El fin de un autócrata. Para que no se repita

César Ferrari, Ph.d.

Publicado en Razón Pública, editado en Bogotá, el 20/04/2009

El Perú de Fujimori, o una historia de lucha contra el terrorismo, buen crecimiento de la economía y dos reelecciones sucesivas que acabaron muy mal.

Una larga cadena de crímenes

Alberto Fujimori Fujimori, Presidente del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 19 de noviembre de 2000, acaba de ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Un Tribunal especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú lo encontró responsable, como autor intelectual, de asesinatos con alevosía, secuestros agravados y lesiones personales.

Esos hechos corresponden a dos matanzas perpetradas por el Grupo Colina, un comando conjunto del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano y del Servicio de Inteligencia Nacional. La primera fue una matanza de pobladores inocentes que se encontraban en una fiesta; la otra fue de estudiantes inocentes de la Universidad La Cantuta. Los secuestros fueron el de un periodista y el de un empresario.

No fue la primera condena de Fujimori, ni fueron esos sus únicos crímenes. La Corte Suprema ya lo había sentenciado a 6 años de cárcel por “usurpación de funciones y allanamiento ilegal“: casi al final de su mandato, Fujimori había obligado a uno de sus edecanes a actuar como fiscal en su búsqueda infructuosa de Vladimiro Montesinos. Montesinos, quien fuera su mano derecha en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) está igualmente sentenciado y purga condena por varias decenas de años por crímenes relacionados con su gestión en apoyo a Fujimori.

Tampoco será la última condena. En estos días se inicia un juicio por “malversación de fondos públicos” por 15 millones de dólares que sirvieron para “indemnizar” ilegalmente a Montesinos, por sus casi diez años de servicio a Fujimori. El “retiro” de Montesinos se produjo poco antes de su huida a Panamá, cuando el régimen estaba por colapsar. El Ministro y el Viceministro de Hacienda de la época ya fueron condenados a varios años de cárcel por esta malversación.

Le seguirán otros juicios y, seguramente, otras sentencias por “cohecho“, “corrupción de funcionarios“ y “malversación de fondos públicos“. Las evidencias sobre estos delitos se encuentran nada menos que en los famosos “vladivideos“, las grabaciones secretas que hacía Montesinos para mostrarle a su jefe que los correspondientes políticos, militares, funcionarios y empresarios -la crema y nata de la sociedad gobernante - habían sido convenientemente “convencidos” y quedaban a disposición del régimen. Casi todos los receptores de tales cohechos ya han sido condenados, purgan penas de cárcel y los dineros mal habidos han sido repatriados de cuentas en Suiza y otros lugares. Para poder juzgar a Fujimori por estos delitos, la Procuraduría peruana está cursando los correspondientes cuadernos de extradición a Chile.

Un presidente popular, autoritario y reelegido

Fujimori fue elegido democráticamente en marzo de 1990: le ganó en segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa, entonces candidato de la derecha peruana. Su gobierno se inició con un shock económico radical, más radical aún que el que su contrincante había anunciado con cierta ingenuidad. El shock buscaba equilibrar de una manera inmediata y contundente las cuentas macroeconómicas que el gobierno del Presidente Alan García había dejado en completo desorden.

En pocas palabras, la política expansiva de García, aplicada en medio de una casi paralización de inversiones privadas por su intento de nacionalizar la banca y por una crisis mundial que había hecho caer significativamente el precio de las exportaciones peruanas, causó una mezcla de hiperinflación y recesión sin precedentes en la historia del país. Como era de esperarse, el ajuste de Fujimori sirvió para controlar la inflación pero implicó un costo social inmenso y un gran aumento en la concentración del ingreso - problema éste que la economía peruana no ha logrado superar hasta la fecha.

El 5 de abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso con la excusa de que éste se había negado a aprobar unos decretos legislativos antiterroristas que sin embargo violaban la Constitución. El Presidente suspendió la vigencia de la Carta y destituyó a las cabezas del Poder Judicial y de los órganos de control: Tribunal de Garantías Constitucionales, Consejo Nacional de la Magistratura, Contraloría General de la República y Fiscalía de la Nación - a quienes, en preparación del golpe, había venido acusado de corruptos e ineficaces. El golpe de estado se produjo tras la destitución de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y con el apoyo de los reemplazos que Fujimori había designado con la asesoría de Montesinos.

Por presión de los países americanos, el gobierno de facto convocó una Asamblea Constituyente que fue elegida el 22 de noviembre de 1992; la nueva Constitución, elaborada durante 1993 a la conveniencia de Fujimori y vigente desde el 1 de enero de 1994, instituyó la reelección presidencial y el Congreso unicameral.

En abril de 1994 Fujimori se divorció de su esposa Susana Higuchi, quien lo acusó de torturas y secuestro. En las elecciones de abril de 1995, la Señora Higuchi intentó postularse al Congreso, pero su inscripción fue invalidada por el poder electoral - y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que sus derechos habían sido violados. En 2000 Higuchi fue elegida en una lista de la oposición.

En abril de 1995, en el marco de la nueva Constitución, en el pico de su popularidad, con casi dos terceras partes del voto popular, Fujimori ganó su reelección y una amplia mayoría en el nuevo Congreso. La inauguración fue el 28 de julio de 1995. Uno de los primeros actos del nuevo legislativo fue declarar amnistía para los militares y policías acusados o convictos de abusos contra los derechos humanos entre 1980 y 1995.

Fujimori ¿acabó el terrorismo?

La gestión de Fujimori se identifica como una lucha sin cuartel y exitosa contra los grupos y la violencia terroristas. En ese contexto se inscribe su presunto “gran éxito”: la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por la policía de la Dirección Nacional de Lucha contra el Terrorismo (DINCOTE) el 12 de septiembre de 1992 en Lima. Guzmán fue sentenciado de inmediato por una corte militar de jueces encapuchados, pero el proceso fue declarado nulo y el 13 de octubre de 2006, luego de un nuevo juicio, fue condenado a cadena perpetua por “terrorismo agravado”. Actualmente se encuentra en una cárcel en El Callao y sus vecinos de celda incluyen a Victor Polay, líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y a Vladimiro Montesinos.

Sin embargo, la captura de Guzmán y las derrotas de Sendero Luminoso y del MRTA deben atribuirse en justicia a cuatro factores: (1) A las labores de inteligencia de la policía peruana; (2) A la propia estructura vertical de Sendero Luminoso que a la caída del líder lo condujo al desmoronamiento inevitable e inmediato; (3) A la presión del Ejército en las áreas rurales, que a partir de fines de 1990 obligó a los jefes senderistas a mudarse a las ciudades, donde era más sencillo hacerles seguimiento, y (4) A las Rondas Campesinas, organizaciones de autodefensa compuestas por vecinos abrumados por los abusos de Sendero Luminoso, a quienes la reforma agraria de los años sesenta había convertido en propietarios que por lo mismo tenían razones para pelear por sus tierras sin recurrir a ejércitos mercenarios.

Más aún, la capacidad de la Policía Nacional para realizar buenas investigaciones se remontaba al gobierno de Alan García con la creación, el 5 de marzo de 1990, del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) dentro de la DINCOTE. De hecho, antes de Guzmán, la Policía había capturado a Peter Cárdenas Schultz, uno de los jefes del MRTA en abril de 1992 y a Victor Polay, máximo líder del MRTA, en junio del mismo año.

A la fecha de aquellas capturas, el comandante de la DINCOTE era el General Ketín Vidal, quien fue destituido en diciembre de 1992 para evitar su figuración y para que Fujimori pudiera quedarse con las palmas por la caída de Guzmán. Años más tarde, en lo que sería considerado como un gesto de desagravio, Vidal fue designado Ministro del Interior en el Gobierno de Transición del Presidente Valentín Paniagua; en esta calidad capturó a Vladimiro Montesinos, para entonces fugitivo de la justicia peruana, en Venezuela en 2001.

El conflicto interno peruano entre 1980 y el 2000 produjo, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 70 mil personas asesinadas. La mayoría fueron civiles provenientes de las zonas rurales y más pobres del país. Los terroristas de Sendero Luminoso y, en menor grado, del MRTA al atacar deliberadamente a los civiles y a la infraestructura del país, dando lugar a una respuesta militar radical, muchas veces sin consideraciones legales ni de derechos humanos, convirtieron a dicho periodo en el más sangriento de la historia peruana.

Fujimori ¿Un milagro económico?

El segundo éxito que se atribuye a Fujimori es económico. Su gestión fue exaltada por los organismos internacionales en tanto ella respondió plenamente a los postulados del llamado “Consenso de Washington“: apertura y liberalización de los mercados, privatización de las empresas estatales, control del gasto público, atracción de la inversión extranjera. Al estilo que Augusto Pinochet había iniciado años atrás en Chile, Fujimori fue pues neo liberal en lo económico pero autoritario y represivo en lo político - sin encontrar en ello ningún problema conceptual ni práctico-.

Pasados los primeros años de gobierno, que coincidieron con las dificultades propias de superar los desequilibrios de la época de García, el crecimiento económico se aceleró y la inflación descendió de un astronómico 6.836,9% en 1990 (en parte por el ajuste de precios de los productos básicos a inicios de su gobierno), a 12,9% en 1995 y a 3,9% en 2000.

Sin embargo, el crecimiento acelerado duró hasta 1997. Terminó con el arribo a América Latina y, en particular, al Perú, de los efectos de la crisis asiática. Con la crisis internacional traducida en crisis nacional por la caída notable de los precios de las exportaciones peruanas y de los flujos de capitales, el PIB peruano pasó de crecer 12,8% en 1994, 8,6% en 1995, 2,5% en 1996 y 6,9% en 1997 a -0,7% en 1998 y 0,9% en 1999.

La crisis asiática había comenzado el 2 de julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa a la cual sucedieron las de las monedas nacionales de Malasia, Indonesia y Filipinas y más adelante de las de Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Como sucedió en toda América Latina, la recesión de los años 1998 y 1999 fue una consecuencia clara del ciclo internacional en declive, así como los años previos de bonanza habían sido consecuencia del ciclo internacional de auge … Igual que había ocurrido 10 años antes y como viene ocurriendo 10 años después.

La segunda reelección

Con la crisis económica, la mayoría de los peruanos que habían visto en Fujimori al caudillo irremplazable que los había “salvado del terrorismo y del desastre económico“, comenzó a exigir remedios para sus decrecientes niveles de consumo. Pero el líder ya no estaba en capacidad de atenderlos.

Aún así, su propio apego al poder y sus más cercanos colaboradores forzaron una segunda reelección. Para ello tenían que superar el escollo derivado de una norma de la nueva Constitución que establecía la reelección por una única vez- y Fujimori ya había sido reelegido en 1995. Así que el 23 de septiembre de 1996 las mayorías fujimoristas aprobaron lo que llamaron Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución: como la elección inicial de Fujimori se había dado en el marco de la Constitución anterior, ese primer período no contaba y la segunda reelección en realidad venía a ser la primera. Como era su costumbre, Fujimori mandó mensajes ambiguos sobre su candidatura hasta el último momento, y sólo la hizo oficial a fines de 1999 y a pocos meses de las elecciones.

En ese contexto, varios líderes empresariales y algunos de sus partidarios, entre los que destaca Carlos Ferrero (quien años después fuera Primer Ministro en el gobierno de Alejandro Toledo) comenzaron a desentenderse de Fujimori. Ferrero, que se había distinguido por su independencia cuando pertenecía a la bancada fujimorista, renunció a ella cuando Fujimori oficializó su intención de postularse para un tercer mandato.

Con todo y eso, el 28 de julio de 2000 Alberto Fujimori fue reelegido una vez más Presidente del Perú. Pero ganó en segunda vuelta, por mayoría precaria, después de que Alejandro Toledo retirara su candidatura con denuncias de fraude, y no sin que los observadores internacionales protestaran por la falta de garantías electorales.

La caída

El 14 de septiembre de 2000 comenzaron a filtrarse a la televisión los famosos “vladivideos” que mostraban la corrupción profunda y extendida del régimen. El primer video mostraba el soborno de Alex Kouri, un líder parlamentario de la supuesta oposición quien, a cambio de los 50 mil dólares en efectivo que le estaba entregando Montesinos, se declaraba dispuesto a pasarse a las filas del fujimorismo. A este video le sucedieron otros igualmente escandalosos, y aún a esta fecha la población peruana no ha logrado verlos todos.

No se conoce aún quien filtró aquellos videos. Es razonable pensar que fueron militares o agentes de los servicios de inteligencia; para aquellas fechas era conocida su inconformidad - y la de muchos empresarios- con la prolongación del gobierno fujimorista: dado el creciente descontento popular, ella podría causar una notoria convulsión social y, por lo tanto, un mal clima para la gobernabilidad y las inversiones.

Una crisis económica importante casi irremediablemente conduce a una crisis social y, ésta - si las condiciones son propicias- a una crisis política en cabeza del Presidente. Sucedió así en la Argentina con la caída del gobierno de Fernando de La Rúa y en Perú con Alberto Fujimori. Con la crisis económica, social y política reforzándose mutuamente, la situación de Fujimori era insostenible. Esto se hizo patente al filtrarse la noticia de que los militares no estaban dispuestos a seguir apoyándolo ni protegiéndolo: con los excesos a los que los había sometido, el Presidente había acabado por perder su autoridad sobre ellos.

Cuatro meses después de su reelección, el 13 de noviembre de 2000 y con el pretexto de asistir a una reunión del Foro de Cooperación Asia Pacífico en Brunei, Alberto Fujimori huyó de su país para refugiarse en el Japón. El 19 de noviembre renunció por fax ante el Congreso pero su renuncia no fue aceptada: fue destituido por incapacidad moral permanente y le fue prohibido ejercer cargos públicos por diez años.

Ante la renuncia (forzada) de los dos vice presidentes de Fujimori, el 21 de noviembre de 2000 Valentín Paniagua, Presidente del Congreso, fue designado por éste como ”Presidente de Transición“, con el encargo de convocar a nuevas elecciones en abril de 2001. En ellas triunfó Alejandro Toledo, quien tomó posesión el 28 de julio 2001.

La ilusión de regresar

Personajes como Fujimori se consideran a sí mismos omnisapientes y omnipotentes; también quisieran ser omnipresentes, pero este don - más fácil de comprobar- aún les es negado.

Al abandonar su refugio japonés e intentar su regreso al Perú, Fujimori seguramente pensó que los peruanos saludarían su retorno triunfal y aclamarían su presencia redentora. Pensó también que las autoridades chilenas lo protegerían, pero fue detenido al día siguiente de su arribo a Santiago procedente de Tokio, el 7 de noviembre de 2005. Pensó que tenía reconocimiento universal y por eso, durante su detención en Chile, decidió valerse de la doble nacionalidad para presentarse como candidato al Senado Japonés por un partido de extrema derecha, lo que acabó en completo fracaso.

Pensó que las mayorías se aglomerarían en la frontera peruano-chilena para recibirlo en olor de santidad y para transportarlo en andas hasta Lima. Pero tales mayorías no existen. Si existieran no hubiera sido posibles su detención ni su extradición al Perú, aprobada ésta el 22 de septiembre de 2007 por la Corte Suprema de Chile y por razones de fondo: por cinco cargos de corrupción y dos cargos de violación de los derechos humanos. Menos factibles aún hubieran sido sus condenas y su encarcelamiento en el Perú. Sus mayorías lo habrían protegido y hasta tal vez habrían linchado a sus jueces y fiscales.

Sin duda existen los incondicionales de Fujimori, los que sacaron provecho personal de su régimen, algunos pocos que aún creen en mesías u otros "pragmáticos" que están dispuestos a apoyar a quien sostiene que derrotó al terrorismo, así haya sido al precio de vidas inocentes y de la corrupción más honda.

Pero todos ellos son sólo la minoría de los peruanos, que a la fecha suman 27,9 millones. Esa minoría incluye a las 500 personas que marcharon en protesta contra la sentencia a 25 años, y alcanza a hacer que la hija de Fujimori, Keiko, encabece las encuestas con un 21,5% de las preferencias [1], pero sin posibilidad real de alcanzar la Presidencia del Perú: más del setenta por cierto de los peruanos rechaza tajantemente a Fujimori y a su heredera política. Igual le pasó a Carlos Menen en la Argentina cuando pretendió regresar al poder en el 2000.

El balance y la lección

En la historia del Perú, el régimen de Alberto Fujimori sin duda representa el período de más grande y extendida corrupción. La mayoría de sus delitos no fueron sólo crímenes individuales sino crímenes de Estado, incluyendo asesinatos y secuestros. No fue sólo corrupción, dineros mal habidos y uso indebido de fondos públicos. Comprometió en todo tipo de ilícitos a gran parte de la clase dirigente, y con ello destrozó las instituciones y organizaciones del país. En palabras de Henry Pease García, politólogo quien fuera Presidente del Congreso bajo el gobierno de Alejandro Toledo, durante la gestión de Fujimori el Estado peruano devino un “Estado mafioso“. A la luz de los hechos, el lema de la primera campaña presidencial de Fujimori, “Honradez, Tecnología y Trabajo“, queda para la historia como una certificación de lo que un político es capaz de prometer y no cumplir.

A pesar de los éxitos económicos de los últimos años, hoy es difícil gobernar al Perú, más aún cuando dichos logros comienzan a desdibujarse a consecuencia de la crisis mundial. En 2007 el país creció 9% con una inflación de 3,9%. Sin embargo, en esos meses, un paro agrario bloqueó las carreteras, Moquegua y Cusco fueron paralizados, la Amazonía también protestó airadamente, y estas protestas se sumaron las de mineros, maestros, médicos, docentes universitarios y poder judicial.

Llama la atención que un país que desde hace años ha crecido rápidamente y con baja inflación también presente un cuadro social sumamente convulsionado. Imposible que pocos agitadores causen semejante situación. La pobreza y la inequidad ayudan a entenderla. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 31% de la población urbana peruana es pobre y en las zonas rurales la pobreza alcanza al 69% de la población.

Pero la convulsión social ocurre también porque, por causa de Fujimori, los peruanos vieron desfilar ante sus ojos, en un drama de corrupción inacabable, a los principales líderes de las principales fuerzas y organizaciones. Por eso nadie cree en nadie o en casi nadie. Y esta una de las peores herencias de la autocracia fujimorista: la destrucción de las instituciones. Tomará tiempo reconstruirlas.

Y el mundo debe conocer esta historia para que no se repita.

Nota de pie de página
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[1] Según la encuesta de La Compañía Peruana de Investigación, Estudios de Mercados y Opinión Pública publicada el 16 de abril de 2009.