada, la que era elevada era la deuda privada. Los cuadros adjuntos muestran la dimensión de dicha deuda así como la de varios otros países. Aunque parezca increíble, la deuda privada de los españoles pasó de representar 97.7% del PIB en 2000 a 211.6% en 2010. A su vez, el crédito doméstico provisto por el sector bancario español pasó de 115.2% del PIB en 2000 a 231.4% en 2010. En ningún otro país el endeudamiento creció de tal manera en tan corto periodo de tiempo.
Tal endeudamiento, se originó en un crecimiento acelerado de los créditos hipotecarios, al igual que en Estados Unidos en los años previos a la crisis, que generó una elevación de los precios inmobiliarios. Cuando se produjo la crisis, al quedarse sin ingreso muchos de los españoles endeudados no pudieron pagar sus créditos, con lo que se paralizó el sector inmobiliario y la construcción y puso en grave aprieto a los bancos españoles, endeudados, a su vez, con bancos alemanes y franceses.
Si los deudores no pagan sus deudas masivamente, los acreedores y los tenedores de los bonos correspondientes, en este caso los grandes bancos europeos, son los que enfrentan serias dificultades. Europa, sin financiamiento, tendría una recesión gravísima y prolongada. Con ella, la Unión Europea, la Eurozona, la política monetaria común y el Euro se debilitarían fuertemente. En ese contexto, no queda más remedio que ayudar a los países, aunque la misma se condicione a determinados “ajustes” internos. Pero si los ajustes y los rescates fracasan, los países altamente endeudados e incapaces de honrar sus obligaciones tendrían que salir de la Eurozona, se reducirían las transacciones y el comercio entre sus miembros y con ello sus niveles de ventas, producción y empleo.
En el caso griego, para la actual Canciller alemana y el entonces Presidente francés la disyuntiva era ayudar a los griegos para salvar a los bancos alemanes y franceses, provocando la ira de sus electores por ayudar a “irresponsables”, o abandonar a Grecia, forzar su salida de la Eurozona y ayudar a esos bancos directamente, a un costo mayor, provocando una ira similar por ayudar a “inescrupulosos”. La cuestión es clara: si Grecia, España o Italia salen de la Eurozona, alemanes y franceses tendrán que asumir la totalidad del rescate de sus bancos.
Sin alternativa, en mayo del 2010, los gobiernos europeos encabezados por Alemania y Francia se comprometieron a “salvar” a Grecia con un primer paquete de 110 mil millones de euros; el FMI adicionó 30 mil millones. Simultáneamente crearon un fondo de rescate, ahora de un millón de millones de euros, para “salvar” a España, Portugal, Irlanda e Italia, si fuera necesario. Así mismo, fue creado el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para preservar la estabilidad de la unión monetaria a través de una asistencia financiera temporal a los miembros con problemas.
Crisis europea, ajuste y desempleo
La crisis y la manera como se abordó en Europa han generado una situación que se suponía posible sólo en los países en desarrollo: crisis económica, asistencia financiera y “ajuste” para, supuestamente, ayudar a resolverla. La asistencia financiera que se está otorgando a los países europeos en problemas está sujeta a condiciones económicas y financieras estrictas como parte del fundamentalismo fiscal que impulsa Alemania. Las condiciones incluyen reordenamientos fiscales, aumento de impuestos, reducción de salarios y pensiones, menores gastos públicos, venta de activos estatales. El FMI está encargado de supervisarlas.
El ajuste se aplica más o menos en los mismos términos, con diferentes magnitudes, en todos los países en dificultades y aún en los países supuestamente sin dificultades como Alemania y Francia. En el caso griego, la ayuda financiera y la reducción de su deuda, lideradas por Alemania, fueron otorgadas a cambio de un ajuste draconiano que incluyó: despido de 15 mil empleados públicos, reducción de otros gastos fiscales, aumento de impuestos, reducción del salario mínimo en 25%, venta de empresas y activos públicos. Por su parte, en octubre de 2011, tras arduas negociaciones, lograron que los bancos redujeran “voluntariamente” la deuda griega en 50 por ciento. Las autoridades griegas aceptaron el paquete para poder cumplir sus obligaciones financieras y, en últimas, no salir de la Eurozona.
Los ajustes implican una notoria caída de ingresos que se traduce en menos compras, menos ventas, menos producción y, consecuentemente, más desempleo. A marzo de 2012, según la organización estadística de la Unión Europea, Eurostat, el desempleo en la Unión afectaba a 24.7 millones de personas, equivalente a una tasa de desempleo de 10.2%, de los cuales 17.4 millones, equivalente a una tasa de 10.9%, estaban localizados en la Eurozona. Por su parte, a la misma fecha, la tasa de desempleo entre los jóvenes en la Unión Europea era de 22.6 % y en la Eurozona de 22.1 %.
A esa fecha, las mayores tasas de desempleo en la Unión Europea correspondían a España, 24.1 %, y a Grecia, 21.7 % (en enero 2012). Para los jóvenes las mayores tasas de desempleo se daban también en Grecia, 51.2 % (enero 2012) y en España, 51.1 %. Dichas tasas son similares a las que se dieron en las peores épocas de la Gran Depresión del siglo pasado cuando la tasa de desempleo en los Estados Unidos llegó a 25%. Por su parte, las tasas de desempleo más bajas se daban en Austria (4.0 %), Holanda (5.0 %), Luxemburgo (5.2 %) y Alemania (5.6 %); para los jóvenes las menores tasas se daban en Alemania (7.9 %), Austria (8.6 %) y Holanda (9.3 %).
El desempleo en Europa ha venido aumentado en forma notoria. Entre marzo 2011 y marzo de 2012 se incrementó en 2.1 millones de personas en la Unión Europea y en 1.7 millones en la Eurozona. La tasa de desempleo se incrementó en 19 de los países miembros y se redujo en 8. A marzo de 2011 la tasa desempleo en la Unión Europea era 9.4% y en la Eurozona 9.9%; con relación a los jóvenes, la tasa en la Unión Europea era 21.0 % y en la Eurozona 20.6 %. Los mayores incrementos en el desempleo se produjeron en Grecia (de una tasa de 14.7 % a 21.7 %, entre enero 2011 y enero 2012), España (de 20.8 % a 24.1 %) y Chipre (de 6.9 % a 10.0 %).
Más grave todavía. Tal como ocurrió durante la Gran Depresión en Estados Unidos, el aumento del desempleo y, más aún, el desmantelamiento de la red de seguridad social como consecuencia de las medidas de austeridad están llevando a la desesperación y al suicidio a una cantidad cada vez más numerosa de personas. En 1929, el año del crash de la bolsa de New York, la tasa promedio de suicidios por 100 mil habitantes en Estados Unidos se elevó a 18.9 y se mantuvo en 15.4 entre 1930 y 1940, habiendo sido de 12.1 promedio entre los años 1920 y 1928). Según cifras oficiales, entre 2007 y 2009 la tasa de suicidios entre los hombres en Grecia aumentó más de 24%, en Irlanda más de 16% y en Italia los suicidios motivados por razones económicas aumentaron 52%, desde 123 en 2005 a 187 en 2010.
Un estudio reciente muestra la relación entre los cambios en las tasas de desempleo y la tasa de suicidio en las personas menores de 65 años en la Unión Europea. Según el estudio, tanto en los nuevos estados miembros como en los antiguos el desempleo no aumentó hasta 2009; a partir de entonces aumentó rápidamente hasta situarse 35% por encima del nivel de 2007 (aproximadamente 2.6 puntos porcentuales). Por su parte, en ambos grupos de países la tasa de suicidios se redujo en forma sostenida, con una tendencia estable, hasta el 2007; a partir de la crisis la tendencia se revertió en forma inmediata. En 2008 los suicidios en los nuevos Estados miembros aumentaron en menos de 1% pero en los antiguos aumentaron casi en 7%; en 2009 aumentaron mucho más en ambos grupos de países. Sólo Austria tuvo menos suicidios en 2009 que en 2007, 5% a la baja; en los otros países el aumento fue al menos de 5%. Según los autores esos cambios se encuentran en el límite superior de sus estimaciones según las cuales un aumento del desempleo de más del 3% aumenta la tasa de suicidios en 4.45%.
Ajuste europeo y movilizaciones sociales
Como perder ingresos y beneficios y, consecuentemente, calidad de vida no satisface a nadie, más aún si es de manera importante, genera conflictos sociales, tanto más graves cuanto mayor es el ajuste. A su vez, como los resultados que van apareciendo en Europa muestran un desempleo cada vez mayor y un déficit fiscal que no se soluciona, la percepción generalizada es que el ajuste no está teniendo éxito, lo que genera más incertidumbre, más insatisfacción y un desasosiego generalizado que se traduce en menor gasto privado como medida precautoria y, por lo tanto, en mayor recesión y conflicto.
Las protestas, movilizaciones, paros y huelgas contra el ajuste en Grecia, España, Portugal, Irlanda e incluso Italia y Francia son cada vez más masivos y frecuentes. Los trabajadores y sindicatos protestan y se movilizan, pero también los ciudadanos más diversos, incluyendo propietarios de pequeñas empresas afectadas, empleados públicos y de empresas disminuidas por la crisis, desempleados, estudiantes, pensionados, amas de casa, marginados, etc. En España, gran parte de todos ellos, se conglomeran en el denominado movimiento de los “Indignados”. Su irrupción, sorpresiva y pacífica, en las principales ciudades españolas ha sido posible, en gran medida, por la existencia y masificación de las redes sociales y de los medios modernos de comunicación.
Los indignados españoles no parecen tener una ideología definida, mayor organización, dirigencia clara o propuestas priorizadas. No parecen cuestionar en conjunto el modo de vida ni el consumismo de la sociedad moderna. Pero su rechazo sí alcanza al “rentismo”, es decir la posibilidad de generar rentas sin crear riqueza, de la clase política, que usufructúa el poder político en su beneficio, y de los dirigentes y propietarios de las grandes empresas y bancos, que aprovechan las fallas en los mercados y la insuficiencia e inadecuada regulación estatal para beneficiarse económicamente a costa del resto de la población.
La acusación principal de los indignados es que los partidos tradicionales, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), junto con los bancos y las grandes empresas son los culpables de la crisis económica, de desconocer su responsabilidad en su gestación, del manejo equivocado de la misma pues no conduce a su solución, de haber descargado la carga del ajuste en quienes no son los responsables, la población de menores ingresos, y de actuar en beneficio de los propietarios y empresarios de las grandes empresas y bancos.
Para los indignados los partidos tradicionales han actuado de esa manera porque no representan los intereses de la gran mayoría de la población sino los de los políticos que aglutinan y los de las grandes empresas y bancos. Así, el común denominador de los indignados pareciera ser su rechazo cada vez más marcado al sistema político encarnado en el duopolio de los dos partidos tradicionales, la “alternancia sin alternativa” como lo califican.
De tal modo, pareciera clara la existencia de una crisis de representatividad que conduce a reclamar al sistema político nuevas instituciones que permitan una democracia real, directamente participativa, menos intermediada, más transparente y flexible, y una menor (o ninguna) influencia de dichas grandes empresas y bancos en el quehacer político, planteando incluso la intervención (o nacionalización) de la banca que haya sido “rescatada”, una reforma fiscal fuertemente progresiva y la implantación de un impuesto a las transacciones financieras (el llamado impuesto Tobin). La resolución del conflicto implica, entonces, una salida política (ver acápite siguiente sobre el ajuste y las crisis políticas).
Para algunos analistas la movilización de los indignados está emparentada con la que ocurre simultáneamente en los países árabes, la llamada Primavera Árabe, que causó el derrocamiento violento de varios líderes árabes y su sustitución por regímenes aún en proceso de construcción. No obstante, claramente, tienen distintos orígenes, objetivos, métodos y consecuencias (ver acápite sobre la Primavera Árabe más adelante).
Recuerda también la movilización de mayo de 1968 de los estudiantes parisinos que repercutió en toda Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Ciertamente ambas son movilizaciones populares pero la revuelta parisina del 68, a veces violenta, tenía líderes identificados, fundamentalmente estudiantes, en su mayor parte de raíces marxistas que inspiraban sus acciones en la guerra de Vietnam, la Revolución Cubana y la Revolución Cultural china iniciada en 1966.
Los parisinos manifestaban contra el autoritarismo del General De Gaulle y de la V República, pero también contra el consumismo, la represión cultural y sexual de la burguesía francesa. Querían tomarse el poder y cambiar el sistema político y económico, pero principalmente generar una corriente libertaria y transformar la cultura y las costumbres sexuales: “prohibido prohibir” y “la imaginación al poder” era dos de sus lemas principales. Sobre lo primero fracasaron: nunca llegaron ni siquiera cerca al poder, aunque sí lograron mayor libertad en los sistemas educativos; sobre lo segundo tal vez sólo catalizaron algo que iba a ocurrir de todos modos como consecuencia de los cambios tecnológicos, la aparición de la píldora anticonceptiva en los años 60 del siglo pasado, y la existencia de una aspiración social hasta entonces reprimida.
Ajuste y crisis políticas
Tarde o temprano las crisis económicas y sociales de envergadura desembocan en crisis políticas. Así, la crisis europea ha desembocado también en lo propio. No distinguió entre gobiernos de izquierda democrática como el de Papandreu en Grecia y Rodríguez Zapatero en España o de derecha como el de Berlusconi en Italia. Más adelante, en abril 2012 le costó la presidencia al presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien perdió su reelección ante el candidato socialista Francois Hollande cuya bandera electoral fue revisar la “receta” del ajuste para completarla con una “receta” para el crecimiento. A su vez, las elecciones en Grecia, también en abril 2012, pusieron al descubierto la crisis de gobernabilidad existente al producir un resultado que no le permitió a ninguno de los cuatro candidatos más votados formar gobierno y en la que los opositores del ajuste superaban a los que lo apoyaron desde el anterior gobierno.
En todos los casos el proceso se desencadena en forma similar: La crisis económica da pie a unos ajustes fiscales que se postulan como solución; los mismos producen una reducción del ingreso de la población que conduce a protestas y a una crisis social; con ello arriba la pérdida de apoyo popular al gobierno que acaba con su mayoría en el parlamento o electoralmente, que se traduce en una crisis política.
Pero la historia tiene sus complicaciones y es siempre aleccionadora: Luego de la primera guerra mundial, las desmedidas reparaciones que los aliados impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles generaron un rechazo inmenso entre los alemanes. Ello, entre otros elementos, facilitó el fortalecimiento del nazismo que abanderó las protestas contra dichas reparaciones y estimuló el pasaje a la segunda guerra mundial y a los millones de muertos que produjo. Grecia o España ciertamente son hoy sociedades y Estados muy diferentes a la Alemania de los años veinte, pero enfrentan ajustes similarmente excesivos y conflictos y movilizaciones sociales no despreciables que deben ser atendidos; las consecuencias políticas, más allá de lo ya producido, pueden ser imprevisibles.
En efecto, como la crisis española continúa agravándose y la población se indigna cada vez más, el gobierno es también cada vez más impopular. No obstante, parece aún muy prematuro para que colapse y tiene, además, una amplia mayoría parlamentaria. De tal modo, lo que puede colapsar es España; a menos que la crisis se supere, lo que parece poco probable en el corto y mediano plazo, o que se logre un amplio acuerdo político para un nuevo gobierno de coalición, que podría tener poco éxito si no incluye la reorganización del Estado, los partidos, la representación política y la participación popular.
En las elecciones autonómicas del 21 de octubre 2012, los nacionalistas vascos seguidos de la izquierda soberanista ganaron las elecciones en el País Vasco: 48 diputados sobre un total de 75. Por su parte, el 25 de noviembre 2012 se realizaron elecciones anticipadas en Cataluña. Los partidos pro-independencia ganaron 74 sillas de las 135 del parlamento catalán haciendo probable que un referéndum independentista sea realizado en los próximos cuatro años. Aspiración de vieja data, las encuestas muestran que la mayor parte de los catalanes votarían a favor de la independencia. Cobró fuerza luego que el 20 de septiembre 2012 fracasó la negociación entre Barcelona y Madrid por una mayor autonomía fiscal catalana e, implícitamente, por un ajuste más flexible.
Si la independencia catalana triunfa, el País Vasco, con la misma aspiración también de vieja data y con un gobierno regional liderado por los independentistas, seguirá el mismo camino. Se independizarán así las regiones más desarrolladas de España: una manera de acercar el gobierno a una sociedad más pequeña, de evitar la transferencia de recursos al centro y a las regiones menos desarrolladas de España, y de fortalecer sus respectivas culturas. Ambas seguramente trataran de mantenerse en la Unión Europea. Y España se reducirá a Madrid, centro administrativo diseñado para un país más grande, y a las regiones menos desarrolladas, innovadoras y emprendedoras.
¿Solución europea sin ajuste?
El problema con la solución del ajuste es que produce una caída en la demanda y si el ingreso mundial no se recupera o la productividad de griegos, españoles e italianos no converge con la de alemanes y franceses para volverlos más competitivos (según la OCDE en 2009 la productividad laboral griega era 64% de la alemana, la italiana 82% y la española 89%), no existe forma de que recuperen su nivel de ingreso y antes bien el ajuste genera una espiral perversa de menos ingresos, menos demanda, menos producción y menos ingresos. En ese contexto, ajustes y ayudas financieras son insuficientes para recuperar esas economías. Lo que necesitan es crecer más, es decir: producir más.
Otro tipo de “solución” podría darse si Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia salieran de la Eurozona. Seguramente tendría características similares a la que adoptó Argentina en 2001 cuando abandonó su convertibilidad cambiaria uno a uno entre su moneda y el dólar estadounidense en la culminación de su crisis: un “default” de la deuda pública ya no del 50% sino del 80% y la devaluación de sus respectivas nuevas monedas de 300 o 400%.
Como consecuencia, se elevarían los precios domésticos y se reduciría el salario real notablemente. De tal modo, a diferencia de la solución del ajuste por vía de cantidades, es decir de la reducción de los ingresos nominales para hacerlos compatibles con la tasa de cambio común existente, el ajuste se produciría vía precios, con otra tasa de cambio y otros precios de bienes y servicios, y la reducción del ingreso real.
Pero al disponer de una mayor competitividad cambiaria, las actividades productivas de bienes exportables y que sustituyen importaciones podrían recuperarse rápidamente al volverse más competitivas, en particular el turismo, una de sus principales fuentes de divisas, y con ello lograr tasas elevadas de crecimiento, como en la Argentina postcrisis.
Dicha “solución” estaría aparentemente descartada por voluntad propia de dichos países y su interés manifiesto de seguir perteneciendo a una comunidad que agrupa a las naciones más importantes del mundo desarrollado; voluntad e interés no sólo de los dirigentes sino también de la mayoría de la población como lo muestran las encuestas que se han realizado al respecto. No obstante, las realidades económicas pueden ser más tercas y exigentes: el tiempo lo dirá.
Estancamiento económico, terremoto y tsunami en Japón
En 2009, según el Banco Mundial, la economía japonesa decreció 5.5% y en 2008 1.0%; en 2010 recuperó su crecimiento a 4.4% pero en 2011 volvió a decrecer 0.7%. Luego de crecer a una tasa promedio de 9.3% en la década de los años sesenta, 4.5% en los setenta, 4.6% en los ochenta, su tasa de crecimiento se redujo a 1.1% en la década de los años noventa y a 0.8% entre el año 2001 y el 2010, el peor comportamiento en este último periodo entre las economías más grandes del mundo incluyendo Estados Unidos (1.8%), China (10.3%) y la Unión Europea (1.5%).
Japón tiene una economía estancada desde hace dos décadas, por lo menos. Y una inestabilidad política grande: Seis Primer Ministros en los últimos seis años. No obstante, en 2009, a dólares constantes del año 2000, el ingreso per cápita de los japoneses (38,777) era superior al de los estadounidenses (37,016), al de los europeos (24,178) y, ciertamente, al de los chinos (2,206). Difícil esperar que esta crisis, por grande que sea, reduzca significativamente ese estándar de vida.
En ese contexto, el viernes 11 de marzo de 2011 un fuertísimo terremoto de 9.1 grados de intensidad golpeó al Japón. El terremoto, el mayor en 140 años de la historia japonesa, junto con el tsunami que generó destruyeron la costa nordeste del país. Adicionalmente, produjo graves daños en la central nuclear de Fukushima I, una de las 25 mayores del mundo con un conjunto de 6 reactores nucleares y una potencia total de 4.7 GW, y en menor grado en otras tres centrales japonesas. Preocupó a todo el mundo por las fugas de radioactividad que produjo.
Los problemas económicos pueden agravarse con catástrofes naturales y, muchas veces, generan hechos y decisiones políticas y económicas que cambian las trayectorias establecidas. El terremoto japonés de marzo de 2011 y el consecuente tsunami no sólo significaron pérdida de vidas, destrucción de capital y contaminación ambiental para una economía paralizada desde hace dos décadas. Generó adicionalmente un cuestionamiento mundial a la producción nuclear de energía.
Así, poco después de la catástrofe, Alemania anunció que hacia el 2022 cerrará todas sus plantas nucleares de las cuales depende el 23% de su abastecimiento energético. A su vez, el Presidente Hollande anunció que Francia, mediante impuestos y subsidios a considerarse a partir del presupuesto de 2013, disminuirá su dependencia respecto al petróleo y en particular de la energía nuclear de la cual depende el 80% del abastecimiento energético (espera reducirla a 50% al año 2025), y buscará desarrollar fuentes de energía renovable y carros y edificios eficientes desde el punto de vista energético. Ello conducirá inicialmente, en un plazo más o menos corto, a un aumento de la demanda petrolera y más adelante a su reducción, cuando esas otras fuentes energéticas alternativas resulten viables económicamente y operen de manera masiva.
Los resultados de la catástrofe se tradujeron en una pérdida de 15 mil vidas humanas y en una desaparición de 4 mil personas. Se habló de 210 mil desplazados por la crisis de las centrales y de 380 mil por el terremoto y el tsunami. Los estimados sobre la magnitud de la destrucción del stock de capital indican una cifra de US$ 35 mil millones como el costo asegurado.
La respuesta inmediata del gobierno japonés fue destinar 100 mil soldados a las tareas de rescate y limpieza. En poco tiempo desarrolló una fuerte expansión del gasto público para las tareas de reconstrucción. A su vez, el Banco Central anunció la inyección de 15 millones de millones de yen (US$ 184 mil millones) a fin de garantizar el flujo de dinero requerido a empresas y familias. Como era de esperar, luego del terremoto, el índice de la Bolsa de Tokio cayó 6%; las mayores pérdidas se dieron en las empresas aseguradoras.
El Primer Ministro japonés calificó el desastre como el más grave que sufre el país desde la segunda guerra mundial invitando a construir un nuevo Japón. No será a partir de cero. Japón es un país rico que tiene las capacidades empresariales, la población educada y los recursos de capital para recuperase. Paradójicamente, el terremoto puede haber inducido el estímulo fiscal y monetario necesario para remontar la crisis económica que los abruma desde hace algún tiempo.
De hecho, una de las principales críticas que se hace a la política económica japonesa es que en las últimas dos décadas siempre actuó en la dirección correcta pero siempre en forma insuficiente. Donald Kohn, hasta hace poco Vicepresidente de la FED, decía que la experiencia japonesa le había dejado dos lecciones: 1) La necesidad de ser agresivos en la provisión de estímulos a la economía en las épocas de crisis y 2) evitar su cancelación antes de tiempo. Tal concepción pareciera haber calado en las decisiones de la Reserva Federal que, como se señaló, pareciera no escatimar esfuerzos para tratar de sacar a su economía de la crisis.
En esta oportunidad, un poco como respuesta y siguiendo el ejemplo de la FED, el 19 de setiembre de 2012, el Banco del Japón anunció que ampliará el tamaño y la duración de su programa de compra de bonos del gobierno japonés a fin de estimular el crédito y el gasto así como para hacer más competitivas a las exportaciones japonesas manteniendo reducida la tasa de interés y devaluando su moneda. Anunció que expandiría su compra de activos y su programa de préstamos hasta el final de 2013 en 10 millones de millones de yen (US$ 126 mil de millones), hasta 80 millones de millones de yen (US$ 1 millón de millones), adicional a sus compras anuales usuales de 21.2 millones de millones de yen (US$ 273 mil millones). Así mismo, anunció que mantendrá su tasa de interés entre cero y 0.1%.
El caso chino
Si estadounidenses, europeos y japoneses no compran en forma creciente debido a sus propias debilidades económicas, los chinos no tienen para quién producir crecientemente y, por lo tanto, enfrentan también su propia desaceleración. En 2012 China crecería 7.5%, por debajo del 10% o más de las últimas décadas.
¿Pero por qué China tiene ahora tanta importancia? ¿Cómo así un país que hace treinta años era considerado paria es ahora la tercera economía mundial después de Europa y Estados Unidos? ¿Cómo así, según el Banco Mundial, China ha logrado reducir la pobreza de su población de un total de 84% en 1979 a 16% en 2010? ¿Porqué China crece a tasas tan altas, de una manera sostenida, durante tanto tiempo, a diferencia, por ejemplo, de los países latinoamericanos? Ciertamente, no fue con buenos deseos ni menos apelando a ideologías. Simplemente, la aplicación de una política económica exitosa ha convertido a China en la tercera economía mundial en menos de tres décadas.
El crecimiento de la economía depende del crecimiento de la producción. Pero para ello tiene que contar con demanda suficiente. Si la demanda interna es pequeña, porque los ingresos de la mayor parte de la población son reducidos, para poder crecer elevada y sostenidamente es necesario acceder a la demanda externa. Si la demanda externa es muy grande para un país económicamente pequeño, definido no por el tamaño de su población sino por el ingreso de la misma, esa demanda es potencialmente ilimitada. Así, el límite de la producción está dado por la capacidad instalada de producción. Esa capacidad aumenta con la inversión. Los recursos de inversión provienen del ahorro interno complementado con el ahorro externo, es decir con crédito externo o inversión extranjera directa.
De tal modo, China crece aceleradamente no por su particular estructura económica. Crece porque la política económica ha hecho posible, primero, que cuente con una demanda mundial externa ilimitada y, segundo, que experimente una expansión aceleradísima de su capacidad instalada de producción gracias a una elevadísima tasa de inversión. En la primera década del segundo milenio, según el Banco Mundial, China, como se muestra en el cuadro adjunto, invirtió a una tasa promedio anual de 42.5% del PIB siendo su tasa de ahorro interno de 47.3% del PIB. Según la misma fuente, la tasa de inversión colombiana en el mismo periodo fue de 20.5% del PIB y su tasa de ahorro 18%. Es decir, China crece fundamentalmente a partir de sus propios recursos. Ciertamente, la inversión extranjera directa que recibe es la mayor en el mundo, US$ 185 mil millones de dólares en 2010, pero ella representa solamente un monto equivalente a 3.1% de su PIB.
China y la cuestión de la competitividad
¿Porqué la demanda externa en China es ilimitada? Porqué sus productores son competitivos internacionalmente. No es que China sea competitiva; es que los productores chinos, a similar calidad, pueden vender sus bienes y servicios ventajosamente en el mercado internacional. Para poder vender en el mercado internacional, el precio al que el productor puede vender el bien o servicio tiene que ser mayor que el costo de producirlo.
Resulta necesario identificar de qué depende esa relación precio/costo. Para los bienes y servicios transables internacionalmente, el precio de venta lo define el precio en el mercado internacional nacionalizado por la tasa de cambio, los impuestos o subsidios y los costos financieros. Los costos de producción incluyen los pagos a los elementos del proceso productivo: mano de obra, capital, financiamiento, servicios públicos (electricidad, agua y comunicaciones) y otros bienes intermedios. Es decir, esa relación depende de la estructura de precios básicos, los precios de los factores y elementos que intervienen en casi todos los procesos productivos: salario, tasa cambio, tasa interés, precios de servicios públicos e impuestos indirectos. Depende también de la manera como se combinan y la productividad con que intervienen.
Por lo tanto, ser competitivo es ser rentable. Esa rentabilidad es crucial. La utilidad de las empresas es el principal proveedor de recursos de ahorro que necesita la economía para expandir la capacidad instalada o aumentar la productividad. Cabría distinguir entre rentabilidad unitaria, es decir la relación precio/costo por unidad de producto, y la rentabilidad global que involucra la rentabilidad unitaria, el volumen de ventas y los impuestos directos, con respecto a la inversión desarrollada. Es claro que con un mayor volumen de ventas y menores impuestos directos se consigue mayor disponibilidad de recursos y, por lo tanto, mayores posibilidades de inversión.
Para tales propósitos China mantiene una política monetaria sumamente expansiva. Su principal objetivo es mantener una tasa de cambio devaluada vis a vis el dólar, el euro y el yen, es decir competitiva. Para el efecto, compra con los yuanes que su banco central emite todos los dólares que sobran en su mercado cambiario a fin de mantener esa tasa de cambio a niveles competitivos. De tal modo, como muestra el cuadro adjunto, mientras que en 1990 la relación de medios de pago (M2) a PIB en China era de 69.8%, en 2000 era de 124.1% y en 2010 de 166.5%. Consecuentemente, a diciembre de 2011 su nivel de reservas era de US$ 3.3 millones de millones.
Tal expansión monetaria no ha generado una inflación elevada porque la tasa de inversión que China mantiene, gracias a su elevada tasa de ahorro generada principalmente por las utilidades de sus empresas, posibles por su competitividad, permite un aumento de la capacidad de producción que es capaz de absorber la mayor demanda generada por dicha expansión monetaria. En la primera década del segundo milenio la tasa china de inflación promedio fue de 2%, mientras que en Colombia con una expansión monetaria que pasó de 25.2% del PIB a 35.8% en el mismo periodo, la inflación promedio fue de 7%.
China mantiene a su vez tasas de interés crediticia sumamente reducidas con lo cual los costos financieros de sus empresas son igualmente reducidas. Por otro lado, sus salarios promedio son aún pequeños frente a los de los países desarrollados. Así, según el Banco suizo UBS, en 2009 el salario promedio en Shangai era US$ 3.9 la hora mientras que en New York era US$ 26.1. No es cierto que son estos salarios los que hacen a los productores chinos más competitivos que a los colombianos: en la misma fecha el salario promedio en Bogotá era también US$ 3.9.
Tampoco es la productividad lo que hace a los productores chinos más competitivos. Según el Banco Mundial, en 2010 la productividad laboral en China era de US$ 12 mil a poder de paridad de compra a precios del año 2000, por cierto menor a la productividad laboral colombiana de US$ 16 mil y mucho menor que la productividad existente en Estados Unidos de US$ 46 mil.
Ciertamente esta definición de competitividad no es la del Foro Económico Mundial (FEM). Según el índice de competitividad de dicha organización para 2012-2013, como muestra el cuadro adjunto, Suiza ocupaba el primer puesto, Canadá el puesto 14 y China el puesto 33.
¿Cómo así el país que como es público y notorio vende más bienes y servicios en el mundo, en los mercados más grandes, no es el más competitivo? Difícil de entender, cuando China ha conquistado todos los mercados mundiales: en 2004 desplazó a México como el segundo abastecedor de las importaciones estadounidenses, en 2007 a Canadá como el primer y, por cierto, no tiene ningún tratado de libre comercio con Estados Unidos que si lo tienen México y Canadá.
La cuestión tiene que ver con la forma con que el FEM desarrolla y estima su particular concepto de competitividad. El índice del FEM tiene tres componentes: Requerimientos básicos, Refuerzo de eficiencia y Factores de innovación y sofisticación, descompuestos, adicionalmente, en lo que denomina 12 pilares. Dichos pilares y sus componentes, todos ellos, tienen que ver con instituciones y desarrollo institucional. Por cierto, adicionalmente, para la construcción del índice dichos componentes son ponderados de una manera subjetiva.
De tal manera, el índice de competitividad del FEM es en realidad un índice de desarrollo institucional; no mide competitividad en los términos que debería entenderse, considerando la conquista de mercados. Ciertamente es útil, pero para otros propósitos de comparación. Siendo así, no es sorprendente que Suiza ocupe el primer lugar en el índice, un país que como es de dominio público es sumamente organizado y con instituciones económicas sumamente desarrolladas desde hace muchos años.
Movilizaciones populares, Primavera Árabe y petróleo
Las crisis pueden tener también origen político y traducirse en conmociones sociales, dificultades económicas y nuevas crisis políticas. Lo más notorio de los últimos años tiene que ver con otra manifestación de una extendida movilización popular, está vez en los países árabes, como se mencionó, la llamada Primavera Árabe.
La Primavera Árabe ha incidido en revueltas, cambios de gobiernos y entrampamientos de gobernabilidad en varios países árabes; es decir el derrumbe y la sustitución de regímenes autoritarios de larga duración, con regímenes aún en definición, supuestamente de mayor raigambre democrática y con fuerte influencia islámica. Esas revueltas no aparecieron por generación espontánea; son el resultado de un proceso de continuo descontento social y deterioro político asociado a situaciones de pobreza, desempleo, corrupción y represiones políticas, comunes en regímenes autoritarios.
La primera expresión de la Primavera Árabe se dio en Tunes el 14 de enero de 2011 con la caída, luego de violentas protestas populares, de su presidente Zine El Abidine Ben Ali, después de 23 años en el poder. Continuó con la caída del presidente de Egipto Hosni Mubarak quien también luego de violentas manifestaciones populares tuvo que renunciar el 11 de febrero después de casi treinta años en el poder.
Le siguió Yemen. El 5 de junio el Presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh abandonó el país para un tratamiento médico, consecuencia de violentas manifestaciones populares que desembocaron en un ataque rebelde al palacio presidencial. Con ello entregó el poder luego de tres décadas de gobierno a su vicepresidente quien asumió como Presidente en funciones en noviembre de 2011. Entre 1978 y 1990 Saleh sirvió como Presidente de la República Árabe de Yemen (del Norte). Cuando en 1990 se produjo la unificación con Yemen del Sur continuó como presidente hasta noviembre de 2011.
Las revueltas también alcanzaron a Siria aunque hasta la fecha no hayan tenido un desenlace que termine con el gobierno del Presidente Bashar al-Assad y el país se encuentre envuelto en una sangrienta guerra civil. Las demostraciones públicas contra el gobierno comenzaron el 26 de enero de 2011 demandando la renuncia del Presidente, de su gobierno y el fin de casi 50 años de mandato del Partido Ba’ath. El actual presidente asumió el cargo a la muerte de su padre Hafez al-Assad quien, a su vez, se hizo del gobierno a través de un golpe de estado en 1971.
Pero tal vez los hechos más significativos están relacionados con la guerra civil en Libia entre las fuerzas del coronel Muammar Gaddafi y las que acabaron derrocándolo. Gaddafi gobernó Libia durante más de cuatro décadas, entre 1969 y 2011, en ocasiones de manera brutalmente represiva. Fue Gobernante oficial de la República Árabe de Libia desde que tomó el poder en 1969 hasta 1977 cuando renunció a su cargo oficial para convertirse en el “Hermano Líder” del Estado de Masas (Jamahiriya) Árabe de Libia.
La rebelión contra Gadaffi se inició el 15 de febrero de 2011 con protestas populares en la ciudad de Bengasi, aparentemente estimuladas por las rebeliones en Tunes y Egipto. Las protestas dieron lugar a graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y a la extensión de la rebelión. El 26 de febrero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1970 que condenaba el uso de fuerza letal por Gadaffi contra la protesta popular, congelaba sus activos y los de su círculo interno, establecía restricciones a sus viajes y remitía el asunto a la Corte Penal Internacional para investigación por violaciones a los derechos humanos.
El 17 de marzo la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad estableció una zona de exclusión aérea sobre Libia y autorizó a usar "todas las medidas necesarias" para prevenir los ataques contra civiles dando pie a la intervención militar aérea de la NATO. En agosto, los rebeldes lograron capturar Trípoli, la capital. El 16 de septiembre de 2011 el Consejo Nacional de Transición fue reconocida por las Naciones Unidas como representante legal de Libia. El 20 de octubre de 2011 Gadaffi fue capturado y muerto. Tres días después la guerra civil fue terminada oficialmente.
La importancia de estos hechos reside en la incertidumbre que despierta sobre la estabilidad no solamente de los países afectados sino la de los otros países árabes no afectados aún, así como por la orientación ideológica y geopolítica que podría asumir el mundo árabe. A ello debe añadirse la incertidumbre que genera Irán por su desarrollo nuclear a pesar de la oposición de los países desarrollados. País musulmán, no árabe pero también petrolero, su situación tiene consecuencias sobre el abastecimiento petrolero.
Complica dicho panorama las protestas populares en los mismos países contra Estados Unidos y sus aliados occidentales. Vienen ocurriendo con más violencia desde septiembre 2012, supuestamente en respuesta a provocaciones occidentales realizadas a través de películas, caricaturas y demás que denigran las creencias religiosas de los árabes; seguramente como consecuencia de resentimientos de larga data, acuñados por el apoyo estadounidense a Israel y sus intervenciones en Irak y, más adelante, en Afganistán.
Todo ello repercute en la situación de las empresas petroleras occidentales operando en dichos países y, así, en el abastecimiento petrolero, sus precios y el futuro de la energía. Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, entre los 20 mayores países exportadores de petróleo 6 son árabes y uno islámico, Irán.
El panorama petrolero actual es transparente: por un lado existe una menor demanda petrolera producto de las dificultades económicas del mundo desarrollado que es compensada por el cierre de las plantas nucleares de energía; por otro lado, la oferta se reduce por las dificultades árabes. En ese contexto, los precios petroleros se resisten a una reducción importante como ocurrió en el 2008-2009, cuando los precios petroleros (West Texas Intermediate) pasaron de US$ 133.9 barril en junio 2008 a US$ 39.2 en febrero 2009; en agosto de 2012 el precio era US$ 94.1 barril.
El problema es que los precios petroleros elevados aunque favorecen a los países productores (por ejemplo, Colombia), dificulta la recuperación estadounidense y europea pues obliga a sus nacionales a dedicar una parte mayor de sus ingresos al gasto en energía, restándolo de otro tipo de consumo. Por tal razón, a partir de Septiembre de 2012, Arabia Saudita el mayor exportador mundial, aliado tradicional de Estados Unidos y Europa, viene inyectando una mayor cantidad de petróleo a fin de evitar que el precio petrolero supere los US$ 100 dólares barril.
De otro lado, la incertidumbre árabe ha provocado un flujo de capitales en busca de nuevas fuentes petroleras a otros destinos de probable producción petrolera, a pesar del reconocimiento de costos de exploración, producción y refinación mucho más elevados. Es así que en los últimos cinco años, entre 2007 y 2011, Colombia recibió US$ 17,072 millones en inversión extranjera directa en petróleo, mientras que en los cinco años anteriores, entre 2002 y 2006, la cifra acumulada fue de US$ 4342 millones.
Del centro a la periferia
Los efectos de la crisis económica europea junto a las dificultades de Estados Unidos, el estancamiento japonés y la desaceleración en China deberían trasladarse a América Latina como ocurrió en el 2008-2009. Con la crisis internacional, cae la demanda y los precios internacionales de las materias primas, que es lo que América Latina produce y exporta, y las remesas de los trabajadores migrantes por el desempleo que experimentan en Europa y Estados Unidos. Se esperaría que los flujos de capitales también se redujeran.
Pero en esta ocasión, la situación de los precios de las materias primas es distinta por la situación petrolera mencionada. Así, mientras que entre agosto 2011 y agosto 2012 los precios de los metales cayeron 25.9%, los de las bebidas (café, té y cacao) 19.5% y los de los alimentos (cereales, aceites vegetales, carne, pescado, azúcar, bananas y naranjas) aumentaron 2.1%, el precio del petróleo aumentó 9%; los precios de los otros productos energéticos, carbón y gas, cayeron 26.9% y 30%, respectivamente. De tal modo, es de esperar que la situación venezolana y ecuatoriana, exportadores de petróleo, sea distinta a la colombiana, exportador de petróleo y carbón, y a la de Perú y Chile, exportadores de productos minero-metalúrgicos.
A su vez, los flujos de capitales no se han reducido dados lo ingentes recursos financieros disponibles a tasas mínimas en los países desarrollados (generados por las gigantescas expansiones monetarias particularmente en Estados Unidos): De una parte, dadas las elevadas tasas de interés domésticas, las empresas grandes en Latinoamérica (usualmente las productores de materias primas) con acceso a los mercados de crédito internacionales prefieren endeudarse en el exterior; de otra parte, dadas las incertidumbres en el mundo árabe, los inversionistas petroleros están destinando sus inversiones hacia nuevos destinos. Según la última balanza cambiaria colombiana disponible, hasta junio de 2012 los ingresos por préstamos externos fueron de US$ 10,639 millones y la inversión extranjera directa de US$ 9,834 millones; hasta junio de 2011, los montos fueron US$ 10,911 millones y US$ 8,667 millones, respectivamente.
En términos anuales las cifras son dicientes. Según la misma balanza cambiaria, la inversión extranjera directa en Colombia en 2011 fue de US$ 17,879.7 millones, en 2010 de US$ 9,040.8 millones. A su vez, la inversión de los colombianos en el exterior fue en 2011 de US$ 7,882.9 millones y en 2010 de US$ 7,825.9 millones. Por su parte, el endeudamiento empresarial en el exterior en 2011 fue de US$ 15,708.1 millones, en 2010 fue de US$ 19,444.1 millones. Para contrastar, el ingreso de divisas por exportaciones de petróleo en 2011 fue de US$ 19,130.9 millones, mientras que en 2010 fue de US$ 11,071.9 millones. Mejor dicho, la principal fuente de divisas de la economía colombiana no proviene de su principal producto de exportación sino del endeudamiento de las empresas y de la inversión extranjera directa (disminuida en forma notoria por la inversión de los colombianos en el exterior).
El problema de la abundancia de divisas es que mantiene revaluada la tasa de cambio y, así, hace imposible que otras actividades sean rentables y, por lo tanto, viables, pues esa tasa de cambio es sólo compatible con la estructura de costos de esas materias primas. Y lo que pasa con la tasa de cambio condiciona lo que pasa con los precios en la bolsa de valores: cuando se revalúa los precios de las acciones suben, cuando se devalúa los precios bajan.
La tendencia a la revaluación cambiaria ocasionada por la abundancia de divisas producto de las exportaciones de recursos naturales es conocida en la literatura como la “enfermedad holandesa:” En el caso colombiano, sin embargo, esa abundancia relativa de divisas no es consecuencia solamente de la exportación de petróleo y carbón sino de las ineficiencias de los mercados de crédito domésticos que inducen a las empresas grandes a endeudarse en el exterior, y de los problemas internacionales que inducen inversiones que en otras circunstancias más favorables no se producirían.
El comportamiento de la tasa de cambio colombiana que muestra el gráfico adjunto ilustra lo descrito. La revaluación viene ocurriendo en forma sostenida desde el 2003 hasta la fecha, interrumpida por una recuperación notoria entre julio 2008 y principios de 2009. La primera fue alimentada por la elevación de los precios internacionales de las materias primas, petróleo y carbón en particular, y los flujos crecientes de endeudamiento e inversión extranjera, la segunda por su abrupta caída como consecuencia de la Gran Recesión del 2008-2009.
Por cierto, la revaluación colombiana entre septiembre de 2012 y agosto 2003, cuando la tasa de cambio alcanzó su máximo valor (2901.1 pesos por dólar), es de 38%, una magnitud muy significativa que hace dudar de las posibilidades competitivas del peso colombiano en el contexto internacional. La cuestión es importante y preocupante pues ocurre en una circunstancia mundial en la que los productores manufactureros y agropecuarios, los mayores empleadores, deben poseer la mayor competitividad posible para que puedan, por lo menos, mantener su participación en los mercados internacionales e incluso en los nacionales cuando compiten con importaciones: las crisis económicas tienden a reducir el tamaño de los mercados dejando por fuera a los ofertantes menos competitivos.
En ese contexto, los ingresos de los propietarios, directivos y trabajadores de los sectores exportadores no petroleros disminuyen. Y quienes les venden bienes y servicios también reciben menos ingresos. Esto desacelera la producción y el comercio respectivo y, así, produce recesión, desempleo y aumenta la pobreza en dichos sectores. En cambio, como los precios del petróleo se resisten a bajar, la situación anterior no se produce en dicho sector y en sus vinculados hacia “atrás”, a los que les compra bienes y servicios, y hacia “adelante”, a los que les vende. De tal modo, el decrecimiento de unos resulta compensado por el de los segundos y el ingreso tiende a concentrarse más aún en los sectores que no ven sus precios internacionales reducidos y en sus vinculados.
Realidades latinoamericanas: pobreza e inequidad
Esta desaceleración por sectores ocurre en un contexto de pobreza e inequidad no resueltos en América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2010 el porcentaje de pobreza en la región se situó en 31.4% de la población, incluyendo 12.3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Esos porcentajes equivalían a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes.
En Colombia en particular, en 2011, de sus 46.04 millones de habitantes proyectados, que constituían 12.46 millones de hogares, 43.2% se consideraba pobre. En el mismo año 32.7% de los jefes de hogares declaraba que sus ingresos no cubrían sus gastos mínimos para alcanzar una canasta básica de bienes y servicios. A su vez, 53.6% de los jefes de hogares declaraba que sus ingresos sólo cubrían esos gastos mínimos.
Ello es consecuencia, en gran medida, de elevadas tasas de desempleo. Y como las personas no pueden vivir desempleadas sin ingresos, en ausencia de un seguro de desempleo acaban, usualmente, como subempleados creando su puesto de trabajo, su microempresa, típicamente informal, de baja productividad por la escasez de capital que les impide ingresos más elevados.
En julio de 2012 la tasa de desempleo en Colombia era 10.9% de la población económicamente activa y la tasa de sub-empleo 33.7%. De tal modo, entre aquellos que no tienen ningún ingreso y aquellos que lo obtienen por debajo de un nivel mínimo, trabajan por debajo de ocho horas o se emplean en trabajos por debajo de sus capacidades, se encuentra casi la mitad de la población: 44.6%.
Pero el problema latinoamericano no es solo de ingresos reducidos y pobreza, es también de inequidad en la distribución del ingreso. Según las Naciones Unidas, con base en información del Banco Mundial sobre el Índice Gini que mide esa distribución, sobre un total de 141 países los latinoamericanos ocupaban gran parte de los peores puestos. En América Latina la peor distribución se daba en Haití (puesto 138) seguido de Colombia (puesto 136). No muy lejanos se encontraban Bolivia (135), Honduras (133) y Brasil (132). Los mejores posicionados eran Venezuela (95) y Uruguay (103).
Primarización, manufacturas y empleo
La crisis de los países desarrollados después de todo tiene una virtud: pone en evidencia la enorme dependencia del ciclo económico latinoamericano respecto al de los primeros y al comportamiento de los precios internacionales de las materias primas. Esa dependencia creciente de las materias primas viene acentuándose desde la apertura de sus mercados de bienes y servicios desde fines de los años ochenta. Gran parte del problema es que esa apertura se dio sin un simultáneo aumento de la competencia en los mercados de servicios, particularmente en los mercados de créditos, que en el caso colombiano según el Banco de la República operan en competencia monopolística.
De tal modo, las manufacturas se quedaron en el peor de los mundos: costos financieros y de servicios elevados por la falta de competencia plena en los mercados de crédito y servicios, y tasa de cambio revaluada por el ingreso de divisas por las exportaciones primarias, el endeudamiento de las empresas grandes en el exterior y las inversiones externas. Con ello su rentabilidad se marchitó y la inversión en el sector se redujo relativamente, con lo que perdió participación en la estructura de la economía. Así, según datos del Banco Mundial, como se muestra en el cuadro adjunto, entre 1971 y 2011 en la Argentina las manufacturas redujeron su participación en el PIB de 35.8% a 17.8%, en Brasil de 29.2% a 14.6%, en Chile de 24.4% a 11.9% y en Colombia de 20.8% a 14.9%.
Lo grave es que la estructura emergente impide resolver el problema del desempleo y subempleo porqué la producción en los sectores primarios es intensiva en capital y, por lo tanto, demanda poca mano de obra, con lo que el ingreso tiende a concentrarse. En efecto, según datos de la Organización Mundial del Trabajo sobre personas ocupadas por sector, como se muestra en el cuadro adjunto, mientras que en Chile y Perú, países eminentemente mineros, la minería emplea a 1.5% y 0.5% de la fuerza laboral y en Colombia 0.9%, las manufacturas emplean 12.8%, 17.1% y 13.4%, respectivamente.
Adicionalmente, los arranques y paradas de la economía debido a la dependencia de las circunstancias internacionales se traducen en tasas de crecimiento promedio reducidas, lo que dificulta más aún la solución sostenida de la pobreza y la inequidad. Según datos del Banco Mundial, como muestra el cuadro adjunto, entre 1960 y 2010 Chile, que alcanzó la tasa de crecimiento más elevada entre los países latinoamericanos más grandes, creció a una tasa promedio anual de 2.5% per cápita y Colombia lo hizo a 2.0%; mientras tanto China creció 6.5%. Más recientemente, entre 2000 y 2010, mientras Perú, con la mayor tasa, creció anualmente a una tasa promedio de 4.4% per cápita y Colombia 2.5%, China creció 9.8%. La tasa de crecimiento en China es más estable y más elevada porqué su estructura productiva y sus exportaciones están basadas en bienes manufacturados cuyos precios internacionales son mucho más estables y, como se indicó, los productores chinos son sumamente competitivos y sus tasas de inversión son elevadísimas.
Crisis y el nuevo orden mundial
La crisis mundial ha puesto en evidencia una serie de cambios en el escenario político internacional. En primer lugar, Alemania que no pudo dominar a Europa con sus ejércitos en la primera mitad del siglo veinte, tendría ahora, aparentemente en forma más duradera, un fuerte liderazgo sobre una Europa debilitada; aunque a partir de la presidencia de Hollande, Francia pareciera haberse constituido en una suerte de contrapartida. Mientras tanto Estados Unidos pierde liderazgo en el mundo y varios estados latinoamericanos desafían sus políticas.
Así, el 2 de marzo de 2011, a través del Consejo Europeo compuesto por los 27 jefes de Estado de la Unión Europea, Alemania consiguió aprobar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, con la abstención del Reino Unido y la República Checa. El tratado obliga a los 25 países firmantes a mantener un presupuesto fiscal balanceado o en superávit; es decir, que el déficit estructural anual sea menor a 0.5% del PIB. Así mismo compromete a los 17 países de la Eurozona a adoptar las decisiones del Consejo en caso de déficits excesivos; mejor dicho condiciones supra-soberanas incluso sin ayuda financiera.
Ese liderazgo es posible por la fortaleza de la economía alemana, la más fuerte de Europa; como antaño era la de Estados Unidos. Su capacidad le permite proporcionar la ayuda más importante a los países europeos en dificultades. Actualmente garantiza 29.1% de los 780 mil millones de euros que respaldan la emisión de bonos del mencionado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (Francia garantiza 21.8%, Italia 19.2%) que le permite prestar hasta 440 mil millones.
Pero el fortalecimiento alemán y el debilitamiento estadounidense ocurren simultáneamente con: 1) el letargo japonés, 2) la emergencia de China como potencia económica mundial, pero con déficit de democracia aún, con un claro liderazgo en Asia y tratando de posicionarse en África y América Latina, particularmente para garantizar su abastecimiento de materias primas para su creciente aparato manufacturero, y 3) el despertar de Rusia reclamando su liderazgo en el Este, con recursos naturales enormes requeridos por Europa, particularmente Alemania, pero todavía autoritaria y tecnológicamente débil.
Ello permite pensar que una nueva geopolítica estaría definiéndose, heterogénea, con nuevos liderazgos y áreas de influencia. Ojala Latinoamérica pueda aprovecharla en democracia. Pero podrá hacerlo siempre y cuando logre una mayor autonomía en sus decisiones y ello pasa, necesariamente, por una menor dependencia de la producción y exportación de materias primas que la ata con pocos grados de libertad a lo que ocurra en otras partes del mundo.
En forma simultánea, un nuevo orden económico y financiero mundial comienza a perfilarse asociado a una nueva división internacional del trabajo que produce especializaciones productivas y roles complementarios entre regiones y que es funcional para todos los participantes, con la salvedad de que con dicha división algunos países ganan mientras que otros pierden en términos de bienestar de la mayor parte de su respectiva población.
Ese reordenamiento tiene que ver en primer lugar con el posicionamiento notable de China como el tercer espacio económico mundial después de Europa y Estados Unidos y por encima de Japón, así como por la prominencia de otros países asiáticos como India y Vietnam en el panorama económico internacional. Es consecuencia de su crecimiento económico acelerado a partir de la producción y exportación de bienes manufacturados. Así, pareciera claro que dichos países asiáticos se especializarán cada vez más en la producción de dichos bienes, desplazando a productores de bienes similares de otras partes del mundo.
Por su parte, los países actualmente desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, se están concentrando cada vez más en la producción de servicios, particularmente financieros encabezados por los grandes bancos que controlan la mayor parte de los recursos financieros en el mundo, y en la producción de manufacturas sofisticadas, de diseño, de precisión y alto valor agregado a cargo de empresas de escala mundial.
Y América Latina se vuelve a posicionar cada vez más claramente, como entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado, como proveedor de materias primas de los anteriores en consecuencia de su creciente proceso de reprimarización de su estructura económica que viene desde hace un par de décadas: hace muchos años su producción fue fundamentalmente minera y agropecuaria, luego intento desarrollar sus manufacturas, hoy vuelve a su historia anterior. A su vez, África transita más o menos por el mismo sendero aunque sin sufrir una reprimarización, pues nunca llegó a tener una industria manufacturera como la que los latinoamericanos alcanzaron a desarrollar.
De tal modo, ambas regiones se especializarán en la producción y exportación de materias primas con las consecuentes dificultades en generar empleo para la mayor parte de su población. Para cambiar ese rol en el concierto económico mundial tendrían que desarrollar otra política económica, como se discute más adelante, que haga competitiva su producción de manufacturas; la actual no lo permite. Lo sensato sería que puede dedicarse, principalmente, a la transformación de sus materias primas.
Complementario al nuevo orden económico, comienza también a perfilarse una nuevo orden financiero mundial. El rol que ocupan los países en ese nuevo orden tiene que ver con la importancia relativa de sus economías y, por lo tanto, de sus monedas. El proceso creciente de globalización mundial generó un flujo de comercio y de recursos financieros cada vez mayor, excepto durante la Gran Recesión. Ese comercio tenía que transarse con el auxilio de un medio de cambio. En las etapas iniciales, el dólar estadounidense fue usado para ese fin, casi de manera exclusiva. Pero el desarrollo de Japón y más adelante la constitución de la Unión Europa y luego de la Eurozona y su moneda única, hicieron que el yen y el euro aparecieran también como mecanismos de transacción. De ahí a convertirse en depósito de valor internacional, en reservas internacionales, fue apenas natural. Se hicieron cada vez más importantes conforme la economía y el dólar estadounidense se fueron debilitando.
Por su parte, al convertirse en la tercera economía mundial China generó unos enormes volúmenes de comercio con el resto del mundo. Así, es apenas natural que cada vez se haga más sencillo comerciar a través de su moneda, el yuan. De ahí a considerarla como reserva de valor generalizada y aceptada internacionalmente es cuestión de muy poco tiempo. Pero como la fortaleza de unos es la debilidad de otros, estará acompañada de una disminución del rol de las otras monedas de reserva y en particular del dólar estadounidense.
Estará acompañada también con una creciente participación de China y de otros países emergentes como India y Brasil en los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio. Será apenas la contrapartida no sólo del posicionamiento de China como tercer espacio económico mundial y la creciente importancia económica de los otros, sino de su capacidad de ofrecer cooperación económica y apoyo financiero respaldados por su fortaleza económica y su nivel de reservas internacionales.
La crisis ha generado también numerosos e importantes cambios en la regulación financiera con el objetivo de evitar que el mundo vuelva a pasar por una crisis financiera de la envergadura de la ocurrida durante la Gran Recesión. Ciertamente, se reflejarán en el orden financiero mundial.
Las nuevas regulaciones han significado la creación de nuevos cuerpos reguladores nacionales como el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera en Estados Unidos, establecido en julio del 2010 por la “Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y de Protección del Consumidor,” la Autoridad Bancaria Europea establecida en enero de 2011 en Europa, así como nuevas entidades internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera fundado en abril de 2009 cuyo secretariado tiene sede en Basilea, Suiza, y es ejercido por Banco Internacional de Pagos.
Las medidas regulatorias dictadas tanto en Estados Unidos como en Europa cubren aspectos tales como: la reducción del riesgo sistémico y en particular el que representan para la economía mundial los grandes bancos internacionales , el aumento del capital de los bancos a fin de fortalecerlos, en concordancia con la llamada norma de Basilea 3 desarrollada en 2010-2011 que especifica nuevos y más estrictos estándares sobre capital, liquidez y apalancamiento de los bancos, el incremento de la supervisión sobre las entidades financieras, la mejora de su gobernanza, el control de las remuneraciones de sus principales ejecutivos, y una protección más adecuada del consumidor financiero.
Dicho desarrollo regulatorio incidirá en la manera en que se desarrollen las actividades financieras y, por lo tanto, en el orden financiero mundial. Ciertamente ha sido resistido por los bancos aunque sin mucho éxito dada la enorme presión pública sobre los legisladores para establecer una normatividad que evite futuras inestabilidades en el sector financiero. Tal resistencia tiene que ver con las limitaciones que las entidades financieras tendrán que afrontar en el desarrollo de sus negocios así como por los costos que la nueva regulación implica. Ello llevará, seguramente, a una reconsideración de las dimensiones de los bancos, a la reducción de sus actividades internacionales y al relativo abandono del modelo de banca múltiple y, por lo tanto, a una mayor especialización en sus actividades.
Crisis y enseñanzas económicas
La crisis mundial ha dejado varias lecciones económicas. Hizo evidente una cuestión importante: lo inadecuado de una política monetaria cautelosa en medio de una gran recesión. A diferencia de la actitud hacia la política monetaria de la Reserva Federal, sumamente expansiva, que fue en últimas lo que evitó la Segunda Gran Depresión mundial, la timidez del Banco Central Europeo para adoptar una política monetaria más expansiva, que permitiera la recuperación de la liquidez y del ingreso de los europeos, es responsable en gran medida de la situación europea actual.
A su vez, más allá de significar una inyección importante de circulante en la economía estadounidense y en el mundo entero, las decisiones de la FED han significado una ruptura notoria con su práctica tradicional de manejar la política monetaria exclusivamente a través de su tasa de interés, práctica muy en boga internacionalmente, en particular en aquellos países que emplean la metodología de la inflación-objetivo para manejar su política monetaria. Así mismo, han recordado a los bancos centrales en todo el mundo que la obtención de una meta de inflación no puede ni debe ser su único objetivo y que la búsqueda del máximo empleo es también una obligación de la política monetaria y del banco central.
Hasta entonces, el supuesto generalmente aceptado, equivocadamente, era que las metas de empleo debían resolverse a partir de la política fiscal a cargo del gobierno y las de inflación a partir de la política monetaria a cargo de un banco central independiente del primero; se suponía que la coordinación implícita en mercados eficientes permitía esa división del trabajo y esa asignación de responsabilidades. Resulta que los mercados, al menos los más importantes como los financieros, no son siempre eficientes pues por la existencia de fallas de mercado como la información asimétrica funcionan en competencia imperfecta que permite a los ofertantes obtener rentas a costa de los demandantes. Resulta también que dadas las actuales limitaciones políticas o de endeudamiento en Estados Unidos y Europa, las políticas fiscales parecerían haber llegado al límite de sus posibilidades.
La crisis ha hecho también explícita las dificultades en la Eurozona de una unión monetaria y una consecuente tasa de cambio única entre países con diferentes niveles de productividad. Esa disparidad era compensada antaño mediante monedas y tasas de cambio diversas, y ayudas comunitarias. El euro las sustituyó por una paridad común frente al resto del mundo y las ayudas se diluyeron.
Esa paridad cambiaria única es determinada por los países con mayores exportaciones y mayor productividad, Alemania y Francia. De tal modo, los otros países acabaron teniendo un tasa de cambio común no competitiva para ellos que les resta competitividad internacional en forma notoria. La situación es asimilable a regiones de un mismo país o a localidades dentro de una misma ciudad con productividades diferenciadas que de hecho hacen parte de una zona monetaria común: la tasa de cambio común no es competitiva para las regiones de menor productividad.
El euro y la consiguiente tasa de cambio única, no competitiva para la mayoría de los países del Mediterráneo con menor productividad, sin otro tipo de transferencias de ingresos congeló también la estructura productiva: Alemania y Francia en bienes manufacturados de alto valor agregado; Grecia, España, Portugal, Irlanda, en menor grado Italia con mayor tradición manufacturera, en turismo con poco valor agregado. De hecho la moneda única hace lo mismo con regiones y localidades dentro de un mismo país o de una misma ciudad.
Los países de la Eurozona con menor productividad, con una tasa de cambio común sólo podrán conseguir aumentar sus productividades si las construyen como antaño: vía fondos europeos comunitarios financiados por los países ricos del norte, migración sur-norte para ofrecer mano de obra barata en el Norte y menor presión laboral en el Sur, lo que implica más cooperación y menos préstamos porque la elevación de la productividad depende de la acumulación de los stocks de capital y de conocimiento, de la producción de bienes con mayor valor agregado y de la construcción de economías de escala. Tal solución es sin duda asimilable para las regiones atrasadas de un mismo país o las localidades menos desarrollas dentro de una ciudad.
Realidades en crisis, ideas en revisión
Lo que la Gran Recesión 2008-2009 y su prolongación ha puesto también en evidencia es la falencia de las teorías macroeconómicas dominantes en los medios académicos. Pareciera que fueron elaborados sólo para justificar la exclusión del Estado en la economía e incluso para demostrar la inutilidad de la política económica.
Teorías como la neutralidad del dinero, de las expectativas racionales, del ciclo real de los negocios o la cuantitativa del dinero, temas de los textos macroeconómicos actuales, fueron incapaces de prever, analizar y proponer soluciones a la Gran Recesión y sus secuelas. Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, lo sentenció en una conferencia reciente en la London School of Economics: “la mayor parte de los trabajos en macroeconomía en los últimos 30 años han sido inútiles en el mejor de los casos o han hecho mucho daño en el peor”.
¿Por qué fallaron dichas teorías? En gran medida por los supuestos irreales de sus modelos, muchos de ellos matemáticamente complejos que sólo sirven para auto explicarse, formalmente elegantes pero con poco arraigo en la realidad, visiones agregadas que desconocen la existencia de los mercados, sus particularidades y sus fallas.
La neutralidad del dinero supone que cambios en los medios de pago no tienen efectos en las variables reales (PIB, empleo, inversión) y que solo se trasladan a precios. Esa consideración es irreal: las variaciones de las tasas de interés del banco central, que buscan modificar la masa monetaria, acaban afectando la tasa de cambio y, con ello, la competitividad del sector transable y, por tanto, sus niveles de producción e inversión.
La teoría de las expectativas racionales supone que para decidir su comportamiento los agentes en vez de mirar al pasado (expectativas adaptativas) miran al futuro con la información que disponen. Así, se supone que los agentes hacen predicciones del futuro sistemáticamente correctas y que las desviaciones entre la previsión y la realidad son resultado del azar. La consecuencia de esta teoría es que como los agentes pueden prever lo que el gobierno hará, acaban contrarrestando sus políticas, de modo que la mejor política es la “no política”.
Sin embargo, el futuro es incierto y es imposible predecirlo sistemáticamente, así las expectativas no pueden ser “racionales.” A su vez, los equilibrios económicos pueden ser múltiples lo que contradice su supuesto de equilibrio único. Más aún, es obvio que la crisis no fue prevista racionalmente; si fuera así se habría evitado.
La teoría del ciclo real de los negocios considera los ciclos de crecimiento y recesión como respuestas eficientes a cambios exógenos, reflejando la maximización de utilidades de los agentes económicos. Por esa razón, el gobierno no debe intervenir pues alejaría a la economía de su trayectoria eficiente. Pero si los gobiernos no hubieran intervenido, la Gran Recesión se hubiera convertido en gran depresión; es obvio que no fue prevista por estos modelos.
La teoría cuantitativa del dinero, aunque simple y de muy vieja data, pero usada con profusión en los últimos tiempos para justificar casi todas las políticas monetarias restrictivas, establece una relación entre el dinero, la velocidad con que circula y el volumen de transacciones de bienes a un cierto nivel de precios. Así, si esa velocidad es constante y la cantidad de bienes está dada, toda expansión monetaria genera inflación.
Pero si esta teoría fuera cierta no habría como explicar que entre el 2000 y 2010, según datos del Banco Mundial, como se mencionó, mientras que en China los medios de pago aumentaron de 124.1% del PIB a 166.5% y en Colombia de 25.2% a 35.8%, la inflación promedio anual en China fue 2.2% y en Colombia 5.6%, y mientras que China creció 9.8% per cápita promedio anual, Colombia creció 2.5%. Sucede que el dinero en el mundo moderno no se limita sólo al efectivo, la velocidad no es constante y en economías abiertas la oferta doméstica puede completarse con importaciones.
En ese contexto es más aparente porqué ocurrió la Gran recesión: Amparados en dichas teorías y en una ideología anti-Estado, como se señaló, se cometieron graves errores de política económica. No es difícil entender porque esas políticas fueran alabadas por los enfoques ideológicos y académicos prevalecientes: respondían a ellos. Hoy son responsabilizados por la Gran Recesión. Paradójicamente fue el keynesianismo que cuestionaban, lo que evitó que se convirtiera en otra Gran Depresión, pero la timidez con que se actuó y se sigue actuando debido a las secuelas del pensamiento dominante impidió su solución plena.
Felizmente, los enfoques neo-conservadores están siendo superados, por lo menos por ahora. Seguramente tratarán de recuperar su importancia y preminencia, entre otras cosas porque es difícil aceptar en forma resignada la pérdida de rentas, por más que sean derivadas de ineficiencias, es decir las ganancias derivadas de situaciones de competencia imperfecta en los mercados, el “rentismo” que defienden en forma implícita. El pretexto es la libertad plena de los agentes ofertantes sin considerar que, por la naturaleza de las cosas, es imposible eliminar todas las fallas de mercado y que, por lo tanto, deben ser regulados, como la teoría económica reclama.
La consecuente revisión de la teoría macroeconómica y de la política económica debería conducir a una visión más pragmática del rol del Estado, al mejor entendimiento de los mercados principales, su interrelación, la competencia en ellos, la forma de regular sus fallas, la manera en que responden a las políticas y, así, a una visión desagregada y de equilibrio general de la economía. Las visiones de equilibrio parcial, es decir de mercados aislados, y las agregadas de la macroeconomía, que pueden permitir una visión general de los problemas, son inadecuadas por insuficientes para entender en profundidad el comportamiento de la economía y de posibilitar la solución a sus problemas.
Debería conducir también a una revalorización, a una consideración importante en el análisis económico, de la economía política existente, es decir los roles de los agentes y su relación con el poder que pueden ejercer en la definición de la política. Sólo así se podrá distinguir entre lo que es posible y lo que es deseable hacer y, así, identificar cuales son las principales trabas para el desarrollo. No puede perderse de vista que toda decisión económica es siempre y en últimas una decisión política que, por lo tanto, responde a intereses diversos y que en su definición siempre está presente un confronte ético: a quien se beneficia y a quien se perjudica.
Los retos para la política económica
La crisis debería inducir en América Latina una nueva política económica, monetaria, fiscal y de regulación, que transforme la estructura productiva haciéndola menos dependiente de la producción de materias primas y, en todo caso, basada en la transformación de las mismas, para lo cual debe rentabilizarla. Esa nueva política económica, cuyo propósito último debe ser mejorar el bienestar de las personas, es decir reducir la pobreza y la desigualdad, de otro modo carece de sentido, debe considerar como objetivos: 1) crecimiento económico elevado y sostenido, 2) estabilidad relativa de los precios, al estilo asiático por ejemplo, pero también 3) equidad en la distribución del ingreso, al estilo nórdico; lo que viene llamándose recientemente crecimiento con inclusión social.
Para ello debe superar tres desventajas que restan competitividad a la producción de bienes manufacturados y servicios transables internacionalmente y reducen la posibilidad de exportarlos o de sustituir importaciones: 1) tasas de interés activas elevadas, superiores a las internacionales, que no sólo reducen las oportunidades de inversión sino que elevan los costos de las empresas; 2) tasa de cambio revaluada con respecto a la que enfrentan los productores de otros países, que agrava aún más la falta de competitividad internacional; y 3) impuestos elevados con respecto a los internacionales que disminuyen la rentabilidad, y que algunos productores logran reducir con exenciones, por cierto inequitativas.
Esas desventajas parecen derivarse de la noción de que el control de la inflación es la meta económica suprema, superior a la competitividad de los sectores transables. No se advierte que una mayor competitividad se traduce en acceso a nuevos y mayores mercados y, por tanto, en mayores ventas, mayor producción, más empleo y autoempleo de alta productividad, y más equidad. Se piensa que el único instrumento válido para lograr una mayor competitividad es aumentar la productividad de factores e insumos de producción cuando ésta es, fundamentalmente, el resultado del crecimiento económico y del desarrollo de las instituciones económicas, y en el mejor de los casos, no logra crecer más de 3% o 4% al año.
De tal modo, entre quienes deciden la política económica en América Latina persiste un falso dilema: baja inflación o competitividad. E insisten en reducir la inflación con restricciones monetarias que se traducen en pérdidas de competitividad. Debido a una apreciación errada del funcionamiento de la economía, a una visión agregada que no diferencia el comportamiento de los diferentes mercados y sus interacciones, en particular entre los mercados de bienes y servicios transables y los mercados cambiario y crediticio, se pierde de vista que una combinación adecuada de políticas puede lograr ambas metas.
La superación de las desventajas competitivas para la producción de bienes transables resulta particularmente crucial en el caso colombiano en el contexto de los acuerdos de paz que se están negociando para poner fin a un conflicto armado que dura alrededor de 50 años. Si bien la negociación enfrenta una serie de obstáculos de índoles política y legal, serán resueltos si existe voluntad política. Más complicado será el tema del posconflicto y la desmovilización de varios cientos de personas, tanto de las fuerzas armadas como de la insurgencia. Ciertamente será progresiva en el caso de las primeras pero, tarde o temprano, los involucrados deberán asumir alguna nueva actividad.
La mayor parte de dichos desmovilizados son de origen campesino de tal modo que sería natural que volvieran al campo y a las actividades agropecuarias; otros se ubicarán en el área urbana constituyendo pequeñas empresas y microempresas. No es sólo cuestión de capacitarlos y proporcionarles un capital inicial para su nueva actividad. Si estas actividades no son rentabilizadas y no producen un ingreso decoroso no los retendrá y podrían, dado que han forjado un modus vivendi no fácilmente superable, volver al uso de las armas y constituir bandas criminales, las llamadas “bacrim” con los ex paramilitares colombianos o las “maras” con los ex guerrilleros y ex soldados en Centroamérica, con las indeseables consecuencias de crimen y violencia.
Esa nueva política económica reclama: 1) una nueva política fiscal que retorne a su utilización como mecanismo distributivo, a la progresividad de los impuestos, a los impuestos directos como base del recaudo, con tasas menores pero de aplicación sin excepciones, y a un gasto fiscal que haga posible construir la infraestructura económica que requiere el desarrollo económico y social, y que proporcione los bienes públicos que la población necesita y demanda, 2) una nueva política monetaria, menos restrictiva, que dé liquidez y crédito adecuados a una producción y unas transacciones crecientes, y mantenga la tasa de interés baja y la tasa de cambio devaluada, y 3) una nueva política de regulación que haga que los mercados de servicios funcionen en competencia plena, en particular los mercados de crédito y de comunicaciones, eliminando la opacidad de los precios, la “fidelidad” forzosa de los consumidores con los proveedores y reduciendo las asimetrías de información.
En el fondo se trata de desarrollar la economía de mercado, es decir de crear instituciones económicas modernas y de eliminar el rentismo de los ofertantes dominantes en muchos de los mercados importantes de la economía, quienes aprovechando las fallas existentes en dichos mercados, definen precios por encima del equilibrio en competencia plena y, así, generan traslados de ingresos de sectores que dan utilidades reducidas o pérdidas hacia sus sectores que dan utilidades excesivas.
No debe olvidarse que la economía de mercado y la ciencia económica son el resultado de propuestas como la de David Ricardo quien en el siglo XVIII desarrolló la teoría de las ventajas comparativas para combatir el rentismo de los grandes hacendados ingleses que habían hecho aprobar la Ley de Granos para impedir las importaciones del continente a fin de mantener precios elevados para sus productos agrícolas , como la de León Walras, padre del análisis económico en equilibrio general, que en el siglo XIX defendió el derecho a la propiedad privada pero proclamó la necesidad de estatizar los monopolios naturales y las tierras a fin de eliminar el rentismo de monopolistas y latifundistas, o como la de John Maynard Keynes quien en el siglo XX consideraba que “la propiedad de los medios de producción (no era) la que le convenía al Estado asumir” pero que proclamaba “la eutanasia del rentista, del inversionista que no tiene ninguna misión” para lo cual había que “lograr un aumento en el volumen de capital hasta que deje de ser escaso, de manera que el inversionista sin funciones no reciba ya remuneración alguna.”
(Publicado en Freddy Cante y Beatriz Franco, editores académicos, Renovadas Formas de Hacer Oposición, capítulo 2, Editorial Universidad del Rosario, Noviembre 2013. Los pies de página, cuadros, gráficos y bibliografía del presente texto puede consultarse en dicha publicación)
La Gran Recesión económica que agobió al mundo en 2008 y 2009 no acabó en el 2009. Le siguieron la ralentización de la economía estadounidense, la desaceleración de la china, la paralización de la japonesa y lo más notable, sin duda, la crisis en la Unión Europea y, en particular, en la Eurozona, la mayor crisis europea desde la segunda guerra mundial.
Los Estados Unidos vienen recurriendo masivamente a la política monetaria para revitalizar su economía y reducir su aún elevado desempleo. Europa enfocó su solución desde una estricta austeridad fiscal y, en consecuencia, desde la reducción acelerada del Estado de Bienestar, lo que parece haber agravado el problema; ahora recurre a la política monetaria, aunque con mayor timidez que en Estados Unidos.
La austeridad a ultranza generó graves reacciones y movilizaciones sociales, cada vez más frecuentes y masivas, que produjeron diversas crisis políticas y cambios de gobierno, incluyendo una crisis de gobernabilidad en Grecia y fuertes tendencias independentistas en varias regiones europeas. Pero el agravamiento de la crisis y la ineficacia del ajuste para solucionarla están generando mayores movilizaciones sociales que derivarán en otras crisis políticas.
Tales decisiones están mostrando una nueva forma de política económica. A diferencia de la implementada cuatro años antes, basada en una expansión fiscal significativa, la actual tiene como eje fundamental una política monetaria expansiva; en Europa por las dimensiones de la deuda pública o privada, en Estados Unidos por desacuerdos políticos sobre nuevos estímulos fiscales.
Dicha política viene perfilándose en Europa a partir de la nueva presidencia en el Banco Central Europeo en noviembre de 2011 y como resultado de las elecciones francesas de abril 2012. Ciertamente insiste en austeridad, pero postula también como meta el crecimiento económico a fin de reducir un desempleo que alcanza niveles de depresión en varios países. Si el Estado de Bienestar en Europa estaría por asumir una nueva modalidad, parecería cercano también el fin de la dominación, por lo menos por ahora, del neo-conservatismo imperante desde los años ochenta, fuente intelectual de la austeridad y del desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Las catástrofes naturales suelen agravar los problemas económicos. Generan también mayor gasto fiscal y nuevas políticas económicas. El fuerte terremoto japonés de marzo de 2011 y el consecuente tsunami no sólo significaron pérdida de vidas, destrucción de capital y contaminación ambiental, generaron también una expansión fiscal y monetaria notorias y un cuestionamiento mundial a la energía nuclear y, en consecuencia, sobre las fuentes energéticas, presionando al alza la demanda y los precios petroleros.
Los conflictos políticos suelen también agravar los problemas. A partir de 2011 vienen ocurriendo revueltas, cambios de gobiernos y entrampamientos de gobernabilidad en varios países árabes. Conocida como la Primavera Árabe, está derivando en graves cuestionamientos populares a los Estados Unidos y a los otros países desarrollados. Junto a la incertidumbre de la situación iraní, país no árabe pero sí musulmán, tienen particular consecuencia sobre el abastecimiento petrolero y el futuro mundial de la energía. Dichos hechos complican la solución a las dificultades europeas, estadounidense y asiáticas.
Como ocurrió en el 2008-2009, las crisis del mundo desarrollado se traducen tarde o temprano en menor demanda de materias primas, ésta en menores precios internacionales y ambos en menores ingresos por exportaciones, particularmente en aquellos países concentrados en la producción y exportación de materias primas. Deberían implicar también una caída en el flujo de capitales. A su vez, como la reducción de los ingresos externos se traduce en menos ingresos internos, las economías de los países en desarrollo deberían, teóricamente, desacelerarse y quizás también entrar en recesión, dependiendo de la forma en que asuman su política económica y encaren la situación.
No obstante, en esta ocasión los precios internacionales del petróleo no está reduciéndose, existe abundancia de recursos financieros en el mundo a costos mínimos debido a las expansiones monetarias en los países desarrollados, las empresas petroleras buscan nuevos destinos de inversión y las empresas grandes en América latina prefieren endeudarse en el exterior porque los costos financieros domésticos son muy elevados.
De tal modo, la desaceleración se está produciendo en unos sectores y el crecimiento se está dando en otros liderados por el petrolero, evitando una reducción importante del crecimiento total, aunque inducirá una mayor concentración del ingreso en beneficio de los segundos y siendo estos no intensivos en mano de obra, a diferencia de los primeros, un probable desmejoramiento del empleo.
Toda crisis representa un momento de ajuste, cambio o inflexión: Un nuevo arreglo socio-político, una nueva geopolítica, un nuevo orden económico y financiero y una nueva orientación en política económica estarían gestándose. Pueden significar una oportunidad de superación, particularmente en América Latina. Ello es una cuestión de imaginación y de responsabilidad, de quienes las analizan y de quienes toman las decisiones, los académicos y las autoridades políticas.
Los académicos están en la obligación de formular las teorías que expliquen la crisis y ayuden a superarla; las actuales fueron incapaces de predecirla, explicarla y proponer las soluciones respectivas. Las autoridades no sólo deben entenderla, deben generar los mecanismos que permitan superarla, pero no para regresar a la situación pre-crisis sino para avanzar a un nivel superior de desarrollo. Y eso implica nuevas políticas económicas; reproducir las mismas no generará resultados distintos, como sentenciara Albert Einstein: "Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados."
Sobre dichos temas trata el presente texto.
El origen de la actual crisis económica mundial
La Gran Recesión mundial de 2008-2009 es sin duda el origen de la actual crisis europea, ralentización de la economía de los Estados Unidos, desaceleración de la economía china y agudización del lento crecimiento, cuasi parálisis, en Japón que viene ocurriendo desde los años noventa del siglo pasado.
Esa Gran Recesión no apareció del aire. Tampoco es un ciclo más del desarrollo económico con períodos de aceleración y desaceleración. Se inició en Estados Unidos y es consecuencia de graves errores de política económica del gobierno de George Bush hijo, pero iniciadas ideológica y prácticamente a principios de los años ochenta con los gobiernos neo-conservadores de Ronald Reagan (inaugurado en Enero de 1981) en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido (inaugurado en Mayo de 1979).
Esos graves errores de política económica se dieron en los ámbitos monetario, fiscal y de regulación. Como se aprecia en el gráfico adjunto, la política monetaria fue sumamente volátil: en 2001, al inició del gobierno Bush, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) redujo su tasa de interés de 6% a 1.75% para promover el crecimiento, y en 2003 hasta 1%. En 2005-2006 la elevó hasta 5.25%, supuestamente para reducir la inflación, sin éxito, y sin considerar sus efectos sobre prestatarios y productores. En 2007-2008 volvió a reducirla hasta 1%, para evitar la recesión. Actualmente está en casi cero por ciento.
La política fiscal redujo los impuestos a los mayores ingresos. Intentó reducir el gasto civil (educación, salud, pensiones) sin mayor éxito y aumentó el gasto militar en forma notable. El resultado fue un déficit fiscal gigantesco y aumento de la deuda pública que hoy entorpece la solución final de la crisis. Al mismo tiempo otorgó subsidios a los biocombustibles, lo que redujo la producción de alimentos cuando su demanda aumentaba, lo que provocó el aumento de sus precios. Esta inflación, sumada a la de los combustibles y metales, se intentó reducir elevando la tasa de interés, lo que hizo inviable el pago de las hipotecas inmobiliarias, lo que produjo el derrumbe de los derivados financieros y, consecuentemente, la iliquidez e insolvencia de los bancos.
La política reguladora, en un evidente contexto de información asimétrica, evitó regular bancos de inversión y derivados financieros: se pregonaba la autorregulación. Tampoco reguló a las calificadoras de riesgo, con evidentes conflictos de intereses en la calificación de derivados emitidos por los bancos que les pagaban. Resulta que muchos mercados importantes, en particular los financieros, no son eficientes y al actuar libremente produjeron una situación global extremadamente ineficiente.
Las respuestas de política en los Estados Unidos
Los primeros síntomas de una crisis financiera de envergadura comenzaron a notarse con claridad a mediados de 2007 y se convirtieron en pánico bancario tanto en Estados Unidos como en Europa en septiembre-octubre de 2008. Así, las primeras medidas en Estados Unidos y en Europa estuvieron relacionadas con otorgamientos excepcionales de liquidez a las empresas bancarias, garantías gubernamentales a los depósitos bancarios para evitar el colapso del sistema bancario abrumado por los retiros de depósitos y con capitalizaciones de dichas empresas.
En los Estados Unidos la ayuda inicial a los bancos fue por 250 mil millones de dólares, una parte de los 700 mil millones del Programa de Alivio de Activos en Problemas (Troubled Asset Relief Program, TARP) que aprobó el Congreso no sin dificultades. Propuesto con urgencia en septiembre de 2008 por el gobierno Bush para comprar los “activos tóxicos” de los bancos e impedir su colapso por falta de liquidez, fue rechazado por la Cámara de Representantes. La mayoría de los republicanos votó en contra, contra su propio gobierno, aduciendo la inconveniencia de la intervención del Estado en los mercados. Ante la cada vez más deteriorada situación, finalmente, el 3 de octubre de 2008, por presión del gobierno y de los demócratas, el Congreso aprobó la iniciativa e incluyó la posibilidad de que parte de los 700 mil millones se empleara en capitalizar los bancos.
Pero como reflejo de las dificultades y de las incertidumbres de las autoridades para dar una solución efectiva a la crisis, el 12 de noviembre de 2008 el Secretario del Tesoro anunció que ya no emplearía los recursos aprobados para comprar activos tóxicos y que se emplearían para garantizar el flujo de crédito a los consumidores a fin de reactivar la demanda y con ello la recuperación de la industria estadounidense . Nueve de los bancos más importantes de Estados Unidos recibieron esos recursos a cambio de acciones preferenciales que no daban derecho a intervenir en la gestión.
Si inicialmente la respuesta a la crisis en los Estados Unidos fue tímida y no exenta de dificultades políticas, con la nueva administración del Presidente Barack Obama (inaugurada en enero de 2009) se convirtió en masiva, tanto desde el punto de vista fiscal como del monetario. Según Alan Binder de Princeton University y Mark Zandui de Moody’s Analytics, hasta Julio de 2010 el monto comprometido en términos fiscales y monetarios fue de US$ 11.9 millones de millones, los efectivamente provistos fueron US$ 3.5 millones de millones y el costo total fue de US$ 1.6 millones de millones. Así, evitó que lo que acabó siendo la Gran Recesión de principios del siglo XXI se convirtiera en una segunda Gran Depresión similar a la de los años treinta del siglo pasado. En palabras de Binder y Zandui:
“La respuesta del gobierno estadounidense a la crisis financiera y a la Gran Recesión consiguiente incluyó algunas de las políticas monetarias y fiscales más agresivas en la historia. La respuesta fue de múltiples facetas y bi-partidaria, implicando a la Reserva Federal, al Congreso y a dos administraciones… (Los) efectos sobre el PIB real, el empleo y la inflación son enormes y, probablemente, evitaron lo que podría haberse llamado la Gran Depresión 2.0… Sin la respuesta del gobierno, el PIB en 2010 hubiera sido 11.5 % menor, aproximadamente, el empleo se hubiera reducido en por lo menos 8.5 millones de puestos de trabajo y la nación estaría experimentando una deflación… Cuando estos efectos (se dividieron) sobre dos componentes, uno atribuible al estímulo fiscal y otro a la política sobre los mercados financieros, como el TARP, las pruebas de tensión bancaria y las facilidades cuantitativas de la Reserva Federal, (se) estima que el segundo fue considerablemente más poderoso que el primero. Sin embargo, los efectos del estímulo fiscal aparecen también muy sustanciales: elevaron el PIB real de 2010 en 3.4 puntos porcentuales, redujeron la tasa de desempleo en 1.5 puntos porcentuales añadiendo casi 2.7 millones de puestos de trabajo a las nóminas estadounidenses.”
Los límites a la política fiscal y la política partidaria en Estados Unidos
Aunque los estímulos fiscales y monetarios en los Estados Unidos evitaron la segunda Gran Depresión mundial, fueron insuficientes para recuperar plenamente la economía y el empleo. En 2007, víspera de la crisis, la economía estadounidense creció 1.9%, en 2008 decreció 0.3% y en 2009 3.1%; en 2010 se recuperó 2.4% y en 2011 1.8%. Según la OECD en 2012 crecerá 2%; según el FMI 2.1%. Por su parte, la tasa de desempleo más elevada se observó en septiembre de 2009, 10% de la fuerza laboral, tasa que no se observaba en Estados Unidos desde septiembre de 1982 hasta junio de 1983. Aunque se redujo a un dígito, se mantiene aún, persistentemente, en una tasa cercana a 8%; en septiembre 2012 fue de 7.9%.
En 2012 no hubo estímulos fiscales. Los republicanos que controlaban la Cámara de Representantes desde el 2011 y, por lo tanto, los gastos fiscales se opusieron a cualquier estímulo fiscal adicional y a aumentar los impuestos a las personas de mayores ingresos, particularmente en sus rentas de capital, para financiarlo parcialmente. Parecían dispuestos a paralizar la economía y así alimentar el desempleo y el descontento social a fin de evitar la reelección del presidente.
Aun así, contrariando las encuestas pre-electorales que vaticinaban un empate técnico, el 6 de noviembre 2012 los estadounidenses reeligieron por una amplia mayoría al Presidente Obama quien los había salvado de una segunda Gran Depresión. Los estadounidenses votaron también una serie de referéndums estaduales cuyos resultados mostraron una tendencia crecientemente progresista. De seguir capturado por su ala más conservadora, el Partido Republicano tiene poco futuro político por cuenta de las tendencias demográficas y culturales: los jóvenes, los más educados, las mujeres y las minorías, éstas últimas con la mayor tasa de crecimiento poblacional, votan liberal y demócrata.
En su plataforma electoral el candidato republicano prometía eliminar la reforma financiera y la de salud universal aprobadas durante el gobierno Obama, y reducir de inmediato el déficit fiscal. Para esto último prometía reducir los impuestos a los ricos, aumentar el gasto y la presencia militar estadounidense en el mundo, y reducir el gasto civil eliminando programas como Medicare, Medicaid y agencias como la Federal de Emergencias, la misma que resultó clave en la atención a la catástrofe en la costa nordeste ocurrida días antes de la elección por cuenta del huracán Sandy.
Dicha plataforma correspondía a la típica propuesta republicana desde los presidentes Reagan hasta Bush hijo. Se supone que con ella restablecería la confianza de inversionistas y empresarios, es decir una cuestión mágica que haría que destinaran más recursos a la inversión y por ello al empleo. No importaba que nunca haya resultado, que su aplicación haya generado déficit y endeudamiento públicos mayúsculos en épocas de expansión económica, y que, en últimas, sea responsable de la Gran Recesión.
Desde el punto de vista ideológico y cultural las elecciones fueron un debate entre liberales y conservadores, entre tolerancia e intolerancia; desde el punto de vista económico, entre más Estado para salvar a la economía de mercado, y menos Estado aunque ponga en trance de colapso a la misma, como ocurrió en el 2008-2009. Resulta increíble que a pesar de toda la evidencia económica acumulada a través de tantos años, en medio de una situación recesiva para la cual todos los manuales de economía recomiendan políticas expansivas, un candidato republicano con su tradicional plataforma económica hubiera disputado la elección en forma reñida según las encuestas.
No obstante la derrota en las presidenciales, los republicanos lograron mantener el control de la Cámara de Representantes (y los demócratas el control del Senado), con lo que podrían continuar impidiendo cualquier estímulo fiscal adicional, salvo alguna concertación entre ejecutivo y legislativo si la sensatez logra superar a la ideología y a los intereses que defiende. Parece difícil: Inmediatamente después de la elección los republicanos ofrecieron apoyar un pequeño aumento de impuestos a los ricos a cambio de una reducción en los gastos civiles, cuestión muy complicada para un Presidente que logró su reelección con el apoyo masivo de la gente de menores ingresos que demanda esos gastos sociales.
Abismo fiscal, acuerdo de último momento y deuda pública
El primer acuerdo post elecciones en Estados Unidos fue requerido muy rápidamente. De no haberse logrado, a partir de enero del 2013, automáticamente, hubieran entrado en vigencia leyes de previa aprobación que según la Oficina Presupuestal del Congreso hubieran implicado respecto al año fiscal anterior un aumento de 19.6% en la recaudación de impuestos y una reducción estimada de 0.25% en el gasto público, el llamado “abismo fiscal” estadounidense. Para evitarlo, el 2 de enero 2013 el reelecto presidente Obama promulgó la Ley de Alivio del Contribuyente Estadounidense del 2012 (American Taxpayer Relief Act of 2012- ATRA).
El abismo fiscal hubiera conducido a una reducción abrupta del déficit fiscal estadounidense (a la mitad según la misma Oficina). Esa menor demanda hubiera producido un retorno a la recesión de una economía aún en recuperación y, consecuentemente, a mayores tasas de desempleo, estimadas alrededor de 9% para el segundo semestre del 2013, actualmente es de 7%. La recesión hubiera implicado también una caída de la demanda de importaciones, en particular de materias primas.
Tales comportamientos, junto a la crisis europea, que probablemente se agravará en 2013 como consecuencia del manejo restrictivo de sus propias dificultades fiscales, hubieran conducido a una mayor desaceleración de la economía china y de las otras economías asiáticas que, a su vez, hubieran agudizado la reducción de la demanda mundial de exportaciones, en particular de materias primas, y, de tal modo, hubieran producido menores ingresos al resto de los países de menor desarrollo que, a su vez, hubieran experimentado recesiones internas o, al menos, desaceleraciones económicas importantes.
Mejor dicho, de producirse, el famoso abismo fiscal estadounidense era más bien un abismo económico a escala mundial, de reacciones y reducciones económicas sucesivas encadenadas globalmente, gajes de la globalización. Sin posibilidad cierta de ser atajada en el origen, como sí ocurrió en el 2008 cuando se convirtió en la Gran Recesión, esta vez podría conducir a la Segunda Gran Depresión mundial. Por eso el llamado abismo fiscal producía preocupación en el gobierno estadounidense y en no pocos analistas económicos, y urgencia por encontrarle alguna solución antes de que acabara el 2012.
La ATRA estadounidense fue el resultado de difíciles negociaciones entre demócratas y republicanos que expresaban sus profundas diferencias ideológicas y una marcada división al interior de los republicanos, entre moderados y fundamentalistas de extrema derecha. Lo que los líderes de ambos partidos buscaban era evitar la reducción abrupta del déficit fiscal, el abismo fiscal. Los extremistas de derecha, consecuentes con su ideología de gobierno limitado, hubieran preferido incluso una reducción más abrupta del déficit con una reducción mayor de impuestos y aún más del gasto, eliminado todo tipo de gasto social.
Las partes transaron básicamente por el lado de los impuestos. El acuerdo final significó el aumento respecto a las tasas vigentes en 2012 del impuesto a los ingresos superiores a los 400 mil dólares anuales en el caso de individuos y de 450 mil dólares para las parejas con declaración conjunta. Como bien notaron varios analistas, fue la primera vez desde 1993 que las tasas del impuesto a los ingresos se aumentaron en los Estados Unidos.
A cambio de dichos aumentos, los republicanos exigieron una mayor reducción del gasto público, pero las decisiones al respecto fueron postergadas por dos meses, hasta cuando se dé la discusión sobre el límite de la deuda pública. En esa oportunidad, seguramente, intentarán presionar por la reducción del gasto social. Los demócratas, a su vez, intentarán una mayor reducción del gasto militar.
Para justificar su posición sobre la deuda pública estadounidense, los republicanos argumentan, curiosamente, que la misma habría llegado a niveles insostenibles, superiores al 100% del PIB. Olvidan que es una deuda en su propia moneda, en gran medida con los mismos estadounidenses, y que al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año fiscal de 1946 (octubre 1946-septiembre 1947), la deuda del gobierno federal, con la que financió el esfuerzo de guerra y acabó la Gran Depresión luego de 15 años, era equivalente a 121.96% del PIB; en 1941 había sido de 45.41%. Durante los siguientes 35 años, en su mayoría de gobiernos demócratas, la deuda se redujo sistemáticamente y al final del gobierno del Presidente Carter, en el año fiscal de 1980, era equivalente a 32.6% del PIB.
Olvidan también que fueron los siguientes gobiernos republicanos los responsables de aumentar nuevamente la deuda pública. En 1988 al final del gobierno Reagan equivalía a 51% del PIB y al final del gobierno Bush padre en 1992 era equivalente a 62.1%; la reducción de impuestos a los ricos y el aumento del gasto militar fueron los principales responsables. Fue el Presidente Clinton, demócrata, quien al final de su mandato en 2000, la redujo a 56.56%, y el Presidente Bush hijo la elevó nuevamente hasta 69.5% en 2008. La Gran Recesión y los esfuerzos fiscales por contrarrestarla hicieron que durante el Gobierno Obama aumentara a 85.2% en 2009, llegando a 105.32% en 2012.
Si las negociaciones sobre el techo de la deuda pública fracasan, el tema del abismo fiscal podría surgir nuevamente y el gobierno Obama podría no lograr mayores estímulos fiscales. De tal modo, la recuperación de la economía estadounidense tendrá que seguir descansando en los estímulos monetarios, como ha venido ocurriendo desde que los republicanos tomaron control de la Cámara de Representantes en noviembre de 2010, hasta que la pierdan, probablemente en las elecciones del 2014.
La política monetaria como único mecanismo expansivo
Sin instrumentos fiscales, quien está tratando de recuperar la economía estadounidense con una política monetaria sumamente expansiva es el banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal (FED). Ciertamente no es lo ideal y augura una recuperación muy lenta. La expansión fiscal en forma de más empleos públicos e inversiones en infraestructura, que también generan empleo, le llega a las personas de menores ingresos quienes son las que más los necesitan. La expansión monetaria que no financia una expansión fiscal le llega a los propietarios de títulos financieros que quieran venderlos; los recursos correspondientes se redistribuyen en la economía si los emplean para aumentar el consumo o desarrollar alguna inversión productiva.
Con la expansión monetaria la FED no ha hecho nada más que cumplir la misión que la Ley le otorga: “Conducir la política monetaria nacional a través de influenciar las condiciones monetarias y crediticias en la economía con el propósito de lograr máximo empleo, precios estables y tasas de interés moderadas en el largo plazo”, en ese orden. Para el efecto, no sólo ha mantenido su tasa de referencia casi en cero por ciento desde diciembre del 2008; ha anunciado que la mantendrá en ese nivel hasta el 2015. Así mismo ha desarrollado, con la oposición beligerante de los republicanos, dos rondas de las llamadas flexibilizaciones cuantitativas (Quantitative Easing en Inglés) en montos y tiempos limitados, es decir compras de títulos respaldados por hipotecas y títulos del Tesoro, y una operación de sustitución de títulos con madurez de corto plazo por títulos de largo plazo.
El 13 de septiembre del 2012 la FED anunció su tercera flexibilización por US$ 40 mil millones de dólares mensuales “hasta que mejore sustancialmente la situación de desempleo”. Según la FED, sin expansiones monetarias adicionales el crecimiento económico no sería lo suficientemente fuerte para generar una mejora sustancial en las condiciones del empleo. En su justificación consideró adicionalmente que las dificultades en los mercados financieros mundiales continúan representando riesgos negativos a las proyecciones económicas y que la inflación en el mediano plazo estaría alrededor del objetivo de 2 por ciento anual.
Sin embargo, esas expansiones resultan relativamente pequeñas con relación al monto de las transacciones realizadas en la economía estadounidense. Así, mientras que en el 2009 el PIB, que además no representa el total de las transacciones realizadas en la economía sino la parte correspondiente al valor añadido en el proceso productivo por pago a los factores de producción, era de US$ 13.86 millones de millones, el total de la primera flexibilización cuantitativa entre noviembre de 2008 y mayo de 2010 fue de US$ 1.75 millones de millones, es decir 12.6% del primero.
A su vez, como se aprecia en el cuadro adjunto, las expansiones monetarias de la Reserva Federal, o la de los bancos centrales japonés y europeo, no han significado un crecimiento significativo de los medios de pago (M2) con relación al PIB. En el 2007 el M2 en los Estados Unidos representaba 82.1% del PIB, en 2008 87.2% pero en 2011, luego de las flexibilizaciones cuantitativas 1 y 2, el M2 respecto al PIB era de 86%. En el caso japonés, el M2 con respecto al PIB del año 2011 fue similar al del año 2000. Y en Europa, tanto en la Eurozona como en la Unión Europea, si bien la relación M2/PIB aumentó entre 2007 y 2009, a partir de entonces declinó hasta el 2011.
Dicha limitada expansión de los medios de pago totales ha ocurrido, en gran medida, porque la expansión del circulante ha compensado la caída del cuasi dinero, es decir los depósitos de los agentes económicos en las instituciones financieras, como consecuencia de la recesión o de la desaceleración económica. Así, mientras el dinero en Estados Unidos aumentó sostenidamente de 9.9% del PIB en 2007 a 15.4% en 2011, los cuasi dineros pasaron de 72.2% a 70.6% en los mismos años. En Japón, entre el 2000 y el 2011, el dinero pasó de 58.9% del PIB a 115.7%, mientras que el cuasi dinero se redujo de 181.7% del PIB a 124.3%.
No debería sorprender que esas generosas expansiones monetarias no hayan tenido impacto inflacionario. Como se indicó, son relativamente pequeñas respecto al tamaño de las transacciones totales realizadas en la economía, han sustituido en gran medida la reducción de los depósitos y una parte importante ha sido absorbida por el resto del mundo. Tampoco debe olvidarse que en los tiempos actuales, particularmente desde la aparición de las tarjetas de crédito y de débito, la demanda en los mercados no depende sólo del circulante o efectivo en poder de los agentes económicos, el dinero que se expresa en el denominado M1 (circulante más cuentas corrientes), sino de la totalidad de los medios de pago, que se expresa en el llamado M2 (M1 más depósitos).
La política económica y la actual crisis en Europa
Las respuestas a la Gran Recesión en Europa fueron mucho más tímidas. Irlanda fue el primer país que garantizó la totalidad de los depósitos de su sistema bancario, por 400 mil millones de euros, el 2 de octubre de 2008. La medida indujo un retiro voluminoso (una corrida) de depósitos en los bancos ingleses cuyo gobierno también se vio obligado a dar esa garantía. Casi inmediatamente el resto de gobiernos europeos tuvo que ofrecer garantías similares.
Más allá de las garantías a los depósitos bancarios, los gobiernos europeos actuaron básicamente a través de la política fiscal. Inicialmente aumentaron el gasto para sostener el empleo y a sus bancos, aunque dos años después, cuando el endeudamiento público derivado del mayor déficit fiscal comenzó a presionar a sus cuentas, convirtieron su política fiscal en una búsqueda de austeridad a toda costa. Dicho cambio fue presionado por los gobiernos de Alemania y Francia, la Comisión de la Unión Europa, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas últimas organizaciones lideradas por los primeros.
Por su parte, particularmente en la Eurozona, la política monetaria a cargo del BCE fue sumamente restrictiva. En medio de una Gran Recesión ya declarada, recién en octubre de 2008 redujo su tasa de interés de 4.25%, vigente desde junio de 2000, a 3.75%, llevándola progresivamente hasta 1% en mayo de 2009. Y aunque parezca increíble, para combatir un supuesto brote inflacionario, en un contexto tan grave como el señalado, en abril de 2011 luego del rescate de Portugal, el BCE elevó su tasa de interés de 1% a 1.25% y en julio 2011 volvió a elevarla a 1.5%; mientras tanto, la FED la mantenía en 0% y el Banco de Inglaterra en 0.5%. No obstante, en noviembre de 2011, luego del cambio de su presidente, revirtió su decisión y su tasa volvió a 1.25% y en diciembre a 1%. Actualmente se encuentra en un nivel de 0.75%.
Luego de dichos hechos y políticas, para sorpresa del mundo entero, a abril de 2012 la recesión golpeaba a Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia y, en menor grado, a Bélgica, Holanda y Eslovenia. La recesión también se daba en otros participantes de la Unión Europea, incluyendo al Reino Unido, Dinamarca y la República Checa. Desde entonces hasta la fecha la situación se ha agravado y asemeja ya a una depresión en algunos países: Grecia, España, Portugal e Irlanda.
¿Pero por qué los países europeos, particularmente los del Mediterráneo, supuestamente desarrollados, están pasando por una crisis económica gravísima, de naturaleza parecida a la que atravesó América Latina en los años 80 del siglo pasado?
La recesión en Estados Unidos se trasladó a Europa y al resto del mundo por vía financiera, menores flujos de comercio y caída de los precios de las materias primas, y se convirtió en Gran Recesión cuando afectó el crecimiento en todo el mundo. La reducción notoria de los ingresos externos, que se tradujo en reducción de los ingresos internos, prácticamente paralizó las economías domésticas y en los países europeos mediterráneos derrumbó el turismo, una de sus principales actividades. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2009 en España 10.7% del PIB y 12.7% del empleo eran generados por el turismo, en Grecia las tasas respectivas eran 6.6% y 7.3% y en Italia 4.8% y 9.7%, para mencionar tres casos problemáticos.
Ello les representó menos ventas, menos producción, menos empleos, salarios y utilidades. En consecuencia, cayó la recaudación tributaria y como debieron aumentar el gasto fiscal para evitar una recesión mayor, el déficit público alcanzó niveles elevadísimos. Según el Banco Mundial, entre 2007 y 2009 el déficit fiscal en Grecia pasó de 6.6% a 15.3% del PIB, en Italia de 1.3% a 4.9% y en España de un superávit de 2.4% a un déficit de 8.6%.
Consecuentemente, el tamaño de la deuda pública llegó a niveles insospechados. Para los mismos países, la deuda pública de Grecia en 2010 según el FMI representaba 142.7% de su PIB, la de España 60.1% y la de Italia 119%. Uno de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht señala como límite para la deuda pública total (externa e interna) el 60% del PIB.
El problema de España era, ciertamente, diferente: su deuda pública no era tan elevada, la que era elevada era la deuda privada. Los cuadros adjuntos muestran la dimensión de dicha deuda así como la de varios otros países. Aunque parezca increíble, la deuda privada de los españoles pasó de representar 97.7% del PIB en 2000 a 211.6% en 2010. A su vez, el crédito doméstico provisto por el sector bancario español pasó de 115.2% del PIB en 2000 a 231.4% en 2010. En ningún otro país el endeudamiento creció de tal manera en tan corto periodo de tiempo.
Tal endeudamiento, se originó en un crecimiento acelerado de los créditos hipotecarios, al igual que en Estados Unidos en los años previos a la crisis, que generó una elevación de los precios inmobiliarios. Cuando se produjo la crisis, al quedarse sin ingreso muchos de los españoles endeudados no pudieron pagar sus créditos, con lo que se paralizó el sector inmobiliario y la construcción y puso en grave aprieto a los bancos españoles, endeudados, a su vez, con bancos alemanes y franceses.
Si los deudores no pagan sus deudas masivamente, los acreedores y los tenedores de los bonos correspondientes, en este caso los grandes bancos europeos, son los que enfrentan serias dificultades. Europa, sin financiamiento, tendría una recesión gravísima y prolongada. Con ella, la Unión Europea, la Eurozona, la política monetaria común y el Euro se debilitarían fuertemente. En ese contexto, no queda más remedio que ayudar a los países, aunque la misma se condicione a determinados “ajustes” internos. Pero si los ajustes y los rescates fracasan, los países altamente endeudados e incapaces de honrar sus obligaciones tendrían que salir de la Eurozona, se reducirían las transacciones y el comercio entre sus miembros y con ello sus niveles de ventas, producción y empleo.
En el caso griego, para la actual Canciller alemana y el entonces Presidente francés la disyuntiva era ayudar a los griegos para salvar a los bancos alemanes y franceses, provocando la ira de sus electores por ayudar a “irresponsables”, o abandonar a Grecia, forzar su salida de la Eurozona y ayudar a esos bancos directamente, a un costo mayor, provocando una ira similar por ayudar a “inescrupulosos”. La cuestión es clara: si Grecia, España o Italia salen de la Eurozona, alemanes y franceses tendrán que asumir la totalidad del rescate de sus bancos.
Sin alternativa, en mayo del 2010, los gobiernos europeos encabezados por Alemania y Francia se comprometieron a “salvar” a Grecia con un primer paquete de 110 mil millones de euros; el FMI adicionó 30 mil millones. Simultáneamente crearon un fondo de rescate, ahora de un millón de millones de euros, para “salvar” a España, Portugal, Irlanda e Italia, si fuera necesario. Así mismo, fue creado el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para preservar la estabilidad de la unión monetaria a través de una asistencia financiera temporal a los miembros con problemas.
Crisis europea, ajuste y desempleo
La crisis y la manera como se abordó en Europa han generado una situación que se suponía posible sólo en los países en desarrollo: crisis económica, asistencia financiera y “ajuste” para, supuestamente, ayudar a resolverla. La asistencia financiera que se está otorgando a los países europeos en problemas está sujeta a condiciones económicas y financieras estrictas como parte del fundamentalismo fiscal que impulsa Alemania. Las condiciones incluyen reordenamientos fiscales, aumento de impuestos, reducción de salarios y pensiones, menores gastos públicos, venta de activos estatales. El FMI está encargado de supervisarlas.
El ajuste se aplica más o menos en los mismos términos, con diferentes magnitudes, en todos los países en dificultades y aún en los países supuestamente sin dificultades como Alemania y Francia. En el caso griego, la ayuda financiera y la reducción de su deuda, lideradas por Alemania, fueron otorgadas a cambio de un ajuste draconiano que incluyó: despido de 15 mil empleados públicos, reducción de otros gastos fiscales, aumento de impuestos, reducción del salario mínimo en 25%, venta de empresas y activos públicos. Por su parte, en octubre de 2011, tras arduas negociaciones, lograron que los bancos redujeran “voluntariamente” la deuda griega en 50 por ciento. Las autoridades griegas aceptaron el paquete para poder cumplir sus obligaciones financieras y, en últimas, no salir de la Eurozona.
Los ajustes implican una notoria caída de ingresos que se traduce en menos compras, menos ventas, menos producción y, consecuentemente, más desempleo. A marzo de 2012, según la organización estadística de la Unión Europea, Eurostat, el desempleo en la Unión afectaba a 24.7 millones de personas, equivalente a una tasa de desempleo de 10.2%, de los cuales 17.4 millones, equivalente a una tasa de 10.9%, estaban localizados en la Eurozona. Por su parte, a la misma fecha, la tasa de desempleo entre los jóvenes en la Unión Europea era de 22.6 % y en la Eurozona de 22.1 %.
A esa fecha, las mayores tasas de desempleo en la Unión Europea correspondían a España, 24.1 %, y a Grecia, 21.7 % (en enero 2012). Para los jóvenes las mayores tasas de desempleo se daban también en Grecia, 51.2 % (enero 2012) y en España, 51.1 %. Dichas tasas son similares a las que se dieron en las peores épocas de la Gran Depresión del siglo pasado cuando la tasa de desempleo en los Estados Unidos llegó a 25%. Por su parte, las tasas de desempleo más bajas se daban en Austria (4.0 %), Holanda (5.0 %), Luxemburgo (5.2 %) y Alemania (5.6 %); para los jóvenes las menores tasas se daban en Alemania (7.9 %), Austria (8.6 %) y Holanda (9.3 %).
El desempleo en Europa ha venido aumentado en forma notoria. Entre marzo 2011 y marzo de 2012 se incrementó en 2.1 millones de personas en la Unión Europea y en 1.7 millones en la Eurozona. La tasa de desempleo se incrementó en 19 de los países miembros y se redujo en 8. A marzo de 2011 la tasa desempleo en la Unión Europea era 9.4% y en la Eurozona 9.9%; con relación a los jóvenes, la tasa en la Unión Europea era 21.0 % y en la Eurozona 20.6 %. Los mayores incrementos en el desempleo se produjeron en Grecia (de una tasa de 14.7 % a 21.7 %, entre enero 2011 y enero 2012), España (de 20.8 % a 24.1 %) y Chipre (de 6.9 % a 10.0 %).
Más grave todavía. Tal como ocurrió durante la Gran Depresión en Estados Unidos, el aumento del desempleo y, más aún, el desmantelamiento de la red de seguridad social como consecuencia de las medidas de austeridad están llevando a la desesperación y al suicidio a una cantidad cada vez más numerosa de personas. En 1929, el año del crash de la bolsa de New York, la tasa promedio de suicidios por 100 mil habitantes en Estados Unidos se elevó a 18.9 y se mantuvo en 15.4 entre 1930 y 1940, habiendo sido de 12.1 promedio entre los años 1920 y 1928). Según cifras oficiales, entre 2007 y 2009 la tasa de suicidios entre los hombres en Grecia aumentó más de 24%, en Irlanda más de 16% y en Italia los suicidios motivados por razones económicas aumentaron 52%, desde 123 en 2005 a 187 en 2010.
Un estudio reciente muestra la relación entre los cambios en las tasas de desempleo y la tasa de suicidio en las personas menores de 65 años en la Unión Europea. Según el estudio, tanto en los nuevos estados miembros como en los antiguos el desempleo no aumentó hasta 2009; a partir de entonces aumentó rápidamente hasta situarse 35% por encima del nivel de 2007 (aproximadamente 2.6 puntos porcentuales). Por su parte, en ambos grupos de países la tasa de suicidios se redujo en forma sostenida, con una tendencia estable, hasta el 2007; a partir de la crisis la tendencia se revertió en forma inmediata. En 2008 los suicidios en los nuevos Estados miembros aumentaron en menos de 1% pero en los antiguos aumentaron casi en 7%; en 2009 aumentaron mucho más en ambos grupos de países. Sólo Austria tuvo menos suicidios en 2009 que en 2007, 5% a la baja; en los otros países el aumento fue al menos de 5%. Según los autores esos cambios se encuentran en el límite superior de sus estimaciones según las cuales un aumento del desempleo de más del 3% aumenta la tasa de suicidios en 4.45%.
Ajuste europeo y movilizaciones sociales
Como perder ingresos y beneficios y, consecuentemente, calidad de vida no satisface a nadie, más aún si es de manera importante, genera conflictos sociales, tanto más graves cuanto mayor es el ajuste. A su vez, como los resultados que van apareciendo en Europa muestran un desempleo cada vez mayor y un déficit fiscal que no se soluciona, la percepción generalizada es que el ajuste no está teniendo éxito, lo que genera más incertidumbre, más insatisfacción y un desasosiego generalizado que se traduce en menor gasto privado como medida precautoria y, por lo tanto, en mayor recesión y conflicto.
Las protestas, movilizaciones, paros y huelgas contra el ajuste en Grecia, España, Portugal, Irlanda e incluso Italia y Francia son cada vez más masivos y frecuentes. Los trabajadores y sindicatos protestan y se movilizan, pero también los ciudadanos más diversos, incluyendo propietarios de pequeñas empresas afectadas, empleados públicos y de empresas disminuidas por la crisis, desempleados, estudiantes, pensionados, amas de casa, marginados, etc. En España, gran parte de todos ellos, se conglomeran en el denominado movimiento de los “Indignados”. Su irrupción, sorpresiva y pacífica, en las principales ciudades españolas ha sido posible, en gran medida, por la existencia y masificación de las redes sociales y de los medios modernos de comunicación.
Los indignados españoles no parecen tener una ideología definida, mayor organización, dirigencia clara o propuestas priorizadas. No parecen cuestionar en conjunto el modo de vida ni el consumismo de la sociedad moderna. Pero su rechazo sí alcanza al “rentismo”, es decir la posibilidad de generar rentas sin crear riqueza, de la clase política, que usufructúa el poder político en su beneficio, y de los dirigentes y propietarios de las grandes empresas y bancos, que aprovechan las fallas en los mercados y la insuficiencia e inadecuada regulación estatal para beneficiarse económicamente a costa del resto de la población.
La acusación principal de los indignados es que los partidos tradicionales, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), junto con los bancos y las grandes empresas son los culpables de la crisis económica, de desconocer su responsabilidad en su gestación, del manejo equivocado de la misma pues no conduce a su solución, de haber descargado la carga del ajuste en quienes no son los responsables, la población de menores ingresos, y de actuar en beneficio de los propietarios y empresarios de las grandes empresas y bancos.
Para los indignados los partidos tradicionales han actuado de esa manera porque no representan los intereses de la gran mayoría de la población sino los de los políticos que aglutinan y los de las grandes empresas y bancos. Así, el común denominador de los indignados pareciera ser su rechazo cada vez más marcado al sistema político encarnado en el duopolio de los dos partidos tradicionales, la “alternancia sin alternativa” como lo califican.
De tal modo, pareciera clara la existencia de una crisis de representatividad que conduce a reclamar al sistema político nuevas instituciones que permitan una democracia real, directamente participativa, menos intermediada, más transparente y flexible, y una menor (o ninguna) influencia de dichas grandes empresas y bancos en el quehacer político, planteando incluso la intervención (o nacionalización) de la banca que haya sido “rescatada”, una reforma fiscal fuertemente progresiva y la implantación de un impuesto a las transacciones financieras (el llamado impuesto Tobin). La resolución del conflicto implica, entonces, una salida política (ver acápite siguiente sobre el ajuste y las crisis políticas).
Para algunos analistas la movilización de los indignados está emparentada con la que ocurre simultáneamente en los países árabes, la llamada Primavera Árabe, que causó el derrocamiento violento de varios líderes árabes y su sustitución por regímenes aún en proceso de construcción. No obstante, claramente, tienen distintos orígenes, objetivos, métodos y consecuencias (ver acápite sobre la Primavera Árabe más adelante).
Recuerda también la movilización de mayo de 1968 de los estudiantes parisinos que repercutió en toda Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Ciertamente ambas son movilizaciones populares pero la revuelta parisina del 68, a veces violenta, tenía líderes identificados, fundamentalmente estudiantes, en su mayor parte de raíces marxistas que inspiraban sus acciones en la guerra de Vietnam, la Revolución Cubana y la Revolución Cultural china iniciada en 1966.
Los parisinos manifestaban contra el autoritarismo del General De Gaulle y de la V República, pero también contra el consumismo, la represión cultural y sexual de la burguesía francesa. Querían tomarse el poder y cambiar el sistema político y económico, pero principalmente generar una corriente libertaria y transformar la cultura y las costumbres sexuales: “prohibido prohibir” y “la imaginación al poder” era dos de sus lemas principales. Sobre lo primero fracasaron: nunca llegaron ni siquiera cerca al poder, aunque sí lograron mayor libertad en los sistemas educativos; sobre lo segundo tal vez sólo catalizaron algo que iba a ocurrir de todos modos como consecuencia de los cambios tecnológicos, la aparición de la píldora anticonceptiva en los años 60 del siglo pasado, y la existencia de una aspiración social hasta entonces reprimida.
Ajuste y crisis políticas
Tarde o temprano las crisis económicas y sociales de envergadura desembocan en crisis políticas. Así, la crisis europea ha desembocado también en lo propio. No distinguió entre gobiernos de izquierda democrática como el de Papandreu en Grecia y Rodríguez Zapatero en España o de derecha como el de Berlusconi en Italia. Más adelante, en abril 2012 le costó la presidencia al presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien perdió su reelección ante el candidato socialista Francois Hollande cuya bandera electoral fue revisar la “receta” del ajuste para completarla con una “receta” para el crecimiento. A su vez, las elecciones en Grecia, también en abril 2012, pusieron al descubierto la crisis de gobernabilidad existente al producir un resultado que no le permitió a ninguno de los cuatro candidatos más votados formar gobierno y en la que los opositores del ajuste superaban a los que lo apoyaron desde el anterior gobierno.
En todos los casos el proceso se desencadena en forma similar: La crisis económica da pie a unos ajustes fiscales que se postulan como solución; los mismos producen una reducción del ingreso de la población que conduce a protestas y a una crisis social; con ello arriba la pérdida de apoyo popular al gobierno que acaba con su mayoría en el parlamento o electoralmente, que se traduce en una crisis política.
Pero la historia tiene sus complicaciones y es siempre aleccionadora: Luego de la primera guerra mundial, las desmedidas reparaciones que los aliados impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles generaron un rechazo inmenso entre los alemanes. Ello, entre otros elementos, facilitó el fortalecimiento del nazismo que abanderó las protestas contra dichas reparaciones y estimuló el pasaje a la segunda guerra mundial y a los millones de muertos que produjo. Grecia o España ciertamente son hoy sociedades y Estados muy diferentes a la Alemania de los años veinte, pero enfrentan ajustes similarmente excesivos y conflictos y movilizaciones sociales no despreciables que deben ser atendidos; las consecuencias políticas, más allá de lo ya producido, pueden ser imprevisibles.
En efecto, como la crisis española continúa agravándose y la población se indigna cada vez más, el gobierno es también cada vez más impopular. No obstante, parece aún muy prematuro para que colapse y tiene, además, una amplia mayoría parlamentaria. De tal modo, lo que puede colapsar es España; a menos que la crisis se supere, lo que parece poco probable en el corto y mediano plazo, o que se logre un amplio acuerdo político para un nuevo gobierno de coalición, que podría tener poco éxito si no incluye la reorganización del Estado, los partidos, la representación política y la participación popular.
En las elecciones autonómicas del 21 de octubre 2012, los nacionalistas vascos seguidos de la izquierda soberanista ganaron las elecciones en el País Vasco: 48 diputados sobre un total de 75. Por su parte, el 25 de noviembre 2012 se realizaron elecciones anticipadas en Cataluña. Los partidos pro-independencia ganaron 74 sillas de las 135 del parlamento catalán haciendo probable que un referéndum independentista sea realizado en los próximos cuatro años. Aspiración de vieja data, las encuestas muestran que la mayor parte de los catalanes votarían a favor de la independencia. Cobró fuerza luego que el 20 de septiembre 2012 fracasó la negociación entre Barcelona y Madrid por una mayor autonomía fiscal catalana e, implícitamente, por un ajuste más flexible.
Si la independencia catalana triunfa, el País Vasco, con la misma aspiración también de vieja data y con un gobierno regional liderado por los independentistas, seguirá el mismo camino. Se independizarán así las regiones más desarrolladas de España: una manera de acercar el gobierno a una sociedad más pequeña, de evitar la transferencia de recursos al centro y a las regiones menos desarrolladas de España, y de fortalecer sus respectivas culturas. Ambas seguramente trataran de mantenerse en la Unión Europea. Y España se reducirá a Madrid, centro administrativo diseñado para un país más grande, y a las regiones menos desarrolladas, innovadoras y emprendedoras.
¿Solución europea sin ajuste?
El problema con la solución del ajuste es que produce una caída en la demanda y si el ingreso mundial no se recupera o la productividad de griegos, españoles e italianos no converge con la de alemanes y franceses para volverlos más competitivos (según la OCDE en 2009 la productividad laboral griega era 64% de la alemana, la italiana 82% y la española 89%), no existe forma de que recuperen su nivel de ingreso y antes bien el ajuste genera una espiral perversa de menos ingresos, menos demanda, menos producción y menos ingresos. En ese contexto, ajustes y ayudas financieras son insuficientes para recuperar esas economías. Lo que necesitan es crecer más, es decir: producir más.
Otro tipo de “solución” podría darse si Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia salieran de la Eurozona. Seguramente tendría características similares a la que adoptó Argentina en 2001 cuando abandonó su convertibilidad cambiaria uno a uno entre su moneda y el dólar estadounidense en la culminación de su crisis: un “default” de la deuda pública ya no del 50% sino del 80% y la devaluación de sus respectivas nuevas monedas de 300 o 400%.
Como consecuencia, se elevarían los precios domésticos y se reduciría el salario real notablemente. De tal modo, a diferencia de la solución del ajuste por vía de cantidades, es decir de la reducción de los ingresos nominales para hacerlos compatibles con la tasa de cambio común existente, el ajuste se produciría vía precios, con otra tasa de cambio y otros precios de bienes y servicios, y la reducción del ingreso real.
Pero al disponer de una mayor competitividad cambiaria, las actividades productivas de bienes exportables y que sustituyen importaciones podrían recuperarse rápidamente al volverse más competitivas, en particular el turismo, una de sus principales fuentes de divisas, y con ello lograr tasas elevadas de crecimiento, como en la Argentina postcrisis.
Dicha “solución” estaría aparentemente descartada por voluntad propia de dichos países y su interés manifiesto de seguir perteneciendo a una comunidad que agrupa a las naciones más importantes del mundo desarrollado; voluntad e interés no sólo de los dirigentes sino también de la mayoría de la población como lo muestran las encuestas que se han realizado al respecto. No obstante, las realidades económicas pueden ser más tercas y exigentes: el tiempo lo dirá.
Estancamiento económico, terremoto y tsunami en Japón
En 2009, según el Banco Mundial, la economía japonesa decreció 5.5% y en 2008 1.0%; en 2010 recuperó su crecimiento a 4.4% pero en 2011 volvió a decrecer 0.7%. Luego de crecer a una tasa promedio de 9.3% en la década de los años sesenta, 4.5% en los setenta, 4.6% en los ochenta, su tasa de crecimiento se redujo a 1.1% en la década de los años noventa y a 0.8% entre el año 2001 y el 2010, el peor comportamiento en este último periodo entre las economías más grandes del mundo incluyendo Estados Unidos (1.8%), China (10.3%) y la Unión Europea (1.5%).
Japón tiene una economía estancada desde hace dos décadas, por lo menos. Y una inestabilidad política grande: Seis Primer Ministros en los últimos seis años. No obstante, en 2009, a dólares constantes del año 2000, el ingreso per cápita de los japoneses (38,777) era superior al de los estadounidenses (37,016), al de los europeos (24,178) y, ciertamente, al de los chinos (2,206). Difícil esperar que esta crisis, por grande que sea, reduzca significativamente ese estándar de vida.
En ese contexto, el viernes 11 de marzo de 2011 un fuertísimo terremoto de 9.1 grados de intensidad golpeó al Japón. El terremoto, el mayor en 140 años de la historia japonesa, junto con el tsunami que generó destruyeron la costa nordeste del país. Adicionalmente, produjo graves daños en la central nuclear de Fukushima I, una de las 25 mayores del mundo con un conjunto de 6 reactores nucleares y una potencia total de 4.7 GW, y en menor grado en otras tres centrales japonesas. Preocupó a todo el mundo por las fugas de radioactividad que produjo.
Los problemas económicos pueden agravarse con catástrofes naturales y, muchas veces, generan hechos y decisiones políticas y económicas que cambian las trayectorias establecidas. El terremoto japonés de marzo de 2011 y el consecuente tsunami no sólo significaron pérdida de vidas, destrucción de capital y contaminación ambiental para una economía paralizada desde hace dos décadas. Generó adicionalmente un cuestionamiento mundial a la producción nuclear de energía.
Así, poco después de la catástrofe, Alemania anunció que hacia el 2022 cerrará todas sus plantas nucleares de las cuales depende el 23% de su abastecimiento energético. A su vez, el Presidente Hollande anunció que Francia, mediante impuestos y subsidios a considerarse a partir del presupuesto de 2013, disminuirá su dependencia respecto al petróleo y en particular de la energía nuclear de la cual depende el 80% del abastecimiento energético (espera reducirla a 50% al año 2025), y buscará desarrollar fuentes de energía renovable y carros y edificios eficientes desde el punto de vista energético. Ello conducirá inicialmente, en un plazo más o menos corto, a un aumento de la demanda petrolera y más adelante a su reducción, cuando esas otras fuentes energéticas alternativas resulten viables económicamente y operen de manera masiva.
Los resultados de la catástrofe se tradujeron en una pérdida de 15 mil vidas humanas y en una desaparición de 4 mil personas. Se habló de 210 mil desplazados por la crisis de las centrales y de 380 mil por el terremoto y el tsunami. Los estimados sobre la magnitud de la destrucción del stock de capital indican una cifra de US$ 35 mil millones como el costo asegurado.
La respuesta inmediata del gobierno japonés fue destinar 100 mil soldados a las tareas de rescate y limpieza. En poco tiempo desarrolló una fuerte expansión del gasto público para las tareas de reconstrucción. A su vez, el Banco Central anunció la inyección de 15 millones de millones de yen (US$ 184 mil millones) a fin de garantizar el flujo de dinero requerido a empresas y familias. Como era de esperar, luego del terremoto, el índice de la Bolsa de Tokio cayó 6%; las mayores pérdidas se dieron en las empresas aseguradoras.
El Primer Ministro japonés calificó el desastre como el más grave que sufre el país desde la segunda guerra mundial invitando a construir un nuevo Japón. No será a partir de cero. Japón es un país rico que tiene las capacidades empresariales, la población educada y los recursos de capital para recuperase. Paradójicamente, el terremoto puede haber inducido el estímulo fiscal y monetario necesario para remontar la crisis económica que los abruma desde hace algún tiempo.
De hecho, una de las principales críticas que se hace a la política económica japonesa es que en las últimas dos décadas siempre actuó en la dirección correcta pero siempre en forma insuficiente. Donald Kohn, hasta hace poco Vicepresidente de la FED, decía que la experiencia japonesa le había dejado dos lecciones: 1) La necesidad de ser agresivos en la provisión de estímulos a la economía en las épocas de crisis y 2) evitar su cancelación antes de tiempo. Tal concepción pareciera haber calado en las decisiones de la Reserva Federal que, como se señaló, pareciera no escatimar esfuerzos para tratar de sacar a su economía de la crisis.
En esta oportunidad, un poco como respuesta y siguiendo el ejemplo de la FED, el 19 de setiembre de 2012, el Banco del Japón anunció que ampliará el tamaño y la duración de su programa de compra de bonos del gobierno japonés a fin de estimular el crédito y el gasto así como para hacer más competitivas a las exportaciones japonesas manteniendo reducida la tasa de interés y devaluando su moneda. Anunció que expandiría su compra de activos y su programa de préstamos hasta el final de 2013 en 10 millones de millones de yen (US$ 126 mil de millones), hasta 80 millones de millones de yen (US$ 1 millón de millones), adicional a sus compras anuales usuales de 21.2 millones de millones de yen (US$ 273 mil millones). Así mismo, anunció que mantendrá su tasa de interés entre cero y 0.1%.
El caso chino
Si estadounidenses, europeos y japoneses no compran en forma creciente debido a sus propias debilidades económicas, los chinos no tienen para quién producir crecientemente y, por lo tanto, enfrentan también su propia desaceleración. En 2012 China crecería 7.5%, por debajo del 10% o más de las últimas décadas.
¿Pero por qué China tiene ahora tanta importancia? ¿Cómo así un país que hace treinta años era considerado paria es ahora la tercera economía mundial después de Europa y Estados Unidos? ¿Cómo así, según el Banco Mundial, China ha logrado reducir la pobreza de su población de un total de 84% en 1979 a 16% en 2010? ¿Porqué China crece a tasas tan altas, de una manera sostenida, durante tanto tiempo, a diferencia, por ejemplo, de los países latinoamericanos? Ciertamente, no fue con buenos deseos ni menos apelando a ideologías. Simplemente, la aplicación de una política económica exitosa ha convertido a China en la tercera economía mundial en menos de tres décadas.
El crecimiento de la economía depende del crecimiento de la producción. Pero para ello tiene que contar con demanda suficiente. Si la demanda interna es pequeña, porque los ingresos de la mayor parte de la población son reducidos, para poder crecer elevada y sostenidamente es necesario acceder a la demanda externa. Si la demanda externa es muy grande para un país económicamente pequeño, definido no por el tamaño de su población sino por el ingreso de la misma, esa demanda es potencialmente ilimitada. Así, el límite de la producción está dado por la capacidad instalada de producción. Esa capacidad aumenta con la inversión. Los recursos de inversión provienen del ahorro interno complementado con el ahorro externo, es decir con crédito externo o inversión extranjera directa.
De tal modo, China crece aceleradamente no por su particular estructura económica. Crece porque la política económica ha hecho posible, primero, que cuente con una demanda mundial externa ilimitada y, segundo, que experimente una expansión aceleradísima de su capacidad instalada de producción gracias a una elevadísima tasa de inversión. En la primera década del segundo milenio, según el Banco Mundial, China, como se muestra en el cuadro adjunto, invirtió a una tasa promedio anual de 42.5% del PIB siendo su tasa de ahorro interno de 47.3% del PIB. Según la misma fuente, la tasa de inversión colombiana en el mismo periodo fue de 20.5% del PIB y su tasa de ahorro 18%. Es decir, China crece fundamentalmente a partir de sus propios recursos. Ciertamente, la inversión extranjera directa que recibe es la mayor en el mundo, US$ 185 mil millones de dólares en 2010, pero ella representa solamente un monto equivalente a 3.1% de su PIB.
China y la cuestión de la competitividad
¿Porqué la demanda externa en China es ilimitada? Porqué sus productores son competitivos internacionalmente. No es que China sea competitiva; es que los productores chinos, a similar calidad, pueden vender sus bienes y servicios ventajosamente en el mercado internacional. Para poder vender en el mercado internacional, el precio al que el productor puede vender el bien o servicio tiene que ser mayor que el costo de producirlo.
Resulta necesario identificar de qué depende esa relación precio/costo. Para los bienes y servicios transables internacionalmente, el precio de venta lo define el precio en el mercado internacional nacionalizado por la tasa de cambio, los impuestos o subsidios y los costos financieros. Los costos de producción incluyen los pagos a los elementos del proceso productivo: mano de obra, capital, financiamiento, servicios públicos (electricidad, agua y comunicaciones) y otros bienes intermedios. Es decir, esa relación depende de la estructura de precios básicos, los precios de los factores y elementos que intervienen en casi todos los procesos productivos: salario, tasa cambio, tasa interés, precios de servicios públicos e impuestos indirectos. Depende también de la manera como se combinan y la productividad con que intervienen.
Por lo tanto, ser competitivo es ser rentable. Esa rentabilidad es crucial. La utilidad de las empresas es el principal proveedor de recursos de ahorro que necesita la economía para expandir la capacidad instalada o aumentar la productividad. Cabría distinguir entre rentabilidad unitaria, es decir la relación precio/costo por unidad de producto, y la rentabilidad global que involucra la rentabilidad unitaria, el volumen de ventas y los impuestos directos, con respecto a la inversión desarrollada. Es claro que con un mayor volumen de ventas y menores impuestos directos se consigue mayor disponibilidad de recursos y, por lo tanto, mayores posibilidades de inversión.
Para tales propósitos China mantiene una política monetaria sumamente expansiva. Su principal objetivo es mantener una tasa de cambio devaluada vis a vis el dólar, el euro y el yen, es decir competitiva. Para el efecto, compra con los yuanes que su banco central emite todos los dólares que sobran en su mercado cambiario a fin de mantener esa tasa de cambio a niveles competitivos. De tal modo, como muestra el cuadro adjunto, mientras que en 1990 la relación de medios de pago (M2) a PIB en China era de 69.8%, en 2000 era de 124.1% y en 2010 de 166.5%. Consecuentemente, a diciembre de 2011 su nivel de reservas era de US$ 3.3 millones de millones.
Tal expansión monetaria no ha generado una inflación elevada porque la tasa de inversión que China mantiene, gracias a su elevada tasa de ahorro generada principalmente por las utilidades de sus empresas, posibles por su competitividad, permite un aumento de la capacidad de producción que es capaz de absorber la mayor demanda generada por dicha expansión monetaria. En la primera década del segundo milenio la tasa china de inflación promedio fue de 2%, mientras que en Colombia con una expansión monetaria que pasó de 25.2% del PIB a 35.8% en el mismo periodo, la inflación promedio fue de 7%.
China mantiene a su vez tasas de interés crediticia sumamente reducidas con lo cual los costos financieros de sus empresas son igualmente reducidas. Por otro lado, sus salarios promedio son aún pequeños frente a los de los países desarrollados. Así, según el Banco suizo UBS, en 2009 el salario promedio en Shangai era US$ 3.9 la hora mientras que en New York era US$ 26.1. No es cierto que son estos salarios los que hacen a los productores chinos más competitivos que a los colombianos: en la misma fecha el salario promedio en Bogotá era también US$ 3.9.
Tampoco es la productividad lo que hace a los productores chinos más competitivos. Según el Banco Mundial, en 2010 la productividad laboral en China era de US$ 12 mil a poder de paridad de compra a precios del año 2000, por cierto menor a la productividad laboral colombiana de US$ 16 mil y mucho menor que la productividad existente en Estados Unidos de US$ 46 mil.
Ciertamente esta definición de competitividad no es la del Foro Económico Mundial (FEM). Según el índice de competitividad de dicha organización para 2012-2013, como muestra el cuadro adjunto, Suiza ocupaba el primer puesto, Canadá el puesto 14 y China el puesto 33.
¿Cómo así el país que como es público y notorio vende más bienes y servicios en el mundo, en los mercados más grandes, no es el más competitivo? Difícil de entender, cuando China ha conquistado todos los mercados mundiales: en 2004 desplazó a México como el segundo abastecedor de las importaciones estadounidenses, en 2007 a Canadá como el primer y, por cierto, no tiene ningún tratado de libre comercio con Estados Unidos que si lo tienen México y Canadá.
La cuestión tiene que ver con la forma con que el FEM desarrolla y estima su particular concepto de competitividad. El índice del FEM tiene tres componentes: Requerimientos básicos, Refuerzo de eficiencia y Factores de innovación y sofisticación, descompuestos, adicionalmente, en lo que denomina 12 pilares. Dichos pilares y sus componentes, todos ellos, tienen que ver con instituciones y desarrollo institucional. Por cierto, adicionalmente, para la construcción del índice dichos componentes son ponderados de una manera subjetiva.
De tal manera, el índice de competitividad del FEM es en realidad un índice de desarrollo institucional; no mide competitividad en los términos que debería entenderse, considerando la conquista de mercados. Ciertamente es útil, pero para otros propósitos de comparación. Siendo así, no es sorprendente que Suiza ocupe el primer lugar en el índice, un país que como es de dominio público es sumamente organizado y con instituciones económicas sumamente desarrolladas desde hace muchos años.
Movilizaciones populares, Primavera Árabe y petróleo
Las crisis pueden tener también origen político y traducirse en conmociones sociales, dificultades económicas y nuevas crisis políticas. Lo más notorio de los últimos años tiene que ver con otra manifestación de una extendida movilización popular, está vez en los países árabes, como se mencionó, la llamada Primavera Árabe.
La Primavera Árabe ha incidido en revueltas, cambios de gobiernos y entrampamientos de gobernabilidad en varios países árabes; es decir el derrumbe y la sustitución de regímenes autoritarios de larga duración, con regímenes aún en definición, supuestamente de mayor raigambre democrática y con fuerte influencia islámica. Esas revueltas no aparecieron por generación espontánea; son el resultado de un proceso de continuo descontento social y deterioro político asociado a situaciones de pobreza, desempleo, corrupción y represiones políticas, comunes en regímenes autoritarios.
La primera expresión de la Primavera Árabe se dio en Tunes el 14 de enero de 2011 con la caída, luego de violentas protestas populares, de su presidente Zine El Abidine Ben Ali, después de 23 años en el poder. Continuó con la caída del presidente de Egipto Hosni Mubarak quien también luego de violentas manifestaciones populares tuvo que renunciar el 11 de febrero después de casi treinta años en el poder.
Le siguió Yemen. El 5 de junio el Presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh abandonó el país para un tratamiento médico, consecuencia de violentas manifestaciones populares que desembocaron en un ataque rebelde al palacio presidencial. Con ello entregó el poder luego de tres décadas de gobierno a su vicepresidente quien asumió como Presidente en funciones en noviembre de 2011. Entre 1978 y 1990 Saleh sirvió como Presidente de la República Árabe de Yemen (del Norte). Cuando en 1990 se produjo la unificación con Yemen del Sur continuó como presidente hasta noviembre de 2011.
Las revueltas también alcanzaron a Siria aunque hasta la fecha no hayan tenido un desenlace que termine con el gobierno del Presidente Bashar al-Assad y el país se encuentre envuelto en una sangrienta guerra civil. Las demostraciones públicas contra el gobierno comenzaron el 26 de enero de 2011 demandando la renuncia del Presidente, de su gobierno y el fin de casi 50 años de mandato del Partido Ba’ath. El actual presidente asumió el cargo a la muerte de su padre Hafez al-Assad quien, a su vez, se hizo del gobierno a través de un golpe de estado en 1971.
Pero tal vez los hechos más significativos están relacionados con la guerra civil en Libia entre las fuerzas del coronel Muammar Gaddafi y las que acabaron derrocándolo. Gaddafi gobernó Libia durante más de cuatro décadas, entre 1969 y 2011, en ocasiones de manera brutalmente represiva. Fue Gobernante oficial de la República Árabe de Libia desde que tomó el poder en 1969 hasta 1977 cuando renunció a su cargo oficial para convertirse en el “Hermano Líder” del Estado de Masas (Jamahiriya) Árabe de Libia.
La rebelión contra Gadaffi se inició el 15 de febrero de 2011 con protestas populares en la ciudad de Bengasi, aparentemente estimuladas por las rebeliones en Tunes y Egipto. Las protestas dieron lugar a graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y a la extensión de la rebelión. El 26 de febrero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1970 que condenaba el uso de fuerza letal por Gadaffi contra la protesta popular, congelaba sus activos y los de su círculo interno, establecía restricciones a sus viajes y remitía el asunto a la Corte Penal Internacional para investigación por violaciones a los derechos humanos.
El 17 de marzo la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad estableció una zona de exclusión aérea sobre Libia y autorizó a usar "todas las medidas necesarias" para prevenir los ataques contra civiles dando pie a la intervención militar aérea de la NATO. En agosto, los rebeldes lograron capturar Trípoli, la capital. El 16 de septiembre de 2011 el Consejo Nacional de Transición fue reconocida por las Naciones Unidas como representante legal de Libia. El 20 de octubre de 2011 Gadaffi fue capturado y muerto. Tres días después la guerra civil fue terminada oficialmente.
La importancia de estos hechos reside en la incertidumbre que despierta sobre la estabilidad no solamente de los países afectados sino la de los otros países árabes no afectados aún, así como por la orientación ideológica y geopolítica que podría asumir el mundo árabe. A ello debe añadirse la incertidumbre que genera Irán por su desarrollo nuclear a pesar de la oposición de los países desarrollados. País musulmán, no árabe pero también petrolero, su situación tiene consecuencias sobre el abastecimiento petrolero.
Complica dicho panorama las protestas populares en los mismos países contra Estados Unidos y sus aliados occidentales. Vienen ocurriendo con más violencia desde septiembre 2012, supuestamente en respuesta a provocaciones occidentales realizadas a través de películas, caricaturas y demás que denigran las creencias religiosas de los árabes; seguramente como consecuencia de resentimientos de larga data, acuñados por el apoyo estadounidense a Israel y sus intervenciones en Irak y, más adelante, en Afganistán.
Todo ello repercute en la situación de las empresas petroleras occidentales operando en dichos países y, así, en el abastecimiento petrolero, sus precios y el futuro de la energía. Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, entre los 20 mayores países exportadores de petróleo 6 son árabes y uno islámico, Irán.
El panorama petrolero actual es transparente: por un lado existe una menor demanda petrolera producto de las dificultades económicas del mundo desarrollado que es compensada por el cierre de las plantas nucleares de energía; por otro lado, la oferta se reduce por las dificultades árabes. En ese contexto, los precios petroleros se resisten a una reducción importante como ocurrió en el 2008-2009, cuando los precios petroleros (West Texas Intermediate) pasaron de US$ 133.9 barril en junio 2008 a US$ 39.2 en febrero 2009; en agosto de 2012 el precio era US$ 94.1 barril.
El problema es que los precios petroleros elevados aunque favorecen a los países productores (por ejemplo, Colombia), dificulta la recuperación estadounidense y europea pues obliga a sus nacionales a dedicar una parte mayor de sus ingresos al gasto en energía, restándolo de otro tipo de consumo. Por tal razón, a partir de Septiembre de 2012, Arabia Saudita el mayor exportador mundial, aliado tradicional de Estados Unidos y Europa, viene inyectando una mayor cantidad de petróleo a fin de evitar que el precio petrolero supere los US$ 100 dólares barril.
De otro lado, la incertidumbre árabe ha provocado un flujo de capitales en busca de nuevas fuentes petroleras a otros destinos de probable producción petrolera, a pesar del reconocimiento de costos de exploración, producción y refinación mucho más elevados. Es así que en los últimos cinco años, entre 2007 y 2011, Colombia recibió US$ 17,072 millones en inversión extranjera directa en petróleo, mientras que en los cinco años anteriores, entre 2002 y 2006, la cifra acumulada fue de US$ 4342 millones.
Del centro a la periferia
Los efectos de la crisis económica europea junto a las dificultades de Estados Unidos, el estancamiento japonés y la desaceleración en China deberían trasladarse a América Latina como ocurrió en el 2008-2009. Con la crisis internacional, cae la demanda y los precios internacionales de las materias primas, que es lo que América Latina produce y exporta, y las remesas de los trabajadores migrantes por el desempleo que experimentan en Europa y Estados Unidos. Se esperaría que los flujos de capitales también se redujeran.
Pero en esta ocasión, la situación de los precios de las materias primas es distinta por la situación petrolera mencionada. Así, mientras que entre agosto 2011 y agosto 2012 los precios de los metales cayeron 25.9%, los de las bebidas (café, té y cacao) 19.5% y los de los alimentos (cereales, aceites vegetales, carne, pescado, azúcar, bananas y naranjas) aumentaron 2.1%, el precio del petróleo aumentó 9%; los precios de los otros productos energéticos, carbón y gas, cayeron 26.9% y 30%, respectivamente. De tal modo, es de esperar que la situación venezolana y ecuatoriana, exportadores de petróleo, sea distinta a la colombiana, exportador de petróleo y carbón, y a la de Perú y Chile, exportadores de productos minero-metalúrgicos.
A su vez, los flujos de capitales no se han reducido dados lo ingentes recursos financieros disponibles a tasas mínimas en los países desarrollados (generados por las gigantescas expansiones monetarias particularmente en Estados Unidos): De una parte, dadas las elevadas tasas de interés domésticas, las empresas grandes en Latinoamérica (usualmente las productores de materias primas) con acceso a los mercados de crédito internacionales prefieren endeudarse en el exterior; de otra parte, dadas las incertidumbres en el mundo árabe, los inversionistas petroleros están destinando sus inversiones hacia nuevos destinos. Según la última balanza cambiaria colombiana disponible, hasta junio de 2012 los ingresos por préstamos externos fueron de US$ 10,639 millones y la inversión extranjera directa de US$ 9,834 millones; hasta junio de 2011, los montos fueron US$ 10,911 millones y US$ 8,667 millones, respectivamente.
En términos anuales las cifras son dicientes. Según la misma balanza cambiaria, la inversión extranjera directa en Colombia en 2011 fue de US$ 17,879.7 millones, en 2010 de US$ 9,040.8 millones. A su vez, la inversión de los colombianos en el exterior fue en 2011 de US$ 7,882.9 millones y en 2010 de US$ 7,825.9 millones. Por su parte, el endeudamiento empresarial en el exterior en 2011 fue de US$ 15,708.1 millones, en 2010 fue de US$ 19,444.1 millones. Para contrastar, el ingreso de divisas por exportaciones de petróleo en 2011 fue de US$ 19,130.9 millones, mientras que en 2010 fue de US$ 11,071.9 millones. Mejor dicho, la principal fuente de divisas de la economía colombiana no proviene de su principal producto de exportación sino del endeudamiento de las empresas y de la inversión extranjera directa (disminuida en forma notoria por la inversión de los colombianos en el exterior).
El problema de la abundancia de divisas es que mantiene revaluada la tasa de cambio y, así, hace imposible que otras actividades sean rentables y, por lo tanto, viables, pues esa tasa de cambio es sólo compatible con la estructura de costos de esas materias primas. Y lo que pasa con la tasa de cambio condiciona lo que pasa con los precios en la bolsa de valores: cuando se revalúa los precios de las acciones suben, cuando se devalúa los precios bajan.
La tendencia a la revaluación cambiaria ocasionada por la abundancia de divisas producto de las exportaciones de recursos naturales es conocida en la literatura como la “enfermedad holandesa:” En el caso colombiano, sin embargo, esa abundancia relativa de divisas no es consecuencia solamente de la exportación de petróleo y carbón sino de las ineficiencias de los mercados de crédito domésticos que inducen a las empresas grandes a endeudarse en el exterior, y de los problemas internacionales que inducen inversiones que en otras circunstancias más favorables no se producirían.
El comportamiento de la tasa de cambio colombiana que muestra el gráfico adjunto ilustra lo descrito. La revaluación viene ocurriendo en forma sostenida desde el 2003 hasta la fecha, interrumpida por una recuperación notoria entre julio 2008 y principios de 2009. La primera fue alimentada por la elevación de los precios internacionales de las materias primas, petróleo y carbón en particular, y los flujos crecientes de endeudamiento e inversión extranjera, la segunda por su abrupta caída como consecuencia de la Gran Recesión del 2008-2009.
Por cierto, la revaluación colombiana entre septiembre de 2012 y agosto 2003, cuando la tasa de cambio alcanzó su máximo valor (2901.1 pesos por dólar), es de 38%, una magnitud muy significativa que hace dudar de las posibilidades competitivas del peso colombiano en el contexto internacional. La cuestión es importante y preocupante pues ocurre en una circunstancia mundial en la que los productores manufactureros y agropecuarios, los mayores empleadores, deben poseer la mayor competitividad posible para que puedan, por lo menos, mantener su participación en los mercados internacionales e incluso en los nacionales cuando compiten con importaciones: las crisis económicas tienden a reducir el tamaño de los mercados dejando por fuera a los ofertantes menos competitivos.
En ese contexto, los ingresos de los propietarios, directivos y trabajadores de los sectores exportadores no petroleros disminuyen. Y quienes les venden bienes y servicios también reciben menos ingresos. Esto desacelera la producción y el comercio respectivo y, así, produce recesión, desempleo y aumenta la pobreza en dichos sectores. En cambio, como los precios del petróleo se resisten a bajar, la situación anterior no se produce en dicho sector y en sus vinculados hacia “atrás”, a los que les compra bienes y servicios, y hacia “adelante”, a los que les vende. De tal modo, el decrecimiento de unos resulta compensado por el de los segundos y el ingreso tiende a concentrarse más aún en los sectores que no ven sus precios internacionales reducidos y en sus vinculados.
Realidades latinoamericanas: pobreza e inequidad
Esta desaceleración por sectores ocurre en un contexto de pobreza e inequidad no resueltos en América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2010 el porcentaje de pobreza en la región se situó en 31.4% de la población, incluyendo 12.3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Esos porcentajes equivalían a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes.
En Colombia en particular, en 2011, de sus 46.04 millones de habitantes proyectados, que constituían 12.46 millones de hogares, 43.2% se consideraba pobre. En el mismo año 32.7% de los jefes de hogares declaraba que sus ingresos no cubrían sus gastos mínimos para alcanzar una canasta básica de bienes y servicios. A su vez, 53.6% de los jefes de hogares declaraba que sus ingresos sólo cubrían esos gastos mínimos.
Ello es consecuencia, en gran medida, de elevadas tasas de desempleo. Y como las personas no pueden vivir desempleadas sin ingresos, en ausencia de un seguro de desempleo acaban, usualmente, como subempleados creando su puesto de trabajo, su microempresa, típicamente informal, de baja productividad por la escasez de capital que les impide ingresos más elevados.
En julio de 2012 la tasa de desempleo en Colombia era 10.9% de la población económicamente activa y la tasa de sub-empleo 33.7%. De tal modo, entre aquellos que no tienen ningún ingreso y aquellos que lo obtienen por debajo de un nivel mínimo, trabajan por debajo de ocho horas o se emplean en trabajos por debajo de sus capacidades, se encuentra casi la mitad de la población: 44.6%.
Pero el problema latinoamericano no es solo de ingresos reducidos y pobreza, es también de inequidad en la distribución del ingreso. Según las Naciones Unidas, con base en información del Banco Mundial sobre el Índice Gini que mide esa distribución, sobre un total de 141 países los latinoamericanos ocupaban gran parte de los peores puestos. En América Latina la peor distribución se daba en Haití (puesto 138) seguido de Colombia (puesto 136). No muy lejanos se encontraban Bolivia (135), Honduras (133) y Brasil (132). Los mejores posicionados eran Venezuela (95) y Uruguay (103).
Primarización, manufacturas y empleo
La crisis de los países desarrollados después de todo tiene una virtud: pone en evidencia la enorme dependencia del ciclo económico latinoamericano respecto al de los primeros y al comportamiento de los precios internacionales de las materias primas. Esa dependencia creciente de las materias primas viene acentuándose desde la apertura de sus mercados de bienes y servicios desde fines de los años ochenta. Gran parte del problema es que esa apertura se dio sin un simultáneo aumento de la competencia en los mercados de servicios, particularmente en los mercados de créditos, que en el caso colombiano según el Banco de la República operan en competencia monopolística.
De tal modo, las manufacturas se quedaron en el peor de los mundos: costos financieros y de servicios elevados por la falta de competencia plena en los mercados de crédito y servicios, y tasa de cambio revaluada por el ingreso de divisas por las exportaciones primarias, el endeudamiento de las empresas grandes en el exterior y las inversiones externas. Con ello su rentabilidad se marchitó y la inversión en el sector se redujo relativamente, con lo que perdió participación en la estructura de la economía. Así, según datos del Banco Mundial, como se muestra en el cuadro adjunto, entre 1971 y 2011 en la Argentina las manufacturas redujeron su participación en el PIB de 35.8% a 17.8%, en Brasil de 29.2% a 14.6%, en Chile de 24.4% a 11.9% y en Colombia de 20.8% a 14.9%.
Lo grave es que la estructura emergente impide resolver el problema del desempleo y subempleo porqué la producción en los sectores primarios es intensiva en capital y, por lo tanto, demanda poca mano de obra, con lo que el ingreso tiende a concentrarse. En efecto, según datos de la Organización Mundial del Trabajo sobre personas ocupadas por sector, como se muestra en el cuadro adjunto, mientras que en Chile y Perú, países eminentemente mineros, la minería emplea a 1.5% y 0.5% de la fuerza laboral y en Colombia 0.9%, las manufacturas emplean 12.8%, 17.1% y 13.4%, respectivamente.
Adicionalmente, los arranques y paradas de la economía debido a la dependencia de las circunstancias internacionales se traducen en tasas de crecimiento promedio reducidas, lo que dificulta más aún la solución sostenida de la pobreza y la inequidad. Según datos del Banco Mundial, como muestra el cuadro adjunto, entre 1960 y 2010 Chile, que alcanzó la tasa de crecimiento más elevada entre los países latinoamericanos más grandes, creció a una tasa promedio anual de 2.5% per cápita y Colombia lo hizo a 2.0%; mientras tanto China creció 6.5%. Más recientemente, entre 2000 y 2010, mientras Perú, con la mayor tasa, creció anualmente a una tasa promedio de 4.4% per cápita y Colombia 2.5%, China creció 9.8%. La tasa de crecimiento en China es más estable y más elevada porqué su estructura productiva y sus exportaciones están basadas en bienes manufacturados cuyos precios internacionales son mucho más estables y, como se indicó, los productores chinos son sumamente competitivos y sus tasas de inversión son elevadísimas.
Crisis y el nuevo orden mundial
La crisis mundial ha puesto en evidencia una serie de cambios en el escenario político internacional. En primer lugar, Alemania que no pudo dominar a Europa con sus ejércitos en la primera mitad del siglo veinte, tendría ahora, aparentemente en forma más duradera, un fuerte liderazgo sobre una Europa debilitada; aunque a partir de la presidencia de Hollande, Francia pareciera haberse constituido en una suerte de contrapartida. Mientras tanto Estados Unidos pierde liderazgo en el mundo y varios estados latinoamericanos desafían sus políticas.
Así, el 2 de marzo de 2011, a través del Consejo Europeo compuesto por los 27 jefes de Estado de la Unión Europea, Alemania consiguió aprobar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, con la abstención del Reino Unido y la República Checa. El tratado obliga a los 25 países firmantes a mantener un presupuesto fiscal balanceado o en superávit; es decir, que el déficit estructural anual sea menor a 0.5% del PIB. Así mismo compromete a los 17 países de la Eurozona a adoptar las decisiones del Consejo en caso de déficits excesivos; mejor dicho condiciones supra-soberanas incluso sin ayuda financiera.
Ese liderazgo es posible por la fortaleza de la economía alemana, la más fuerte de Europa; como antaño era la de Estados Unidos. Su capacidad le permite proporcionar la ayuda más importante a los países europeos en dificultades. Actualmente garantiza 29.1% de los 780 mil millones de euros que respaldan la emisión de bonos del mencionado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (Francia garantiza 21.8%, Italia 19.2%) que le permite prestar hasta 440 mil millones.
Pero el fortalecimiento alemán y el debilitamiento estadounidense ocurren simultáneamente con: 1) el letargo japonés, 2) la emergencia de China como potencia económica mundial, pero con déficit de democracia aún, con un claro liderazgo en Asia y tratando de posicionarse en África y América Latina, particularmente para garantizar su abastecimiento de materias primas para su creciente aparato manufacturero, y 3) el despertar de Rusia reclamando su liderazgo en el Este, con recursos naturales enormes requeridos por Europa, particularmente Alemania, pero todavía autoritaria y tecnológicamente débil.
Ello permite pensar que una nueva geopolítica estaría definiéndose, heterogénea, con nuevos liderazgos y áreas de influencia. Ojala Latinoamérica pueda aprovecharla en democracia. Pero podrá hacerlo siempre y cuando logre una mayor autonomía en sus decisiones y ello pasa, necesariamente, por una menor dependencia de la producción y exportación de materias primas que la ata con pocos grados de libertad a lo que ocurra en otras partes del mundo.
En forma simultánea, un nuevo orden económico y financiero mundial comienza a perfilarse asociado a una nueva división internacional del trabajo que produce especializaciones productivas y roles complementarios entre regiones y que es funcional para todos los participantes, con la salvedad de que con dicha división algunos países ganan mientras que otros pierden en términos de bienestar de la mayor parte de su respectiva población.
Ese reordenamiento tiene que ver en primer lugar con el posicionamiento notable de China como el tercer espacio económico mundial después de Europa y Estados Unidos y por encima de Japón, así como por la prominencia de otros países asiáticos como India y Vietnam en el panorama económico internacional. Es consecuencia de su crecimiento económico acelerado a partir de la producción y exportación de bienes manufacturados. Así, pareciera claro que dichos países asiáticos se especializarán cada vez más en la producción de dichos bienes, desplazando a productores de bienes similares de otras partes del mundo.
Por su parte, los países actualmente desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, se están concentrando cada vez más en la producción de servicios, particularmente financieros encabezados por los grandes bancos que controlan la mayor parte de los recursos financieros en el mundo, y en la producción de manufacturas sofisticadas, de diseño, de precisión y alto valor agregado a cargo de empresas de escala mundial.
Y América Latina se vuelve a posicionar cada vez más claramente, como entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado, como proveedor de materias primas de los anteriores en consecuencia de su creciente proceso de reprimarización de su estructura económica que viene desde hace un par de décadas: hace muchos años su producción fue fundamentalmente minera y agropecuaria, luego intento desarrollar sus manufacturas, hoy vuelve a su historia anterior. A su vez, África transita más o menos por el mismo sendero aunque sin sufrir una reprimarización, pues nunca llegó a tener una industria manufacturera como la que los latinoamericanos alcanzaron a desarrollar.
De tal modo, ambas regiones se especializarán en la producción y exportación de materias primas con las consecuentes dificultades en generar empleo para la mayor parte de su población. Para cambiar ese rol en el concierto económico mundial tendrían que desarrollar otra política económica, como se discute más adelante, que haga competitiva su producción de manufacturas; la actual no lo permite. Lo sensato sería que puede dedicarse, principalmente, a la transformación de sus materias primas.
Complementario al nuevo orden económico, comienza también a perfilarse una nuevo orden financiero mundial. El rol que ocupan los países en ese nuevo orden tiene que ver con la importancia relativa de sus economías y, por lo tanto, de sus monedas. El proceso creciente de globalización mundial generó un flujo de comercio y de recursos financieros cada vez mayor, excepto durante la Gran Recesión. Ese comercio tenía que transarse con el auxilio de un medio de cambio. En las etapas iniciales, el dólar estadounidense fue usado para ese fin, casi de manera exclusiva. Pero el desarrollo de Japón y más adelante la constitución de la Unión Europa y luego de la Eurozona y su moneda única, hicieron que el yen y el euro aparecieran también como mecanismos de transacción. De ahí a convertirse en depósito de valor internacional, en reservas internacionales, fue apenas natural. Se hicieron cada vez más importantes conforme la economía y el dólar estadounidense se fueron debilitando.
Por su parte, al convertirse en la tercera economía mundial China generó unos enormes volúmenes de comercio con el resto del mundo. Así, es apenas natural que cada vez se haga más sencillo comerciar a través de su moneda, el yuan. De ahí a considerarla como reserva de valor generalizada y aceptada internacionalmente es cuestión de muy poco tiempo. Pero como la fortaleza de unos es la debilidad de otros, estará acompañada de una disminución del rol de las otras monedas de reserva y en particular del dólar estadounidense.
Estará acompañada también con una creciente participación de China y de otros países emergentes como India y Brasil en los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio. Será apenas la contrapartida no sólo del posicionamiento de China como tercer espacio económico mundial y la creciente importancia económica de los otros, sino de su capacidad de ofrecer cooperación económica y apoyo financiero respaldados por su fortaleza económica y su nivel de reservas internacionales.
La crisis ha generado también numerosos e importantes cambios en la regulación financiera con el objetivo de evitar que el mundo vuelva a pasar por una crisis financiera de la envergadura de la ocurrida durante la Gran Recesión. Ciertamente, se reflejarán en el orden financiero mundial.
Las nuevas regulaciones han significado la creación de nuevos cuerpos reguladores nacionales como el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera en Estados Unidos, establecido en julio del 2010 por la “Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y de Protección del Consumidor,” la Autoridad Bancaria Europea establecida en enero de 2011 en Europa, así como nuevas entidades internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera fundado en abril de 2009 cuyo secretariado tiene sede en Basilea, Suiza, y es ejercido por Banco Internacional de Pagos.
Las medidas regulatorias dictadas tanto en Estados Unidos como en Europa cubren aspectos tales como: la reducción del riesgo sistémico y en particular el que representan para la economía mundial los grandes bancos internacionales , el aumento del capital de los bancos a fin de fortalecerlos, en concordancia con la llamada norma de Basilea 3 desarrollada en 2010-2011 que especifica nuevos y más estrictos estándares sobre capital, liquidez y apalancamiento de los bancos, el incremento de la supervisión sobre las entidades financieras, la mejora de su gobernanza, el control de las remuneraciones de sus principales ejecutivos, y una protección más adecuada del consumidor financiero.
Dicho desarrollo regulatorio incidirá en la manera en que se desarrollen las actividades financieras y, por lo tanto, en el orden financiero mundial. Ciertamente ha sido resistido por los bancos aunque sin mucho éxito dada la enorme presión pública sobre los legisladores para establecer una normatividad que evite futuras inestabilidades en el sector financiero. Tal resistencia tiene que ver con las limitaciones que las entidades financieras tendrán que afrontar en el desarrollo de sus negocios así como por los costos que la nueva regulación implica. Ello llevará, seguramente, a una reconsideración de las dimensiones de los bancos, a la reducción de sus actividades internacionales y al relativo abandono del modelo de banca múltiple y, por lo tanto, a una mayor especialización en sus actividades.
Crisis y enseñanzas económicas
La crisis mundial ha dejado varias lecciones económicas. Hizo evidente una cuestión importante: lo inadecuado de una política monetaria cautelosa en medio de una gran recesión. A diferencia de la actitud hacia la política monetaria de la Reserva Federal, sumamente expansiva, que fue en últimas lo que evitó la Segunda Gran Depresión mundial, la timidez del Banco Central Europeo para adoptar una política monetaria más expansiva, que permitiera la recuperación de la liquidez y del ingreso de los europeos, es responsable en gran medida de la situación europea actual.
A su vez, más allá de significar una inyección importante de circulante en la economía estadounidense y en el mundo entero, las decisiones de la FED han significado una ruptura notoria con su práctica tradicional de manejar la política monetaria exclusivamente a través de su tasa de interés, práctica muy en boga internacionalmente, en particular en aquellos países que emplean la metodología de la inflación-objetivo para manejar su política monetaria. Así mismo, han recordado a los bancos centrales en todo el mundo que la obtención de una meta de inflación no puede ni debe ser su único objetivo y que la búsqueda del máximo empleo es también una obligación de la política monetaria y del banco central.
Hasta entonces, el supuesto generalmente aceptado, equivocadamente, era que las metas de empleo debían resolverse a partir de la política fiscal a cargo del gobierno y las de inflación a partir de la política monetaria a cargo de un banco central independiente del primero; se suponía que la coordinación implícita en mercados eficientes permitía esa división del trabajo y esa asignación de responsabilidades. Resulta que los mercados, al menos los más importantes como los financieros, no son siempre eficientes pues por la existencia de fallas de mercado como la información asimétrica funcionan en competencia imperfecta que permite a los ofertantes obtener rentas a costa de los demandantes. Resulta también que dadas las actuales limitaciones políticas o de endeudamiento en Estados Unidos y Europa, las políticas fiscales parecerían haber llegado al límite de sus posibilidades.
La crisis ha hecho también explícita las dificultades en la Eurozona de una unión monetaria y una consecuente tasa de cambio única entre países con diferentes niveles de productividad. Esa disparidad era compensada antaño mediante monedas y tasas de cambio diversas, y ayudas comunitarias. El euro las sustituyó por una paridad común frente al resto del mundo y las ayudas se diluyeron.
Esa paridad cambiaria única es determinada por los países con mayores exportaciones y mayor productividad, Alemania y Francia. De tal modo, los otros países acabaron teniendo un tasa de cambio común no competitiva para ellos que les resta competitividad internacional en forma notoria. La situación es asimilable a regiones de un mismo país o a localidades dentro de una misma ciudad con productividades diferenciadas que de hecho hacen parte de una zona monetaria común: la tasa de cambio común no es competitiva para las regiones de menor productividad.
El euro y la consiguiente tasa de cambio única, no competitiva para la mayoría de los países del Mediterráneo con menor productividad, sin otro tipo de transferencias de ingresos congeló también la estructura productiva: Alemania y Francia en bienes manufacturados de alto valor agregado; Grecia, España, Portugal, Irlanda, en menor grado Italia con mayor tradición manufacturera, en turismo con poco valor agregado. De hecho la moneda única hace lo mismo con regiones y localidades dentro de un mismo país o de una misma ciudad.
Los países de la Eurozona con menor productividad, con una tasa de cambio común sólo podrán conseguir aumentar sus productividades si las construyen como antaño: vía fondos europeos comunitarios financiados por los países ricos del norte, migración sur-norte para ofrecer mano de obra barata en el Norte y menor presión laboral en el Sur, lo que implica más cooperación y menos préstamos porque la elevación de la productividad depende de la acumulación de los stocks de capital y de conocimiento, de la producción de bienes con mayor valor agregado y de la construcción de economías de escala. Tal solución es sin duda asimilable para las regiones atrasadas de un mismo país o las localidades menos desarrollas dentro de una ciudad.
Realidades en crisis, ideas en revisión
Lo que la Gran Recesión 2008-2009 y su prolongación ha puesto también en evidencia es la falencia de las teorías macroeconómicas dominantes en los medios académicos. Pareciera que fueron elaborados sólo para justificar la exclusión del Estado en la economía e incluso para demostrar la inutilidad de la política económica.
Teorías como la neutralidad del dinero, de las expectativas racionales, del ciclo real de los negocios o la cuantitativa del dinero, temas de los textos macroeconómicos actuales, fueron incapaces de prever, analizar y proponer soluciones a la Gran Recesión y sus secuelas. Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, lo sentenció en una conferencia reciente en la London School of Economics: “la mayor parte de los trabajos en macroeconomía en los últimos 30 años han sido inútiles en el mejor de los casos o han hecho mucho daño en el peor”.
¿Por qué fallaron dichas teorías? En gran medida por los supuestos irreales de sus modelos, muchos de ellos matemáticamente complejos que sólo sirven para auto explicarse, formalmente elegantes pero con poco arraigo en la realidad, visiones agregadas que desconocen la existencia de los mercados, sus particularidades y sus fallas.
La neutralidad del dinero supone que cambios en los medios de pago no tienen efectos en las variables reales (PIB, empleo, inversión) y que solo se trasladan a precios. Esa consideración es irreal: las variaciones de las tasas de interés del banco central, que buscan modificar la masa monetaria, acaban afectando la tasa de cambio y, con ello, la competitividad del sector transable y, por tanto, sus niveles de producción e inversión.
La teoría de las expectativas racionales supone que para decidir su comportamiento los agentes en vez de mirar al pasado (expectativas adaptativas) miran al futuro con la información que disponen. Así, se supone que los agentes hacen predicciones del futuro sistemáticamente correctas y que las desviaciones entre la previsión y la realidad son resultado del azar. La consecuencia de esta teoría es que como los agentes pueden prever lo que el gobierno hará, acaban contrarrestando sus políticas, de modo que la mejor política es la “no política”.
Sin embargo, el futuro es incierto y es imposible predecirlo sistemáticamente, así las expectativas no pueden ser “racionales.” A su vez, los equilibrios económicos pueden ser múltiples lo que contradice su supuesto de equilibrio único. Más aún, es obvio que la crisis no fue prevista racionalmente; si fuera así se habría evitado.
La teoría del ciclo real de los negocios considera los ciclos de crecimiento y recesión como respuestas eficientes a cambios exógenos, reflejando la maximización de utilidades de los agentes económicos. Por esa razón, el gobierno no debe intervenir pues alejaría a la economía de su trayectoria eficiente. Pero si los gobiernos no hubieran intervenido, la Gran Recesión se hubiera convertido en gran depresión; es obvio que no fue prevista por estos modelos.
La teoría cuantitativa del dinero, aunque simple y de muy vieja data, pero usada con profusión en los últimos tiempos para justificar casi todas las políticas monetarias restrictivas, establece una relación entre el dinero, la velocidad con que circula y el volumen de transacciones de bienes a un cierto nivel de precios. Así, si esa velocidad es constante y la cantidad de bienes está dada, toda expansión monetaria genera inflación.
Pero si esta teoría fuera cierta no habría como explicar que entre el 2000 y 2010, según datos del Banco Mundial, como se mencionó, mientras que en China los medios de pago aumentaron de 124.1% del PIB a 166.5% y en Colombia de 25.2% a 35.8%, la inflación promedio anual en China fue 2.2% y en Colombia 5.6%, y mientras que China creció 9.8% per cápita promedio anual, Colombia creció 2.5%. Sucede que el dinero en el mundo moderno no se limita sólo al efectivo, la velocidad no es constante y en economías abiertas la oferta doméstica puede completarse con importaciones.
En ese contexto es más aparente porqué ocurrió la Gran recesión: Amparados en dichas teorías y en una ideología anti-Estado, como se señaló, se cometieron graves errores de política económica. No es difícil entender porque esas políticas fueran alabadas por los enfoques ideológicos y académicos prevalecientes: respondían a ellos. Hoy son responsabilizados por la Gran Recesión. Paradójicamente fue el keynesianismo que cuestionaban, lo que evitó que se convirtiera en otra Gran Depresión, pero la timidez con que se actuó y se sigue actuando debido a las secuelas del pensamiento dominante impidió su solución plena.
Felizmente, los enfoques neo-conservadores están siendo superados, por lo menos por ahora. Seguramente tratarán de recuperar su importancia y preminencia, entre otras cosas porque es difícil aceptar en forma resignada la pérdida de rentas, por más que sean derivadas de ineficiencias, es decir las ganancias derivadas de situaciones de competencia imperfecta en los mercados, el “rentismo” que defienden en forma implícita. El pretexto es la libertad plena de los agentes ofertantes sin considerar que, por la naturaleza de las cosas, es imposible eliminar todas las fallas de mercado y que, por lo tanto, deben ser regulados, como la teoría económica reclama.
La consecuente revisión de la teoría macroeconómica y de la política económica debería conducir a una visión más pragmática del rol del Estado, al mejor entendimiento de los mercados principales, su interrelación, la competencia en ellos, la forma de regular sus fallas, la manera en que responden a las políticas y, así, a una visión desagregada y de equilibrio general de la economía. Las visiones de equilibrio parcial, es decir de mercados aislados, y las agregadas de la macroeconomía, que pueden permitir una visión general de los problemas, son inadecuadas por insuficientes para entender en profundidad el comportamiento de la economía y de posibilitar la solución a sus problemas.
Debería conducir también a una revalorización, a una consideración importante en el análisis económico, de la economía política existente, es decir los roles de los agentes y su relación con el poder que pueden ejercer en la definición de la política. Sólo así se podrá distinguir entre lo que es posible y lo que es deseable hacer y, así, identificar cuales son las principales trabas para el desarrollo. No puede perderse de vista que toda decisión económica es siempre y en últimas una decisión política que, por lo tanto, responde a intereses diversos y que en su definición siempre está presente un confronte ético: a quien se beneficia y a quien se perjudica.
Los retos para la política económica
La crisis debería inducir en América Latina una nueva política económica, monetaria, fiscal y de regulación, que transforme la estructura productiva haciéndola menos dependiente de la producción de materias primas y, en todo caso, basada en la transformación de las mismas, para lo cual debe rentabilizarla. Esa nueva política económica, cuyo propósito último debe ser mejorar el bienestar de las personas, es decir reducir la pobreza y la desigualdad, de otro modo carece de sentido, debe considerar como objetivos: 1) crecimiento económico elevado y sostenido, 2) estabilidad relativa de los precios, al estilo asiático por ejemplo, pero también 3) equidad en la distribución del ingreso, al estilo nórdico; lo que viene llamándose recientemente crecimiento con inclusión social.
Para ello debe superar tres desventajas que restan competitividad a la producción de bienes manufacturados y servicios transables internacionalmente y reducen la posibilidad de exportarlos o de sustituir importaciones: 1) tasas de interés activas elevadas, superiores a las internacionales, que no sólo reducen las oportunidades de inversión sino que elevan los costos de las empresas; 2) tasa de cambio revaluada con respecto a la que enfrentan los productores de otros países, que agrava aún más la falta de competitividad internacional; y 3) impuestos elevados con respecto a los internacionales que disminuyen la rentabilidad, y que algunos productores logran reducir con exenciones, por cierto inequitativas.
Esas desventajas parecen derivarse de la noción de que el control de la inflación es la meta económica suprema, superior a la competitividad de los sectores transables. No se advierte que una mayor competitividad se traduce en acceso a nuevos y mayores mercados y, por tanto, en mayores ventas, mayor producción, más empleo y autoempleo de alta productividad, y más equidad. Se piensa que el único instrumento válido para lograr una mayor competitividad es aumentar la productividad de factores e insumos de producción cuando ésta es, fundamentalmente, el resultado del crecimiento económico y del desarrollo de las instituciones económicas, y en el mejor de los casos, no logra crecer más de 3% o 4% al año.
De tal modo, entre quienes deciden la política económica en América Latina persiste un falso dilema: baja inflación o competitividad. E insisten en reducir la inflación con restricciones monetarias que se traducen en pérdidas de competitividad. Debido a una apreciación errada del funcionamiento de la economía, a una visión agregada que no diferencia el comportamiento de los diferentes mercados y sus interacciones, en particular entre los mercados de bienes y servicios transables y los mercados cambiario y crediticio, se pierde de vista que una combinación adecuada de políticas puede lograr ambas metas.
La superación de las desventajas competitivas para la producción de bienes transables resulta particularmente crucial en el caso colombiano en el contexto de los acuerdos de paz que se están negociando para poner fin a un conflicto armado que dura alrededor de 50 años. Si bien la negociación enfrenta una serie de obstáculos de índoles política y legal, serán resueltos si existe voluntad política. Más complicado será el tema del posconflicto y la desmovilización de varios cientos de personas, tanto de las fuerzas armadas como de la insurgencia. Ciertamente será progresiva en el caso de las primeras pero, tarde o temprano, los involucrados deberán asumir alguna nueva actividad.
La mayor parte de dichos desmovilizados son de origen campesino de tal modo que sería natural que volvieran al campo y a las actividades agropecuarias; otros se ubicarán en el área urbana constituyendo pequeñas empresas y microempresas. No es sólo cuestión de capacitarlos y proporcionarles un capital inicial para su nueva actividad. Si estas actividades no son rentabilizadas y no producen un ingreso decoroso no los retendrá y podrían, dado que han forjado un modus vivendi no fácilmente superable, volver al uso de las armas y constituir bandas criminales, las llamadas “bacrim” con los ex paramilitares colombianos o las “maras” con los ex guerrilleros y ex soldados en Centroamérica, con las indeseables consecuencias de crimen y violencia.
Esa nueva política económica reclama: 1) una nueva política fiscal que retorne a su utilización como mecanismo distributivo, a la progresividad de los impuestos, a los impuestos directos como base del recaudo, con tasas menores pero de aplicación sin excepciones, y a un gasto fiscal que haga posible construir la infraestructura económica que requiere el desarrollo económico y social, y que proporcione los bienes públicos que la población necesita y demanda, 2) una nueva política monetaria, menos restrictiva, que dé liquidez y crédito adecuados a una producción y unas transacciones crecientes, y mantenga la tasa de interés baja y la tasa de cambio devaluada, y 3) una nueva política de regulación que haga que los mercados de servicios funcionen en competencia plena, en particular los mercados de crédito y de comunicaciones, eliminando la opacidad de los precios, la “fidelidad” forzosa de los consumidores con los proveedores y reduciendo las asimetrías de información.
En el fondo se trata de desarrollar la economía de mercado, es decir de crear instituciones económicas modernas y de eliminar el rentismo de los ofertantes dominantes en muchos de los mercados importantes de la economía, quienes aprovechando las fallas existentes en dichos mercados, definen precios por encima del equilibrio en competencia plena y, así, generan traslados de ingresos de sectores que dan utilidades reducidas o pérdidas hacia sus sectores que dan utilidades excesivas.
No debe olvidarse que la economía de mercado y la ciencia económica son el resultado de propuestas como la de David Ricardo quien en el siglo XVIII desarrolló la teoría de las ventajas comparativas para combatir el rentismo de los grandes hacendados ingleses que habían hecho aprobar la Ley de Granos para impedir las importaciones del continente a fin de mantener precios elevados para sus productos agrícolas , como la de León Walras, padre del análisis económico en equilibrio general, que en el siglo XIX defendió el derecho a la propiedad privada pero proclamó la necesidad de estatizar los monopolios naturales y las tierras a fin de eliminar el rentismo de monopolistas y latifundistas, o como la de John Maynard Keynes quien en el siglo XX consideraba que “la propiedad de los medios de producción (no era) la que le convenía al Estado asumir” pero que proclamaba “la eutanasia del rentista, del inversionista que no tiene ninguna misión” para lo cual había que “lograr un aumento en el volumen de capital hasta que deje de ser escaso, de manera que el inversionista sin funciones no reciba ya remuneración alguna.”
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
